El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) estudia emprender acciones legales contra el de Baños de Montemayor (Cáceres) después de que este último pagara el traslado y cinco noches de alojamiento de una familia que había protagonizado un conflicto por una presunta okupación en unos apartamentos turísticos de la localidad extremeña.

La historia comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando un matrimonio y sus dos hijos llegaron a los Apartamentos Turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor, para una estancia de siete días que debía concluir el 7 de octubre. Sin embargo, llegado ese momento, la familia no abandonó el establecimiento y alegó disponer de un supuesto contrato de alquiler de siete años que le permitiría permanecer en el inmueble, un documento cuya existencia niega la propietaria, que sostiene que el acuerdo alcanzado era únicamente el de una reserva turística.

Lo que inicialmente era una disputa entre los okupas y los responsables del alojamiento terminó convirtiéndose en un conflicto que alteró la convivencia en una localidad de unos 700 habitantes del norte de Cáceres. Los propietarios denunciaron problemas de convivencia, pérdidas económicas por las reservas que tuvieron que cancelar y dificultades para recuperar el inmueble, mientras que parte de los vecinos se sumó a las protestas frente al establecimiento, con caceroladas y concentraciones que aumentaron la presión para encontrar una solución.

Durante aquellos días, el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, encabezado por la alcaldesa Nieves del Vado (PP), intervino para tratar de poner fin a una situación que se había enquistado, en unas gestiones en las que también participó la Guardia Civil y que coincidieron con la contratación, por parte de los propietarios, de una empresa especializada en desokupaciones. La solución llegó el 20 de octubre, cuando la familia abandonó finalmente los apartamentos y emprendió un viaje que terminaría abriendo un nuevo frente, esta vez entre dos ayuntamientos.

Un taxi hacia Mataró y cinco noches de alojamiento

La salida del inmueble se produjo con un desplazamiento hasta Mataró que, según la versión de la alcaldesa extremeña, eligieron los propios okupas porque aseguraban tener allí familiares o conocidos. El Ayuntamiento de Baños de Montemayor asumió el coste del taxi y de cinco días de alojamiento, un desembolso que Del Vado ha justificado como parte de la solución negociada para resolver el enfrentamiento con los propietarios.

La regidora ha explicado que el dinero salió de una partida municipal de contingencias y ha defendido que la intervención permitió recuperar el apartamento y poner fin a las protestas que se habían sucedido durante las jornadas anteriores. Según su relato, los okupas llegaron a solicitar cerca de 1.000 euros adicionales para manutención, una petición que asegura haber rechazado y tras la que, sostiene, amenazaron con regresar al establecimiento si no recibían esa cantidad.

La alcaldesa también ha explicado que esperaba que, una vez en Mataró, la familia pudiera acudir a los servicios sociales municipales en caso de necesitar asistencia, aunque no hubo una coordinación previa con el Ayuntamiento receptor. Fue precisamente esa falta de comunicación la que abrió un segundo frente cuando el caso trascendió públicamente. El alcalde de Mataró, David Bote, conoció por los medios de comunicación que su municipio había sido el destino de una familia cuyo traslado y alojamiento había financiado otro consistorio, sin que el suyo hubiera participado en las gestiones ni recibido información sobre la operación.

El alcalde cuestiona el uso de fondos públicos

Bote ha reprochado a Baños de Montemayor que resolviera el conflicto facilitando el desplazamiento de los okupas a otra ciudad sin advertirlo previamente y ha defendido que las administraciones no pueden afrontar este tipo de situaciones trasladando sus consecuencias a otros municipios. El regidor socialista cuestiona tanto el procedimiento seguido como la utilización de recursos públicos para sufragar el viaje y la estancia, y ha anunciado que sus servicios estudian posibles acciones legales.

Entre las vías que se han planteado figura la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas para que examine el desembolso. El alcalde ha precisado que las eventuales iniciativas se dirigirían contra el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, no contra la alcaldesa a título personal.

La polémica gira ahora en torno a la justificación del gasto y a las circunstancias en las que se tomó la decisión de trasladar a la familia. Para determinar si existe alguna irregularidad será necesario conocer el expediente administrativo, la autorización del desembolso y las facturas, así como la justificación de su finalidad pública. La utilización de una partida de contingencias, como sostiene la alcaldesa, no acredita por sí sola que el pago fuera irregular ni que estuviera debidamente justificado.

Mientras los dos ayuntamientos intercambian reproches, los propietarios también han denunciado desperfectos, suciedad y la desaparición de un televisor, además de las pérdidas económicas por las reservas canceladas durante los días en los que no pudieron disponer del alojamiento. El caso ha incorporado también afirmaciones sobre supuestos episodios similares protagonizados por los okupas en otros puntos de España, aunque esas referencias no permiten dar por acreditados otros casos sin documentación que los respalde.