La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la directora gerente de la PSOE, Ana María Fuentes, como la personada encargada de “falsear dos notas de encargo profesional” en la trama que investiga si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez, exmilitante del partido, coordinaban “proteger los intereses” del PSOE.
Según la Unidad Central Operativa, que ahora ha sido levantado por el juez Santiago Pedraz como parte del sumario del caso Leire, los investigadores sostienen que Fuentes habría falseado estos encargos al que fue abogado de Koldo García, Ismael Oliver, a través de Estudio Juridico Oliver & Partners SL, y Jacobo Teijelo, exletrado de Santos Cerdán “con la finalidad de aparentar una relación comercial”.
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“En ambos casos, por parte del partido político se procedió a la contratación de servicios profesionales de carácter consultivo, destinados al asesoramiento y análisis de distintos asuntos de naturaleza jurídica”, recoge la UCO. Así, el informe apunta que ambas notas “habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados”.
El destino final de estos fondos, según constata la Guardia Civil, no era otro que sufragar las actividades de la organización criminal y canalizar el dinero. El atestado detalla minuciosamente el recorrido del dinero en ambos casos. Por un lado, a través del encargo firmado con Ismael Oliver, su despacho emitió el 24 de enero de 2025 una factura al partido por importe de 27.225 euros (22.500 euros más IVA).
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La receptora final de este dinero fue la propia Leire Díez, quien para cobrarlo emitió a su vez una factura por el mismo importe a otra empresa vinculada al abogado (Oliver Gruppe SL) justificándolo bajo el concepto mendaz de “elaboración de informes”.
Por otro lado, mediante esta misma operativa de “tramitación y facturación mendaz”, llevada a cabo con la participación de Díez y la connivencia de Santos Cerdán, el PSOE llegó a efectuar pagos al abogado Jacobo Teijelo por al menos 125.000 euros, sin incluir el IVA.
El objetivo, “instrumentalizar” las defensas
Pero la contratación de estos letrados escondía un segundo propósito más allá de la vía de financiación. La trama buscaba introducir a estos abogados en las defensas de los principales imputados por corrupción.
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En el caso de Ismael Oliver, la organización lo designó expresamente para que asumiera la defensa letrada de Koldo García. Según la UCO, el objetivo era “instrumentalizar” esta defensa y utilizarla como plataforma para “dirigir denuncias contra la Unidad Central Operativa que posteriormente eran difundidas en medios de comunicación”, ejecutando así una estrategia premeditada de descrédito y entorpecimiento.
Por su parte, Jacobo Teijelo actuaba como asesor jurídico. Aprovechando su papel como abogado defensor en causas de fraude de hidrocarburos —como la del capitán de la Guardia Civil investigado, Juan Sánchez Yepes—, facilitó a la trama información de naturaleza jurídica y propició encuentros para obtener datos comprometedores que permitieran “desacreditar o hacer caer las referidas causas”.
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