Cádiz, 16 may (EFE).- La Fiscalía ha solicitado 16 años de prisión para un funcionario del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), principal acusado de un desfalco municipal por apropiarse presuntamente de 7.808.986,22 euros de la Caja Municipal entre 2004 y 2009, mediante un sistema continuado de manipulación contable.
Según el escrito de calificación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE y que ha sido avanzado por Diario de Cádiz, este funcionario, junto con una compañera para la que la Fiscalía pide 12 años de cárcel, cajeros municipales con acceso exclusivo al efectivo del consistorio, están acusados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también imputa a familiares y colaboradores que habrían ayudado a ocultar el origen ilícito del dinero a través de sociedades y operaciones inmobiliarias ficticias.
El escrito detalla que los funcionarios, valiéndose de su posición, alteraban las hojas de caja para falsear los saldos diarios y justificar la falta de liquidez con excusas como retrasos contables o la supuesta existencia de avales.
Uno de ellos apenas tomó vacaciones en cinco años para evitar que alguien más accediera al sistema.
El desfalco se produjo, según la Fiscalía, a través de la retirada diaria de cantidades en efectivo —frecuentemente redondeadas entre 500 y 45.000 euros—, la desviación de ingresos de tasas y el cobro de cheques solicitados para supuestos pagos urgentes.
Las cantidades sustraídas aumentaron progresivamente: desde 1,1 millones en 2004 hasta más de 1,5 millones en 2008.
Parte del dinero fue blanqueado mediante la creación de empresas como “Servicios Inmobiliarios Nora” y “Team TR Quad San Fernando S.L.”, ambas con balances ruinosos pero que sirvieron para aparentar una actividad legal.
Según la Fiscalía, se elaboraron facturas falsas con datos de contribuyentes que pagaban plusvalías, sin que estos conocieran o contrataran a dichas empresas.
Los investigadores encontraron que los ingresos en metálico en cuentas bancarias a nombre de los acusados sumaban más de 1,1 millones de euros, sin justificación con sus nóminas ni actividad empresarial real. También se detectaron compras en efectivo de vehículos de alta gama, alquiler de locales, viajes, reformas y otros gastos desproporcionados.
Además de los dos funcionarios, la Fiscalía acusa a varios miembros de una familia cercana por colaborar en el entramado de blanqueo, simular negocios, avalar préstamos y beneficiarse directamente del dinero público desviado.
Uno de ellos fue promocionado en competiciones de motociclismo financiadas con estos fondos.
Para el principal acusado, la Fiscalía pide 16 años de prisión por malversación, falsedad de documento público y privado y blanqueo de capitales; mientras que para su compañera pide 12, porque la excluye del delito de blanqueo.
Otros tres encausados se enfrentan a penas de cuatro años por blanqueo, y para ellos, como para los cajeros municipales, la Fiscalía tiene en cuenta las dilaciones debidas de un proceso que juzgará hechos ocurridos hace 20 años y detectados hace 15.
El Ministerio Público también reclama que devuelvan al Ayuntamiento las cantidades sustraídas. EFE
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