Por qué hay huelga general el 11 de noviembre: de la acampada en la Puerta del Sol a un paro nacional por la vivienda, los salarios y los precios

La dificultad para pagar un alquiler, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de los gastos cotidianos son los tres motivos que han llevado a los sindicatos a convocar una huelga general de 24 horas este miércoles 11 de noviembre. La protesta, impulsada inicialmente por las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda y respaldada después por CCOO y UGT, pretende convertir el malestar por la crisis habitacional en una reivindicación del conjunto de los trabajadores. Bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, las centrales sindicales reclaman medidas para contener el coste de la vivienda, mejorar los sueldos y recuperar capacidad adquisitiva.

El origen de la convocatoria está en el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada el 23 de septiembre del piso de Madrid en el que había vivido durante buena parte de su vida. Su caso desencadenó una oleada de protestas impulsadas por el Sindicato de Inquilinas, que organizó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Centenares de personas se sumaron a las concentraciones para denunciar la situación del mercado inmobiliario y exigir medidas que impidieran que más familias perdieran sus hogares por no poder afrontar el precio de un alquiler.

La movilización adquirió una dimensión nacional y llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde los partidos debatieron dos decretos impulsados por el Gobierno para responder a la crisis de vivienda. Su rechazo parlamentario el 1 de octubre, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, prolongó las protestas y llevó al Sindicato de Inquilinas a plantear la convocatoria de una huelga general. Maricarmen falleció el 7 de octubre, cuando todavía permanecía ingresada en el hospital y después de que se hubiera alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda con un nuevo contrato de alquiler. No llegó a poder volver a la que había sido su casa.

Ese mismo día, CCOO y UGT anunciaron que se sumarían a la iniciativa del movimiento de vivienda y acordaron convocar un paro general junto a otras organizaciones sindicales. La convocatoria fue registrada el 19 de octubre ante el Ministerio de Trabajo por CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.bas, Confederación Intersindical, Intersindical Alternativa de Catalunya, Intersindical Valenciana, Solidaridad Obrera, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

La vivienda como reivindicación laboral

La principal particularidad de esta huelga es que traslada al ámbito laboral un conflicto que hasta ahora había estado encabezado fundamentalmente por las organizaciones de vivienda. Los sindicatos sostienen que el precio de los alquileres no es un problema ajeno a las condiciones de trabajo, porque una parte cada vez mayor de los ingresos se destina a pagar un techo, lo que reduce la capacidad de ahorro y dificulta afrontar otros gastos básicos, incluso entre quienes tienen un empleo estable.

Los datos del Banco de España reflejan la dimensión del problema. En 2024, el 32,5% de los hogares que vivían de alquiler destinaba más del 30% de su renta neta al pago de la vivienda. Entre los jóvenes que pretendían emanciparse y formar un hogar con otra persona con ingresos similares, el esfuerzo medio para afrontar el alquiler alcanzaba el 36,5% de sus ingresos. En algunas de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, se acercaba al 50%.

Para revertir esta situación, los convocantes reclaman ampliar el parque público de vivienda, regular los precios de los alquileres, incluidos los de temporada y por habitaciones, y frenar la especulación inmobiliaria. También piden limitar la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios y fondos de inversión, así como suspender los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional digna.

La protesta incorpora, además, reivindicaciones salariales y laborales. CCOO y UGT denuncian el bloqueo de la negociación con la patronal para alcanzar un acuerdo marco que sirva de referencia a los convenios colectivos y reclaman subidas que permitan recuperar poder adquisitivo. UGT plantea un incremento de al menos el 7% del salario mínimo interprofesional en 2027. A estas demandas se suman la reducción de la jornada laboral, la mejora de la prevención de riesgos y la salud en el trabajo, la lucha contra la precariedad y la defensa de las pensiones públicas. Algunas organizaciones, como la CNT, plantean también avanzar hacia una jornada de 30 horas semanales y que el coste de la vivienda no supere un tercio del salario neto.

La polémica por la fecha electoral

La convocatoria ha provocado también un enfrentamiento con la patronal por su proximidad a las elecciones generales del 29 de noviembre. La huelga se celebrará dos días antes del comienzo de la campaña electoral, una coincidencia que ha llevado a la CEOE y Cepyme a cuestionar el carácter laboral de la protesta.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció inicialmente que recurriría la convocatoria al considerar que las reivindicaciones sobre vivienda corresponden principalmente a las administraciones públicas y que la huelga podía tener una finalidad electoral. Sin embargo, la organización empresarial renunció finalmente a impugnarla el 22 de octubre, aunque mantuvo sus críticas.

CCOO y UGT rechazan que el paro tenga como objetivo perjudicar a una formación política concreta. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la vivienda afecta directamente a las condiciones de vida y de trabajo y que reclamar cambios en las políticas públicas no convierte la movilización en partidista. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, también ha insistido en que la convocatoria se venía preparando antes del adelanto electoral.

La jornada del 11 de noviembre será la primera huelga general estatal respaldada por CCOO y UGT desde 2012, cuando las centrales convocaron dos paros contra las políticas económicas y la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta vez, el movimiento por la vivienda ha sido el detonante de una protesta que busca reunir bajo una misma convocatoria las reivindicaciones por el acceso a un hogar, los salarios y las condiciones laborales.