El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas para la salvaguarda de servicios esenciales relacionados con sectores estratégicos como el de la energía --incluyendo la industria nuclear--, el transporte, la sanidad, el agua o la Administración pública.
Con esta ley, España se adapta a las exigencias europeas de la Directiva CER, modernizando el marco legal para responder a amenazas cada vez más complejas, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos tecnológicos y amenazas híbridas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado en la rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa que este anteproyecto incorpora al ordenamiento jurídico nacional la más reciente directiva europea sobre la salvaguarda de aquellas organizaciones que prestan servicios esenciales en sectores estratégicos y resultan indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales no solo en el ámbito nacional, sino también en la Unión Europea.
Se ha referido a sectores estratégicos como el de la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, transformación y distribución de alimentos, la industria nuclear, las instalaciones de investigación o la seguridad privada, entre otros.
PROTECCIÓN ANTE INCIDENTES GRAVES
"La nueva ley sitúa a España a la vanguardia de la protección de los servicios esenciales", ha destacado Interior, poniendo en valor que representa un cambio de paradigma en la seguridad nacional, al poner el foco no solo en la protección de infraestructuras concretas sino en la garantía de la continuidad de los servicios esenciales para la sociedad y la economía, ante incidentes graves de cualquier origen.
Las entidades críticas deberán evaluar todos los riesgos que puedan afectar a la prestación de sus servicios y elaborar un Plan de Resiliencia que incluya medidas de prevención, respuesta y recuperación, así como la formación del personal y la gestión de la cadena de suministro.
La ley introduce procedimientos para la comprobación de antecedentes del personal que desempeñe funciones sensibles en entidades críticas, fortaleciendo la seguridad en el acceso a instalaciones y sistemas críticos.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior seguirá siendo el órgano competente, a través del Centro Nacional de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (hasta ahora CNPIC), que ejercerá la coordinación con todos los actores, públicos y privados.
EXCLUIDOS BANCOS, DEFENSA Y POLICÍAS
El anteproyecto será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, excepto a las pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, que pueden considerarse críticas pero quedan excluidas al encontrarse reguladas por su normativa específica.
Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con competencias estatutarias reconocidas y asumidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, que se regirán por su propia normativa.
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