Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado

Entre las principales consecuencias del avance procesal se encuentra la exigencia de una fianza de sesenta mil euros a José Luis Ábalos, quien deberá entregarla en un plazo de cinco días hábiles para evitar el embargo inmediato de sus bienes, una medida también impuesta a su antiguo asesor, Koldo García. Esta obligación financiera se suma a la situación de prisión provisional que afecta tanto al exministro como a García desde el 27 de noviembre en la cárcel de Soto del Real, en cumplimiento de medidas cautelares respaldadas por la Fiscalía y las acusaciones populares. Según detalló el medio fuente, dichas resoluciones judiciales se producen en el marco de la investigación sobre supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para el suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la información publicada, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó que el proceso judicial contra Ábalos continuará en ese alto tribunal, aun si decide renunciar a su acta de diputado. El órgano jurisdiccional estableció que la competencia sobre la causa quedó fijada desde el inicio de la fase oral del procedimiento. Esto implica que la eventual pérdida del aforamiento, si Ábalos dimite como diputado del Congreso, no derivará en un traslado del caso a instancias inferiores, manteniéndose bajo control del Supremo toda la pieza relacionada con las mascarillas.

El Ministerio Público imputa a Ábalos y a sus dos principales colaboradores —su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— delitos de cohecho, organización criminal, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias asociados a la gestión y adjudicación de contratos para la compra de material sanitario al inicio de la crisis sanitaria. Según consignó el medio fuente, los investigadores consideran que estos operaron de manera concertada para obtener beneficios económicos amparados en la urgencia que justificó la adquisición pública durante la emergencia. La Fiscalía ha reclamado una condena de hasta 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y siete años para Aldama; por su parte, el Partido Popular, como acusación popular, solicitó para los dos primeros hasta treinta años de prisión y una sanción equivalente a la exigida por el Ministerio Público en el caso de Aldama.

En el auto de procesamiento dictado por Leopoldo Puente, instructor de la causa, se dispuso además la suspensión inmediata de los derechos parlamentarios de Ábalos, que actualmente forma parte del Grupo Mixto del Congreso tras abandonar el Grupo Socialista. La Mesa del Congreso, en decisión unánime, retiró de manera temporal sus prerrogativas de diputado: perdió el salario y la facultad de votar hasta que la situación judicial se resuelva, según publicó el medio fuente.

Sobre la situación procesal de Víctor de Aldama, el juez le prohibió salir del territorio nacional, le retiró el pasaporte e impuso la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cada quince días. El medio fuente subrayó que estas medidas buscan garantizar la presencia de los investigados en el proceso y minimizar cualquier posibilidad de fuga.

El caso surge de la adjudicación de contratos públicos para comprar mascarillas durante los primeros meses de la pandemia por COVID-19, cuando se gestionaron recursos bajo condiciones excepcionales. Investigaciones posteriores determinaron la existencia de indicios de una supuesta red formada por responsables políticos y empresarios que habrían actuado con el objetivo de lucrarse personalmente aprovechando la situación crítica. Según consignó el medio fuente, la pieza central vinculada al suministro de mascarillas representa solo una de varias líneas de investigación. Existen otras causas separadas centradas en la adjudicación de obras públicas que se encuentran todavía bajo investigación y están condicionadas por la permanencia o salida de Ábalos del Congreso.

En este sentido, el Tribunal Supremo aclaró que su jurisdicción cubrirá únicamente los hechos englobados en la causa principal, de modo que en caso de que Ábalos perdiera la condición de aforado, la Audiencia Nacional pasaría a encargarse de las piezas separadas que estudian posibles irregularidades en otros contratos públicos gestionados durante su mandato ministerial. El medio fuente remarcó que estas investigaciones se mantienen abiertas y pendientes de la evolución del proceso principal y del estatus parlamentario del principal acusado.

Todos los implicados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa; si no lo realizan, la ley establece que se considerará formulada su oposición a la acusación y la causa proseguirá, según reportó el medio fuente. Este trámite constituye uno de los pasos previos imprescindibles en el avance hacia el juicio oral.

Las imputaciones formales recogen las principales preocupaciones de la Fiscalía y de los órganos judiciales respecto al uso adecuado de los fondos públicos en un momento de alta vulnerabilidad social y sanitaria. El desenvolvimiento del procedimiento se centra en esclarecer las responsabilidades por presuntas irregularidades en la contratación de material de protección, con especial atención a las relaciones entre responsables políticos y empresariales.

La causa central mantiene la atención de las autoridades tras la solicitud de penas elevadas por parte del Ministerio Público y la acusación popular, lo que refleja la relevancia que la judicatura concede a los hechos investigados. El desenlace de estas actuaciones y la resolución del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto determinarán la posible apertura de nuevos procesos en las causas accesorias que analizan otras dimensiones de la gestión pública durante la pandemia, detalló el medio fuente.