Comienza a funcionar en Madrid la oficina para atender a víctimas y familiares de los accidentes ferroviarios de Adamuz

Personas afectadas por los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba, y Gélida, en Barcelona, tienen acceso a un procedimiento centralizado para gestionar las compensaciones económicas aprobadas por el Gobierno de España. Según publicó la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado remitido a familiares de fallecidos, los recursos contemplan atención presencial, telefónica y digital para asegurar que las víctimas y sus allegados reciban el acompañamiento necesario en las gestiones ante la Administración General del Estado. La noticia principal es la habilitación de una oficina integral en Madrid y en otras demarcaciones del país, que centraliza consultas, respaldo personalizado y trámites de indemnización en el marco del Real Decreto-ley aprobado para esta situación excepcional.

La Delegación del Gobierno informó mediante carta a los familiares residentes en Madrid sobre el funcionamiento de esta oficina, que tiene su sede en la calle García de Paredes, 65. El servicio está disponible para todas las personas perjudicadas y familiares de las víctimas de ambos siniestros ferroviarios, permitiendo la atención tanto en la propia sede como a través del número telefónico 912729134 y mediante correo electrónico en la dirección oficinaintegral.madrid@correo.gob.es. Según detalló el organismo, en los casos en que la movilidad represente un obstáculo, el programa ‘Administración cerca de ti’ contempla el desplazamiento de personal asistencial hasta el domicilio o ubicación del solicitante. Asimismo, se estableció que cada usuario será atendido por el mismo responsable en todo el proceso, con la finalidad de garantizar una gestión individualizada que tenga en cuenta la situación específica de cada persona afectada.

De acuerdo con la información difundida por la Delegación, otras oficinas similares han comenzado a operar tanto en Andalucía como en distintas subdelegaciones del Gobierno en comunidades autónomas donde existan víctimas y familiares que necesiten este tipo de atención. Esta descentralización pretende evitar desplazamientos innecesarios y ofrecer cercanía a los damnificados residentes fuera de las zonas directamente afectadas por los accidentes.

El real decreto-ley 1/2026, del 27 de enero, establece el marco legal para que el Gobierno destine un total de 20 millones de euros en ayudas extraordinarias para quienes han sufrido pérdidas o lesiones en estos accidentes ferroviarios. Según explicó la Delegación del Gobierno, la mitad de estos fondos, es decir, 10 millones de euros, corresponde a ayudas directas e inmediatas, mientras que los restantes 10 millones sirven como anticipo del pago de seguros de responsabilidad civil. Estos mecanismos buscan acelerar la entrega de recursos y reducir los tiempos de espera habituales de los procedimientos ordinarios de aseguradoras.

El medio está exento de necesidad de tributación, según detalló la Delegación, de manera que los beneficiarios recibirán la totalidad de las ayudas correspondientes tanto en concepto de compensación directa como de adelanto de seguros. Las sumas asignadas por cada persona fallecida ascienden a más de 72.000 euros, que se entregarán en un solo pago. Las personas que hayan sufrido lesiones recibirán entre 2.400 euros, para los casos de menor entidad, y más de 84.000 euros, en las situaciones catalogadas como de máxima gravedad; los adelantos a cobrar por seguro tendrán el mismo monto respectivo según la categoría de la lesión.

La Delegación del Gobierno de España subrayó que estas ayudas extraordinarias se suman a los dispositivos ya establecidos en la normativa vigente, integrándose como apoyo complementario a las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil y a otros mecanismos legales existentes en materia de accidentes ferroviarios. El objetivo reside en cubrir con rapidez las necesidades inmediatas de los damnificados y facilitarles el acceso a recursos económicos sin las demoras propias de la adjudicación de responsabilidades civiles finales. Todas las medidas extraordinarias introducidas para los afectados mantendrán compatibilidad con el seguro obligatorio y demás coberturas legales, sin que esto reduzca las cantidades a entregar ni implique doble tributación, de acuerdo con lo comunicado por la Delegación.

Por otro lado, el comunicado recogido por la prensa especifica que el Gobierno de España prevé iniciar procesos para modificar la normativa y consolidar de manera permanente la posibilidad de anticipar pagos de indemnizaciones en caso de siniestros ocurridos en transportes colectivos. Según reportó la Delegación del Gobierno, la intención es dotar a la legislación española de un sistema estable que permita agilizar los trámites de ayudas directas, adelantando la cobertura económica para los afectados a la espera de la resolución definitiva sobre las responsabilidades civiles.

El programa de atención a víctimas y familiares incluye también un acompañamiento administrativo personalizado, que asiste en la presentación de solicitudes y la cumplimentación de los documentos requeridos. La Delegación informó que estas acciones buscan centralizar las gestiones ante los organismos públicos, para que los solicitantes eviten múltiples trámites y reciban orientación desde un solo punto de referencia, ya sea en persona, por teléfono o por canales electrónicos.

La puesta en marcha de las oficinas de atención en Madrid y otras regiones responde a la necesidad de brindar respaldo a quienes necesitan tramitar ayudas tras los accidentes de Adamuz y Gelida, asegurando trato individualizado y adaptación a las situaciones familiares. El compromiso con la agilidad en la entrega de indemnizaciones y la reducción de trámites burocráticos figura como uno de los ejes centrales del Real Decreto-ley y de la respuesta gubernamental a estas tragedias, en línea con la información divulgada por la Delegación del Gobierno.