El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación

El PP, que lidera la acusación popular en el ‘caso Leire Díez’, ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite al PSOE como persona jurídica investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. La solicitud se produce después de las últimas diligencias practicadas en la causa y de las declaraciones de dirigentes y trabajadores del partido, que, según la acusación, habrían confirmado que la formación sufragó gastos relacionados con la presunta organización investigada.

El escrito, presentado este 6 de octubre y al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que existen “sólidos indicios” de que la organización investigada utilizó medios operativos, logísticos y financieros del PSOE para sufragar los gastos derivados de sus actividades. La acusación atribuye esa utilización de los recursos del partido a Santos Cerdán, que habría actuado en su condición de secretario de Organización.

La iniciativa llega después de que el juez Pedraz haya ido estrechando el cerco sobre la financiación de las actividades investigadas. En junio, el magistrado reclamó los movimientos de varias cuentas del PSOE y del PSC correspondientes a 2024 y 2025 a petición de la UCO, dentro de las pesquisas sobre los pagos realizados a personas vinculadas a la causa. Además, en julio abrió una pieza separada económica para investigar específicamente determinados pagos y autorizó nuevas diligencias bancarias.

La UCO ya había señalado en uno de sus informes que el dinero utilizado para sufragar gastos de la trama, así como determinadas necesidades logísticas y de personal, procedía del PSOE y que los pagos de los que había podido obtener elementos de corroboración habían sido autorizados u ordenados por Cerdán. Entre las cantidades analizadas figuraban pagos relacionados con Leire Díez, 125.000 euros abonados al abogado Jacobo Teijelo y alrededor de 20.000 euros destinados a Crónica Libre.

Los pagos a Leire Díez y el papel de Cerdán

El escrito presentado por el PP se apoya precisamente en esos indicios para sostener que la eventual responsabilidad no debe limitarse a las personas físicas investigadas, sino que debe analizarse también la actuación del PSOE como persona jurídica.

La acusación recuerda que Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE y responsable de la oficina de cumplimiento normativo durante el periodo investigado, declaró como investigada ante Pedraz. También menciona las declaraciones de la presidenta del partido, Cristina Narbona, y de dos trabajadoras de la Secretaría de Organización que comparecieron como testigos. Según el escrito, sus testimonios habrían confirmado que el PSOE asumió gastos relacionados con la organización investigada por indicación de Cerdán.

En el caso de Leire Díez, la acusación detalla el sistema utilizado para canalizar algunos de los pagos. Según su versión, el PSOE abonó a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora cuatro facturas de 7.500 euros más IVA entre agosto y noviembre de 2024, mientras que la empresa pagó a Díez cuatro mensualidades de 4.000 euros netos. El escrito sostiene que el coste total de esa contratación era asumido por el partido.

La UCO ya había puesto el foco en esta operativa y en otra posterior mediante sociedades vinculadas al abogado Ismael Oliver. En enero de 2025, según el documento aportado por la acusación, Díez recibió 27.225 euros de Oliver Gruppe y posteriormente el PSOE habría reembolsado esa cantidad a través de otra sociedad. Para la acusación, estas operaciones permitían ocultar la relación económica directa entre el partido y Díez.

El escrito sostiene además que se confeccionaron documentos para dotar de apariencia legal a determinados pagos. En uno de los casos, la nota de encargo profesional fue firmada por Ana María Fuentes en representación del PSOE y fechada en septiembre de 2024, aunque la supuesta relación jurídica no se habría formalizado hasta febrero de 2025.

La propia gerente, sin embargo, situó en su declaración la responsabilidad de estas contrataciones en la Secretaría de Organización dirigida por Cerdán. Fuentes aseguró que era Cerdán quien ordenaba los encargos y confirmaba posteriormente que los servicios se habían prestado antes de ejecutar los pagos.

El escrito del PP también recoge gastos de desplazamiento y otros servicios logísticos sufragados por el partido. La acusación señala que el PSOE habría pagado vuelos, trenes, alquileres de vehículos y otros gastos de Díez y de personas vinculadas a la organización. También apunta que la exmilitante acudió en 22 ocasiones a la sede socialista de Ferraz, 18 de ellas para reunirse con Cerdán.

El dinero a Teijelo y el pago a Crónica Libre

Otro de los elementos que utiliza el PP para reclamar la investigación del PSOE como persona jurídica son los pagos al abogado Jacobo Teijelo. La acusación sostiene que el partido abonó 125.000 euros al letrado, investigado en la misma causa y al que el juez habría situado como responsable de una de las líneas de actuación de la organización, relacionada con los hidrocarburos. La UCO había identificado al menos tres facturas por ese importe y señaló que dos de ellas, de 26.500 euros cada una, no figuraban entre la documentación inicialmente aportada por el PSOE. Teijelo defendió ante el juez que el partido le había contratado para analizar la viabilidad de determinados procedimientos.

La otra pata de la petición afecta a Crónica Libre, medio relacionado con la investigación sobre Díez. El escrito atribuye al PSOE un pago de unos 20.000 euros mediante una campaña publicitaria durante las elecciones europeas de 2024 y sostiene que esa contratación no respondía a una finalidad publicitaria ordinaria. La cuestión ya había sido objeto de nuevas diligencias. En septiembre, una trabajadora de la agencia que gestionó la campaña declaró ante la UCO que la contratación de Crónica Libre no estaba justificada por su “escaso impacto o incidencia” y que la agencia no habría recomendado ese soporte. Otra testigo señaló que el PSOE llegó a plantear incrementar en 5.000 euros la cantidad destinada al medio, aunque finalmente no se ejecutó ese aumento.

La documentación incorporada a la causa recoge que la campaña terminó suponiendo un pago de 18.125,80 euros, IVA incluido, aunque el presupuesto inicial asignado era de 20.000 euros. La Fiscalía Europea llegó a solicitar información al juez para determinar si estos fondos podían afectar a intereses financieros de la Unión Europea.

La acusación popular sostiene ahora que ese dinero pudo estar relacionado con la financiación de las actividades de la organización investigada y reclama que se analice su encaje en los delitos de blanqueo, financiación ilegal y malversación. En concreto, el escrito considera que los indicios permitirían atribuir al PSOE los delitos de cohecho y tráfico de influencias y extender la investigación a blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación por los fondos destinados a Crónica Libre. La acusación recuerda que el artículo 31 bis del Código Penal permite exigir responsabilidad penal a una persona jurídica cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que el delito sea cometido por representantes o personas con facultades de organización y control, en nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio, y que no existieran medidas de control eficaces.