“Maricarmen somos todos” o por qué es más probable sufrir un desahucio que una okupación: el dato que saca los colores a la agenda política (y televisiva)

Más de 10.000 personas se reunieron este miércoles frente al ático de Isabel Díaz Ayuso en Madrid al grito unánime de “¡Maricarmen somos todos!”. La imagen de una mujer de 87 años sacada en camilla de su casa tras 71 años viviendo en ella ha llenado portadas, pantallas de televisión y redes sociales. Sin embargo, resulta irónico comprobar cómo las noticias sobre su desalojo comparten espacio publicitario con anuncios de cámaras de videovigilancia y alarmas antiokupación.

Y es que las cifras del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmontan esa percepción: los lanzamientos practicados en España en 2025 multiplicaron por casi 14 los procedimientos civiles iniciados por ocupación ilegal. En otras palabras: la amenaza real no está en que alguien entre a tu hogar mientras sales a comprar el pan, sino en la llegada de una carta certificada de un fondo inversor notificándote que tu alquiler pasa a ser inasumible, y terminar siendo, de la noche a la mañana, la siguiente Maricarmen.

El pánico a la ‘okupación’ se ha instalado como un temor cotidiano. Nos empuja a blindar la puerta con alarmas y cerrojos para proteger lo que, para muchos, es el trabajo de toda una vida. Según la OCU, hasta un 34% de los españoles lo considera como un problema muy importante. En contraste, cuando el CIS pregunta por preocupaciones personales, la cifra se reduce apenas a un 2%, mientras que la crisis de la vivienda y la imposibilidad de acceder a un techo encabezan las mayores preocupaciones del país, llegando a rozar el 40% entre la población joven.

A esta paradoja entre la percepción y el problema real se suman los datos del INE. Aunque España ha sido históricamente un país de propietarios, la cifra no deja de caer y ya se sitúa en el 73%, desplomándose hasta un 31% en el caso de los jóvenes menores de 35 años. La realidad de muchas personas es sobrevivir asfixiadas por el alquiler, con uno de cada cinco hogares al límite para pagar su techo cada mes al destinar más del 40% de sus ingresos solo a la vivienda y los suministros básicos.

Las leyes actuales lo permiten

Como denuncian los colectivos por el derecho a la vivienda, el caso de Maricarmen ocurrió porque “las leyes actuales lo permiten”. A sus 87 años y con un 50% de discapacidad, pagaba religiosamente sus 500 euros de renta antigua. Todo cambió cuando la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones adquirió el inmueble del barrio de Retiro y decidió exigirle más de 2.000 euros al mes. Ni la mediación de activistas, ni el apoyo del Sindicato de Inquilinas, ni la oferta de una conocida escritora para pagarle el alquiler de forma vitalicia sirvieron de nada.

El mismo día de su desalojo, mientras decenas de activistas eran arrastrados por la policía por intentar hacer un cordón humano en el portal, a pocos kilómetros, en Vallecas, David y su hijo de 21 años eran expulsados del piso en el que habían vivido más de dos décadas tras ser adquirido por otro fondo buitre. Casos que recuerdan dolorosamente al de Olga, la vecina de 54 años de L’Hospitalet que terminó quitándose la vida este septiembre tras un calvario de desahucio y el abandono institucional tras la compra de su casa por un fondo de inversión.

Ante este estallido de indignación social, el Gobierno intenta acelerar a toda prisa la aprobación del Real Decreto de Vivienda, una norma presentada en julio que buscaba suspender de urgencia los desahucios de familias vulnerables, un texto que se quedó atascado meses atrás en el Congreso por falta de apoyos y cuya entrada en vigor habría evitado que Maricarmen o David terminaran en la calle.

Hoy es Maricarmen, mañana podrías ser tú

Estos casos a menudo se observan con cierta distancia desde las pantallas, como si la problemática fuera ajena o irreal. Pero las miles de personas que salieron a las calles este miércoles lo tienen claro: la línea que separa la estabilidad de la intemperie es cada vez más fina. Lo demuestran las cifras del último balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que contabilizó 25.540 lanzamientos practicados en España en 2025. Aunque suponga un descenso del 11% respecto al ejercicio anterior, detrás de esa estadística hay miles de familias quebradas, personas mayores expulsadas de los barrios donde han vivido siempre y colectivos vulnerables dejados sin alternativa habitacional.

El desglose judicial desvela la verdadera naturaleza del problema: 18.317 desahucios (el 71,7%) procedieron de la Ley de Arrendamientos Urbanos, vinculados directamente al impago o la finalización del contrato de alquiler; 4.346 (el 17%) derivaron de ejecuciones hipotecarias y 1.877 de otras causas. En un contraste abrumador, en ese mismo periodo tan solo se registraron 1.845 juicios verbales por ocupación ilegal en todo el país —con un descenso del 20,1% respecto al año anterior—, concentrados principalmente en Cataluña (377), Andalucía (339), la Comunitat Valenciana (212) y Madrid (190).

3,8 millones de casas vacías

El dato de 1.845 causas por ‘okupación’ en todo 2025 resulta insignificante al situarlo frente al panorama general de la vivienda en España. Según el INE, en el país existen 26,8 millones de viviendas, de las cuales más de 3,8 millones se encuentran completamente vacías. Al mismo tiempo, datos del Banco de España y del Ministerio de Vivienda estiman que los grandes tenedores —bancos, socimis y fondos de inversión— acumulan entre 400.000 y 500.000 propiedades, a las que se suman sociedades de inversión local como Urbagestión, propietaria del piso del que acaba de ser expulsada su inquilina de 87 años.

Tras ser atendida en el hospital y rechazar la oferta inicial de una plaza de emergencia en una residencia de ancianos, Maricarmen vivirá temporalmente con sus familiares a la espera de una alternativa digna. Su caso ha encendido una mecha de indignación social en las calles, pero sus palabras la noche antes de ser sacada en camilla de su hogar quedan como un mandato colectivo, que por el momento recorrerá las calles de España con futuras concentraciones: “Por favor, ¡luchad, no os quedéis en casa! ¡Luchad por vuestra vivienda, porque tenemos derecho a ella!”.