Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad, después de que este asegurase públicamente que fue ella quien le entregó un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA con documentación que, según su versión, estaría relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. La dirigente venezolana niega rotundamente haber tenido conocimiento de la existencia del documento y sostiene que nunca se lo entregó al comisionista, que ya había puesto el sobre a disposición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre los pagos en efectivo del partido.

La acción judicial llega después de que Aldama se negara a retractarse de sus declaraciones durante un acto de conciliación celebrado el pasado 16 de julio en Madrid. Rodríguez, representada por el despacho ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, había iniciado previamente los trámites para llevar al empresario ante los tribunales por unas manifestaciones que realizó en dos programas de televisión los días 4 y 5 de febrero de 2026. En concreto, en ‘Diario de la Noche’, de Telemadrid, y en ‘Horizonte’, de Cuatro, donde vinculó directamente a la dirigente venezolana con la entrega de la documentación.

La querella sostiene que esas afirmaciones atribuyen a Rodríguez una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde. Por ello, solicita al juzgado que reclame a ambas cadenas las grabaciones íntegras de las entrevistas y que tome declaración a Aldama para esclarecer las circunstancias en las que realizó las acusaciones.

Un sobre con el nombre de Delcy Rodríguez que apareció en el teléfono de Aldama

El origen de la disputa se remonta a febrero de 2020, cuando, según la documentación examinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama recibió un sobre de color marrón relacionado con PDVSA. En el envoltorio figuraba como remitente Manuel Quevedo, entonces presidente de la petrolera estatal venezolana, y como destinataria Delcy Rodríguez, que en aquel momento ocupaba la vicepresidencia del país y la cartera de Hidrocarburos.

Los investigadores encontraron una fotografía del documento en el teléfono del empresario, que había dejado parte de su documentación sensible bajo custodia de su socio Luis Alberto Escolano. En la imagen aparecía también un sello de recepción de la Vicepresidencia de Venezuela, fechado el 4 de febrero de 2020. La UCO consideró relevante la intermediación que habría desempeñado Rodríguez en el recorrido del documento porque, según su reconstrucción, la dirigente venezolana habría recibido la documentación y posteriormente se la habría hecho llegar a Aldama.

La fecha llamó la atención de los investigadores porque se produjo apenas quince días después de la llegada de Rodríguez a Madrid, el 20 de enero de 2020, en un viaje que terminó convirtiéndose en una crisis diplomática conocida como el ‘Delcygate’. La entonces vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a la prohibición europea de entrar en territorio comunitario que pesaba sobre ella. Su estancia en España se prolongó durante unas ocho horas, tras las cuales continuó su viaje hacia Turquía.

Sin embargo, la supuesta entrega del sobre a Aldama está fechada el 4 de febrero, por lo que no se corresponde con aquella breve estancia en Madrid. La documentación conocida tampoco permite establecer dónde se produjo el intercambio ni en qué circunstancias llegó físicamente a manos del empresario. La UCO situó la recepción del documento en esa fecha a partir del sello que aparece en la fotografía.

Aldama lo vincula con una supuesta financiación del PSOE

El empresario habló del asunto por primera vez ante el juez Santiago Pedraz el 29 de enero de 2026, cuando declaró como investigado en la causa que investiga un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel. Durante el interrogatorio, el fiscal Anticorrupción le preguntó por la relación del documento con el negocio petrolero. Aldama respondió que estaba relacionado con “la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista” y señaló a Delcy Rodríguez como la persona que se lo había entregado.

Tras escuchar su versión, Pedraz remitió una copia de su comparecencia al juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional una pieza separada y secreta sobre los pagos en metálico realizados en el entorno del PSOE. En esa investigación se examinan, entre otros extremos, los abonos efectuados a dirigentes y empleados del partido y la posibilidad de que algunos de ellos pudieran constituir delitos de blanqueo o estar relacionados con una presunta financiación irregular.

Fue en este procedimiento donde Aldama terminó entregando el sobre original a mediados de marzo, acompañado de su abogado. El juez Moreno había reclamado el documento después de conocer las manifestaciones del empresario ante Pedraz. Aldama compareció también ante el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción para explicar su procedencia y el contenido que le atribuía. Esa declaración quedó bajo secreto de sumario.

Según la versión del comisionista, la documentación estaría relacionada con bonos o cupos de petróleo venezolano de PDVSA y con una supuesta operación para canalizar fondos hacia el PSOE y la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez. Aldama ha vinculado así el negocio de los hidrocarburos con una posible utilización de los beneficios de su comercialización para financiar a ambas organizaciones. Se trata, no obstante, de una hipótesis sostenida por el empresario cuya veracidad y alcance deben determinar los investigadores.

La defensa de Rodríguez cuestiona la entrega y la trazabilidad

La querella presentada ahora pone el foco en la falta de pruebas que permitan identificar a Delcy Rodríguez como la persona que entregó el documento. Sus abogados subrayan que en el propio sobre no aparece ninguna evidencia que acredite que fuera ella quien lo puso en manos de Aldama y cuestionan las circunstancias en las que el empresario habría conservado el envoltorio durante más de seis años antes de entregarlo a la Justicia.

La representación de la dirigente venezolana también señala que el sello de recepción estampado por un funcionario no incluye el apellido de Aldama ni permite identificarlo como destinatario del documento. A su juicio, tampoco existe información suficiente sobre la trazabilidad del sobre desde su supuesta recepción en febrero de 2020 hasta su aparición en las investigaciones judiciales.

Los abogados insisten en que Rodríguez nunca tuvo conocimiento de la existencia del documento ni de su contenido y rechazan que se la vincule con una presunta operación de financiación irregular. También recuerdan que la dirigente venezolana no está siendo investigada en la causa judicial a la que Aldama aludió durante sus intervenciones televisivas.

La querella considera que las manifestaciones del empresario pueden constituir un delito de injurias graves con publicidad, que castiga la imputación de hechos realizada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Este delito puede conllevar una multa de entre seis y catorce meses cuando se comete con publicidad.