La decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar a juicio al exministro José Luis Ábalos permitirá al Tribunal Supremo juzgarle por las presuntas irregularidades en Transportes en la compra de mascarillas durante la pandemia, aunque el exdirigente socialista renuncie a su acta de diputado del Grupo Mixto.
La Sala de lo Penal del alto tribunal fijó en diciembre de 2014 que "en las causas con aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".
Así las cosas, a raíz de dicho acuerdo, Ábalos será juzgado por el Supremo aunque deje el acta de diputado, toda vez que este jueves el instructor ha dictado el auto de apertura de juicio oral por la presunta trama de mascarillas. Si hubiese dejado el escaño antes, el asunto habría quedado en manos de la Audiencia Nacional, donde ya se investiga otra vertiente del 'caso Koldo'.
El instructor del Supremo ha dado este paso después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos que presentaron Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García contra su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
El instructor acordó el procesamiento al considerar que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la condición del ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".
PENDIENTE DE LA PIEZA SOBRE CONTRATOS PÚBLICOS
Puente ha enviado a juicio a los tres acusados después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En el caso de que Ábalos renunciara a su acta de diputado, tendría efecto solo en dicha pieza separada, ya que la investigación aún sigue abierta. Si dejara el escaño que ocupa en el Grupo Mixto, esta pieza relativa a los presuntos amaños de obra pública quedaría en manos de la Audiencia Nacional.
Aunque Ábalos no ha entregado al acta, esta misma semana la Mesa del Congreso ha acordado por unanimidad suspender sus derechos parlamentarios, una vez confirmado el auto de procesamiento, por lo que ya no podrá recibir retribuciones ni participar en votaciones hasta que se resuelva su situación.
SE ENFRENTA A 30 AÑOS DE PRISIÓN
De cara al juicio por la presunta trama de mascarillas, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre.
Este jueves, además, el magistrado ha acordado mantenerles en prisión provisional, al tiempo que les ha reclamado una fianza de 60.000 euros "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas". Y les ha avisado de que si no presentan dicha cantidad en "cinco días hábiles", "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".
En el caso de Aldama, Puente ha decidido mantenerle también las medidas cautelares que le impuso: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.
En el marco de la resolución, el magistrado ha comunicado a Ábalos, Koldo y Aldama que deberán presentar "en el plazo de diez días" sus escritos de defensas. Y les ha advertido de que si no lo presentan dentro del plazo establecido, "se entenderá que se oponen" a los escritos de las acusaciones y "seguirá su curso el procedimiento".
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