
El Partido Popular (PP) se está planteando desinvertir en las empresas privadas en las que el Estado tiene participaciones si llega al Gobierno, según adelantó ABC. A juicio de los analistas, esta medida podría resultar positiva a largo plazo tanto para las compañías cotizadas como para sus accionistas, siempre que se lleve a cabo de forma “selectiva, gradual y transparente”. En los últimos años, también se viene hablando de la posibilidad de privatizar empresas participadas al 100% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas el Grupo Correos.
La rumorología sobre la privatización de Correos cobró fuerza en 2018, cuando se conoció la existencia de un informe encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a una consultora que recomendaba privatizar el grupo o posibilitar la entrada en él de capital privado. A pesar de la recomendación, el Gobierno popular no movió ficha en esa dirección.
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Los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en Correos, también denunciaron una “privatización encubierta” de la empresa. Según señalaron, se estaban externalizando servicios relacionados con el transporte, la limpieza y la recogida de buzones, al tiempo que se desviaba el negocio más rentable a Correos Express, una filial del grupo.
Garantizar el servicio postal universal
Por su parte, la compañía siempre ha negado una posible privatización, que sí se ha producido en sus homólogas de otros países. España mantiene un servicio postal público, a diferencia de Alemania o Reino Unido, debido a la obligación legal de garantizar el servicio postal universal. Este mandato obliga a Correos a distribuir cartas y paquetes en todo el territorio nacional, incluidos los destinos cuya cobertura podría resultar demasiado costosa para las empresas privadas.
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Los analistas consideran que privatizar Correos sería una operación compleja. Antonio Castelo, analista de iBroker, recuerda que el grupo tiene encomendada la prestación del servicio postal universal y otras obligaciones de interés económico, por lo que “una eventual privatización, total o parcial, sería bastante compleja. Exigiría revisar el marco legal, garantizar la continuidad y financiación del servicio público y abordar previamente una importante reestructuración operativa y financiera”.
Castelo añade que el factor económico sería otro inconveniente, ya que, aunque el grupo obtuvo beneficios en 2025, venía “arrastrando un historial de pérdidas muy elevado y una deuda neta de unos 677 millones”. A su juicio, “su recuperación financiera necesitaría consolidarse para resultar atractiva a potenciales inversores”.
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No obstante, el analista de iBroker considera que, “en todo caso, podría contemplarse la entrada de capital privado en actividades comerciales como la paquetería, donde existe competencia efectiva, sin comprometer necesariamente la prestación del servicio postal universal”.
Vuelta a los números negros
Correos volvió a obtener beneficios en 2025 tras una década lastrada por las pérdidas. Desde 2015, la compañía había encadenado resultados negativos de manera ininterrumpida, con la única excepción del ejercicio 2019. La empresa estatal cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros, frente a un resultado negativo de 94 millones registrado en 2024.
Tras estos números, la empresa informó en un comunicado que “Correos regresa a las ganancias antes de lo previsto en el Plan Estratégico 2024-2028 y se aproxima al resultado de 18 millones de euros logrado en 2019, último ejercicio en el que había obtenido beneficios”.
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Pese a estas cifras, Albert Guivernau, doctor en Economía y director de la Fundación Civismo, sostiene que “su principal problema es la eficiencia y su capacidad para competir con los operadores privados”. Por ello, considera que “una privatización sin una reestructuración previa no resolvería esos problemas”. El experto asegura que “lo fundamental es mejorar su productividad, controlar los costes y garantizar el servicio postal universal sin que las actividades comerciales dependan permanentemente de los recursos públicos”.
Por su parte, Javier Cabrera, analista de XTB, esgrime que Correos podría ser “una candidata” a la venta por parte de un Gobierno del PP, aunque reconoce que “no es tan fácil vender una empresa al completo”. Según explica, tendría que haber empresas “interesadas en adquirir el negocio y que el precio sea razonable”. Además, recuerda que todavía hay funcionarios en la compañía, por lo que “habría que darles cabida en otras partes de la administración pública”.
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Cabrera advierte de que “hay trabas que desincentivan la privatización de Correos en el contexto actual, donde la población española tiene otras preocupaciones como la vivienda, la seguridad o la inflación. Es decir, el rédito político de vender Correos posiblemente sea menor que el esfuerzo requerido para ello”.
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