El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Los hijos mayores de edad de los nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha rechazado extender a este colectivo la suspensión del derecho al sufragio que acordó el pasado septiembre para más de 163.000 descendientes de españoles exiliados, una decisión que afecta a sus progenitores, pero no a quienes han conseguido la nacionalidad precisamente por ser hijos de estos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así la petición de Vox e Iustitia Europa, que reclamaban que la restricción alcanzase también a los 189.678 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por esta segunda vía.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, descarta modificar a estas alturas el censo de españoles residentes en el extranjero. Los magistrados consideran que iniciar ahora un procedimiento para identificar a los afectados, comprobar por qué vía obtuvieron sus padres la nacionalidad y revisar sus inscripciones dejaría un margen insuficiente para completar todas las actuaciones antes de la votación. La resolución mantiene, por tanto, la diferencia entre las dos generaciones: los españoles acogidos directamente al supuesto del exilio seguirán sin poder ejercer el voto mientras se resuelve el procedimiento judicial, pero sus hijos mayores de edad podrán participar en los comicios.

La controversia gira en torno a dos apartados de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El primero permitió adquirir la nacionalidad española de origen a los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles y perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación e identidad sexual. Es la vía que dio lugar a la suspensión acordada por el Supremo en septiembre y que afecta a hijos y nietos de quienes tuvieron que abandonar España.

El segundo supuesto, recogido en la letra b del apartado 1, abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad a los hijos e hijas mayores de edad de quienes la hubieran conseguido por esa disposición o por la Ley de Memoria Histórica de 2007. Es decir, permitió que los descendientes de quienes recuperaron la nacionalidad española pudieran adquirirla también, aunque no fueran directamente hijos o nietos de los españoles que se exiliaron. En muchos casos, se trata de generaciones posteriores de familias que emigraron o abandonaron España durante la dictadura y la posguerra.

La suspensión decretada en septiembre no alcanzó a este segundo grupo. Ahora, Iustitia Europa y Vox pretendían que el Supremo ampliase las medidas cautelares para impedir también el voto de estos descendientes hasta que la Administración identificase individualmente a cada elector, a sus progenitores y la vía por la que estos habían obtenido la nacionalidad. La formación Iustitia Europa llegó a solicitar que los sufragios pudieran recibirse y permanecer separados y bajo custodia, sin incorporarse al escrutinio hasta que concluyesen las comprobaciones.

Un calendario electoral demasiado ajustado

La Sala reconoce que la nueva petición guarda relación directa con las medidas que ya había adoptado. De hecho, considera que, si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, también podría examinarse la de sus hijos, puesto que estos deben el reconocimiento de su nacionalidad a su condición de descendientes de aquellos. Los magistrados también tienen en cuenta que la dimensión de este segundo colectivo no se conoció hasta que la Abogacía del Estado aportó al procedimiento, el pasado 28 de octubre, los datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esas cifras sitúan en 189.678 el número de personas inscritas en el anexo III de la instrucción de Justicia de 25 de octubre de 2022. El colectivo es incluso más numeroso que el afectado por la suspensión anterior: en el anexo I figuraban 163.355 personas, de las que 901 aportaron certificados consulares para acreditar que cumplían los requisitos exigidos por la ley y quedaron fuera de la medida. El grupo al que se mantiene suspendido el sufragio se redujo así a 162.454 electores.

Sin embargo, para el Supremo el principal obstáculo para ampliar ahora la suspensión es el momento en el que se ha planteado la solicitud. Cuando los partidos reclamaron la extensión de las medidas, el proceso electoral ya estaba en marcha y los organismos encargados de organizarlo seguían trabajando para ejecutar las resoluciones anteriores. La Oficina del Censo Electoral había comunicado, además, que todavía quedaban 30.482 registros pendientes de identificar para cumplir las órdenes dictadas en septiembre.

Extender la suspensión habría obligado a poner en marcha un nuevo procedimiento administrativo y judicial: identificar a los afectados y a sus progenitores, determinar la vía de adquisición de la nacionalidad, trasladar la información al censo, permitir que los interesados se personaran y presentaran alegaciones y resolver las posibles reclamaciones y recursos. También habría sido necesario establecer mecanismos para conservar y custodiar la documentación electoral de quienes finalmente quedasen excluidos.

Los magistrados consideran que no existe tiempo suficiente para completar todas esas actuaciones con las garantías necesarias. La petición llegó, subrayan, “a una semana del comienzo de la campaña electoral” y, en el caso de los residentes en el extranjero, “a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los Consulados”. Iniciar ahora una revisión del CERA plantearía dudas sobre su ejecución efectiva antes de la votación y el escrutinio y resultaría contrario a los principios de “seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.

El Supremo recuerda que las primeras medidas cautelares se adoptaron el 10 de septiembre, antes de la disolución de las Cortes y de la convocatoria anticipada de elecciones. Las resoluciones posteriores de octubre sirvieron para concretar cómo debían cumplirse dentro de un margen temporal que todavía permitía actuar antes de que comenzase el periodo electoral. La situación ahora es distinta: el censo debe permanecer estable y cualquier modificación exige respetar los plazos y garantías previstos en la legislación electoral.

Por ello, la Sala concluye que ampliar las restricciones podría provocar una “perturbación grave de los intereses generales” y acuerda denegar las medidas cautelares solicitadas, sin imponer las costas a ninguna de las partes.

(Noticia en ampliación)