Cuando todavía no habían dado las siete de la mañana de este lunes, agentes de la Policía Nacional han regresado al puerto de Ceuta para continuar el desalojo de los campamentos provisionales levantados durante la crisis migratoria del pasado verano. Es la segunda intervención en apenas 24 horas. La jornada anterior, los policías retiraron las 50 carpas instaladas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el muelle de Poniente y trasladaron a unas 450 personas. Este lunes, el dispositivo se ha dirigido contra el segundo asentamiento, situado junto a las escolleras, con el propósito de dejar también vacío ese espacio.
La operación se está desarrollando bajo la lluvia y con alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos. Hasta el recinto portuario se han desplazado efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), encargados de controlar los accesos y organizar la salida de los residentes. La intervención de este lunes está siendo más complicada que la del día anterior. Según ha informado El Faro de Ceuta, algunos migrantes se han resistido a abandonar las instalaciones y durante la actuación policial se han escuchado gritos después de que los agentes sorprendieran a los ocupantes en las carpas a primera hora de la mañana.
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El despliegue ha movilizado a 28 furgones de la UIP procedentes de distintos puntos de España, que han trabajado de forma simultánea en el campamento y en las inmediaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal. Los agentes están trasladando a los residentes en grupos de alrededor de diez adultos, que son conducidos en autobuses policiales o vehículos cedidos por la empresa municipal Amgevicesa. Los menores, por su parte, son trasladados en furgonetas separadas para recibir una atención diferenciada.
El paso por el CATE resulta especialmente relevante en esta segunda fase del operativo. Según fuentes policiales citadas por Ceuta Televisión, muchos de los migrantes que permanecían en los campamentos del puerto ni siquiera habían sido filiados, ya que su traslado desde la playa de Benítez se produjo de forma precipitada para sacarlos de la zona tras la entrada masiva del verano. Por ello, la Policía debe comprobar ahora la identidad y la situación administrativa de estas personas antes de continuar con los procedimientos correspondientes.
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A partir de esa comprobación, los destinos son distintos. Quienes tengan una resolución que permita su expulsión o devolución continuarán con los trámites para su salida hacia Marruecos. Otros podrán manifestar su voluntad de regresar voluntariamente al país vecino, mientras que quienes no estén sujetos a esas medidas serán derivados a los recursos de acogida que todavía permanecen operativos. Entre ellos figuran los centros de Loma Colmenar y Los Rosales, los dos únicos que, según el medio local, continúan disponibles para alojar a adultos. Los menores trasladados, en cambio, quedan a disposición de la Ciudad Autónoma, responsable de su protección.
El desalojo del domingo ya permitió materializar algunos de esos retornos. Tras pasar por las instalaciones del Tarajal, varias personas fueron conducidas por una puerta lateral del recinto fronterizo hasta un paso habilitado en la valla que separa Ceuta de Marruecos. Al otro lado aguardaban agentes de la Gendarmería Real y de las fuerzas de seguridad marroquíes para recibirlas. Se trata de retornos voluntarios, distintos de las expulsiones que se tramitan por vía administrativa.
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El Gobierno inicia el cierre de los siete dispositivos de emergencia
Las dos jornadas de intervención forman parte del plan del Gobierno para desmontar progresivamente los dispositivos extraordinarios de acogida que se habilitaron en Ceuta después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La ciudad llegó a disponer de siete espacios temporales, con capacidad conjunta para unas 7.000 personas, en los que permanecían censadas alrededor de 5.800. El Ejecutivo pretende ahora reagrupar a sus residentes en los recursos que todavía cuentan con plazas disponibles y cerrar progresivamente los emplazamientos que ya no considera necesarios.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había adelantado durante la semana pasada que el Gobierno comenzaría a desmantelar algunos de estos centros. El desalojo del puerto constituye uno de los primeros pasos de ese proceso, que continuará con nuevos traslados en los próximos días. La operación afecta a uno de los principales puntos de concentración de migrantes desde el verano: solo en los terrenos portuarios llegaron a reunirse alrededor de 1.700 personas.
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Desde entonces, el número de personas que permanecen en Ceuta ha ido disminuyendo también como consecuencia de los retornos a Marruecos y de las actuaciones de reubicación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cifró el pasado 3 de noviembre en 14.818 las personas que habían regresado al país vecino desde la entrada masiva. De ellas, 14.180 lo habían hecho mediante retornos voluntarios y otras 638 habían sido expulsadas. Saiz precisó además que 6.113 personas habían pasado por el procedimiento de triaje y que 3.650 menores continuaban en el sistema de protección de la Ciudad Autónoma.
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