Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

Acciona es una de las grandes empresas españolas. Cerró 2025 con una facturación de 20.236 millones de euros y unos beneficios netos de 803 millones (un 90% más que el año anterior). Da empleo a casi 70.000 personas y tiene presencia en todo el mundo construyendo infraestructuras, generando energía y gestionando contratos de servicios, desde Australia a Canadá, pasando por República Dominicana, Filipinas, Chile, Marruecos o Catar. Y, sobre todo, en España. Aquí, en nuestro país, la empresa controlada por la familia Entrecanales lidera la obra pública junto a la ACS de Florentino Pérez. En 2025 se llevó 596 millones de euros de las Administraciones nacionales, según un análisis del perfil del contratante. Su prestigio, su reputación, su capacidad operativa y un buen trabajo de “relaciones públicas”, explican fuentes del sector, hacen que la compañía pueda presentar cifras inmejorables cuando anuncia sus cuentas.

Y esas relaciones públicas se hacen en escenarios de toda índole, como las famosas carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que se suelen celebrar en el mes de agosto en las conocidas playas de esta localidad gaditana. Este año se festejó la 181 edición. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Ayuntamiento ha pedido que la Unesco la considere Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, iniciativa que apoyan el Senado y la Junta de Andalucía. La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda organiza el evento y cada año alquila palcos VIP para que empresas y patrocinadores puedan ver las carreras desde un lugar privilegiado e invitar a sus compromisos. “Son palcos muy cotizados”, explica un empresario. Este diario ha preguntado a la Real Sociedad el coste de los mismos. Al cierre de esta información, no había obtenido respuesta.

Acciona suele alquilar un palco. Infobae ha tenido acceso al listado de invitados de la multinacional en la edición de 2024, en el que aparece un buen puñado de cargos públicos. Hay muchos responsables de los ministerios de Transportes. Por ejemplo, aparecen hasta 13 cargos de este departamento: Marcos Martín Gómez, exjefe de la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental; José María Padilla, jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Cádiz y Ceuta; y Salvador Fernández Quesada, exjefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es responsable del 70% de los contratos públicos adjudicados a Acciona desde el año 2017, en solitario o en unión con otras empresas, por la Administración General del Estado, según una información publicada por Newtral.

Esa información contabiliza 112 contratos por valor de 1.792 millones de euros, de los que 1.378 millones procedían de Transportes. En el listado de invitados (eso no quiere decir que finalmente acudieran al palco) aparecen también varios cargos de Puertos del Estado, un organismo que también depende de Transportes. Ahí figuran Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; José Luis Ramos, expresidente del Puerto de Huelva; y Rafael Carmona Ruiz, presidente del Puerto de Sevilla. También aparecen cargos del Ministerio de Transición Ecológica (el segundo departamento del Estado en volumen de contratos a Acciona, más de 202 millones de euros).

Acciona, bajo sospecha

Por ejemplo, aparecen Joaquín Páez Landa, que fue hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez (directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Acciona está en el punto de mira porque varias obras adjudicadas precisamente por Transportes cuando el ministro era José Luis Ábalos están siendo investigadas por la UCO de la Guardia Civil en el marco del ‘caso Cerdán’. Acciona, presuntamente, pagaba una mordida a cambio de esas obras, todas licitadas por Transportes o alguno de sus órganos dependientes (Adif y la Dirección General de Carreteras).

Una de esas obras bajo sospecha es la reforma del Puerto de Centenario de Sevilla, la obra civil más importante que se desarrolla en Andalucía. En el listado de invitados a la carrera también aparecen varios alcaldes andaluces: el alcalde de Sevilla José Luis Sanz Ruiz; la regidora de Torremolinos, Margarita del Cid; la de Marbella, María Ángeles Muñoz; el de la ciudad hispalense de Carmona, Juan Ávila; el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce (que ha anunciado que dimitirá tras ser investigado por agresión sexual); la alcaldesa de Granada Marifran Carazo; el regidor de Cádiz Bruno García de León; y la de Jerez, María Jose García Pelayo.

La Junta de Andalucía, obviamente, también está presente en este listado de invitados VIP. Aparecen hasta 30 personas vinculadas al Gobierno que preside Juanma Moreno Bonilla. Por ejemplo, está Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Fernández-Pacheco fue alcalde de Almería antes que consejero. Su Ayuntamiento adjudicó a Acciona el contrato de limpieza de la ciudad.

También aparecen en este listado su predecesora en el cargo, Carmen Crespo Díaz; y la consejera de Empleo y Empresa, Rocío Blanco. Completan la nómina de invitados VIP el exconsejero de Turismo Arturo Bernal (dejó el cargo en julio de este año); la sucesora de este último, la nueva consejera Patricia del Pozo Fernández; la titular de la consejería de Economía y Empleo, Carolina España; y la de la Consejería de Medio Ambiente, Catalina García.

Finalmente, están incluidos varios viceconsejeros y responsables de la Consejería de Agricultura, como Ramiro Angulo, secretario general del Agua; y Susana Benavides, directora general de Recursos Hídricos. Juan Bravo fue otro de los políticos que Acciona incluyó en su listado reservado de invitados. Fue consejero de Economía y Hacienda y hoy es diputado nacional y vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones. Es lo que regula el artículo 25 de la ‘Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno’.

Es verdad que la norma no fija una cuantía económica concreta para determinar qué regalo es admisible. Por eso, la valoración depende del contexto: un obsequio institucional o protocolario de escaso valor podría encajar en la excepción. Y, seguramente, la invitación puntual a una carrera de caballos en la que una empresa privada te ofrece consumiciones, porque estos palcos tienen catering, parece que tampoco. Pero, como señala una fuente que ha estado presente en estos palcos, un excargo político, “este tipo de invitaciones, en este caso de una multinacional que vive de las adjudicaciones, como Acciona, sí es una forma de relaciones públicas para intentar llevarse bien con determinados políticos”.