
Durante su testimonio ante el Tribunal Supremo, Mariano Moreno, ex gerente del PSOE, afirmó que en 2020 se redujo considerablemente la cantidad de movimientos de efectivo en la formación política, en parte debido a la pandemia y también como respuesta a una recomendación del Tribunal de Cuentas, que llevó a establecerse un límite de mil euros para los pagos en metálico. Según informó Europa Press, Moreno declaró que este control adicional fue implementado a través de una instrucción que comenzó a prepararse a comienzos de ese año y que finalmente se aprobó en el último trimestre.
El interrogatorio, llevado adelante por el magistrado Leopoldo Puente, se centró en los procedimientos, el origen y el destino de las sumas de dinero en efectivo manejadas por el PSOE entre 2017 y 2021. Moreno, quien compareció durante aproximadamente una hora como testigo, confirmó una práctica que consistía en devolver, en metálico, los gastos anticipados por representantes socialistas, como desplazamientos, alojamientos y comidas. Moreno mencionó que estos reembolsos requerían que el beneficiario rellenara un impreso con los justificantes correspondientes, procedimiento que, según explicó, operaba tanto en la Secretaría de Organización como en toda la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
De acuerdo con Europa Press, el magistrado expresó su sorpresa por este sistema de pagos en efectivo y solicitó detalles sobre la necesidad de manejar sumas notables fuera del circuito bancario. Moreno explicó que el dinero salía de la cuenta bancaria del partido, alimentada por subvenciones públicas y cuotas de afiliados, y era trasladado por una empresa de seguridad a la caja fuerte ubicada en la sede central del partido, en la calle Ferraz de Madrid. Esta modalidad, que implicaba movimiento físico de efectivo, fue objeto de escepticismo por parte del juez, quien preguntó directamente: “¿Para qué necesitaba el PSOE ese flujo de metálico?”. Moreno contestó que era para dotar la caja del partido, respuesta que el magistrado criticó por considerar insuficiente.
El ex gerente añadió que, en proporción a los gastos federales del partido, las cantidades de efectivo guardadas eran limitadas. Citó como ejemplo que, en 2018, el PSOE gastó 17 millones de euros en el ámbito federal, mientras que la cantidad disponible en efectivo rondó los 100.000 euros. Explicó que estos fondos no solo se destinaban a los reembolsos de gastos anticipados, sino también, en contadas ocasiones, al pago de proveedores y a la remuneración de voluntarios.
Al ser interrogado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre si los reembolsos incluían billetes de 500 euros, Moreno lo negó de manera categórica, argumentando que ese tipo de billetes no resultaban operativos para ese propósito. Insistió, como cita Europa Press, en que “la única” fuente de dinero procedía del banco y que no existían otras vías de ingresos en metálico para esos pagos. También rechazó la posibilidad, planteada por la defensa de Koldo García, de que este recibiera mensualmente uno o dos billetes de 500 euros. Según Moreno, García se encargaba principalmente de gestionar las liquidaciones de estos anticipos.
La declaración incluyó una revisión sobre el modo en que se controlaban los gastos reembolsados. Moreno aclaró que la administración del partido debía verificar los justificantes, aunque admitió que no podía asegurar completamente la existencia de controles exhaustivos. Señaló que existían dos formularios diferentes: uno para gastos individuales y otro, general, utilizado por la Secretaría de Organización, que podía reunir gastos de varias personas y era firmado habitualmente por el titular del departamento, José Luis Ábalos. Frente a las preguntas del magistrado, Moreno reconoció que este control era más bien superficial, ya que no existía un mecanismo para confirmar si el solicitante realmente había adelantado el pago.
Contacto directo entre la Secretaría de Organización y la caja del partido también salió a la luz durante el interrogatorio, según publicó Europa Press. Un trabajador podía bajar a recoger el efectivo solicitado en nombre del departamento, sin que existieran sistemas para identificar de forma precisa a las personas que retiraban el dinero. El magistrado Puente cuestionó este procedimiento y alertó sobre los riesgos de no identificar adecuadamente a los destinatarios del dinero.
Moreno justificó la continuidad de este sistema en la “cultura organizativa” de la formación política y en la preferencia de algunos empleados por cobrar las devoluciones en efectivo, sobre todo cuando se desplazaban a Madrid. No obstante, admitió que los procesos han ido evolucionando, especialmente tras la recomendación del Tribunal de Cuentas, que restringió el uso del efectivo y obligó a adoptar medidas adicionales de control en la administración interna del PSOE.
En relación a la posibilidad de falsear gastos, Europa Press detalló que la defensa del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, cuestionó si podría encubrirse un gasto ficticio, como la compra de una bicicleta. Moreno sostuvo que sí existía un filtrado sobre los conceptos admitidos, aunque mantuvo que la verificación no era integral.
El testimonio de Moreno siguió la línea de la declaración previa de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización señalada por la Guardia Civil como responsable de avisar a Koldo García para la recogida de sobres con dinero destinado a este y a José Luis Ábalos. Según el ex gerente, estas prácticas constituían los procedimientos habituales durante el periodo analizado.
Durante la sesión, el juez mantuvo sus dudas sobre la transparencia y el sentido de recurrir al movimiento de grandes sumas en efectivo para el funcionamiento regular del partido, subrayando la importancia de adoptar precauciones elementales de control. Según insistió el magistrado, verificar que quien solicita la devolución de gastos realmente sea quien los ha desembolsado es una medida sencilla que no requiere grandes avances técnicos.
Europa Press también consignó que, para los gastos justificados, el efectivo se entregaba a quien solicitara el reembolso en nombre de la Secretaría de Organización, lo que permitió que diversas personas accedieran a estos fondos bajo procedimientos administrativos considerados insuficientes por el juez instructor.

