Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

Durante su intervención en un acto sobre vivienda celebrado en Sevilla, dentro de la precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que “hay propietarios con miedo” porque “si un okupa entra en tu casa, con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. Así, el líder del Partido Popular ha intentado denunciar la desprotección que, según él, sufren los propietarios de viviendas frente a la okupación ilegal. Ante esto, ha confirmado que, si llega al Gobierno, aprobará una ley por la que “los okupas estarán fuera en 48 horas”.

Pero sus afirmaciones no son del todo ciertas. En realidad, un ticket de un pedido de comida no otorga derechos sobre una vivienda ajena, ni impide automáticamente que la Policía intervenga, ni que un juez acuerde el desalojo. Todo depende de las circunstancias de cada caso, especialmente si el inmueble constituye la vivienda habitual de una persona o se trata de una casa que no está habitada.

De hecho, aunque Feijóo haya dicho que “no puede ser que la ley ampare al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y pague su hipoteca”, la legislación española sí contempla mecanismos para proteger a los propietarios y recuperar la posesión de los inmuebles, aun cuando los procedimientos no siempre se resuelven con la misma rapidez.

Allanamiento de morada y qué ocurre si entran en tu vivienda habitual

El ordenamiento jurídico español distingue entre diferentes conductas que se suelen agrupar bajo la palabra “okupación”, aunque sus consecuencias legales no sean iguales. La primera distinción que debe hacerse es entre el allanamiento de morada y la usurpación de un inmueble. Es decir, que entrar sin autorización en la vivienda en la que reside una persona no es lo mismo que ocupar un piso vacío que no constituye morada de nadie. Y tampoco son idénticas las actuaciones que pueden llevarse a cabo para recuperar el inmueble.

El artículo 202 del Código Penal regula el delito de allanamiento de morada, que castiga con penas de prisión de seis meses hasta cuatro años de máxima a quien, sin habitar en ella, entre en una morada ajena o permanezca en ella contra la voluntad de su morador. La norma protege la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de quienes lo habitan. Aquí lo importante es la relación de la vivienda con la vida privada de sus moradores y las circunstancias concretas de los hechos.

Si una persona vuelve del supermercado y descubre que alguien ha entrado sin permiso en su domicilio, puede llamar a la Policía o a la Guardia Civil y denunciar lo ocurrido. Los agentes deberán valorar la situación y las pruebas disponibles. Cuando existen indicios de un delito flagrante, los agentes pueden actuar de inmediato sin esperar a que termine un procedimiento judicial de desahucio.

Sin embargo, no todos los casos se resuelven en el momento. La actuación dependerá de las circunstancias, de la información que puedan comprobar los agentes y de si existen elementos que permitan acreditar la comisión del delito. Si los hechos no están claros y no se puede llegar a una conclusión inmediata, puede ser necesaria la intervención judicial.

Una vivienda vacía plantea otro escenario

Algo distinto ocurre cuando se trata de una vivienda que no constituye morada. En estos casos puede entrar en juego el artículo 245.2 del Código Penal, que castiga con una multa de tres a seis meses a quien ocupe sin autorización un inmueble ajeno que no constituya morada o permanezca en él contra la voluntad de su titular.

Aquí el bien jurídico no es el mismo. Mientras que el allanamiento afecta a la inviolabilidad de la morada, la usurpación protege la posesión y el disfrute pacífico del inmueble. Por eso, no basta con afirmar que alguien ha entrado en una casa, sino que hay que determinar qué tipo de inmueble es, cómo se produjo la entrada y qué circunstancias concurren.

Cuando se trata de una vivienda vacía, la recuperación de la posesión puede exigir actuaciones judiciales, y el tiempo necesario dependerá de las pruebas, la identificación de los ocupantes, las circunstancias del procedimiento o de las decisiones que adopte el juzgado, entre otros factores.

Pagar un recibo tampoco da derecho a quedarse en la vivienda

Y, en el caso de que lo que se pague en la vivienda sean los recibos de luz, gas o agua, tampoco convertiría una ocupación ilegal en legítima. Abonar las facturas del propietario o contratar los suministros a nombre del ocupante no equivale a disponer de un contrato de alquiler ni acredita, por sí solo, que exista autorización para residir en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado, en su Instrucción 1/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado, abordó esta cuestión y recuerda que para apreciar el delito de usurpación debe concurrir la ausencia de un título jurídico que legitime la posesión, entre otros requisitos, además de contemplar la posibilidad de solicitar el desalojo cautelar cuando existan indicios sólidos de delito. Por tanto, pagar los suministros no constituye a ese título ni impide automáticamente que se solicite el desalojo.

En el caso de que exista un contrato de alquiler u otra autorización válida y surja después un conflicto entre las partes, la relación jurídica deberá analizarse para determinar el procedimiento adecuado para recuperar la vivienda. Pero ni los recibos de suministros ni el justificante de un pedido de comida garantizan al ocupante que pueda permanecer durante años en el inmueble.