El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

El Partido Popular llevará la próxima semana al Congreso de los Diputados su proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, con la que pretende, entre otras medidas, agilizar los trámites de desarrollo urbanístico y permitir a empresas, bancos y fondos de inversión que puedan acudir a juicios verbales para recuperar viviendas okupadas de forma rápida.

La iniciativa, ya aprobada previamente en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, será defendida ahora en la Cámara Baja para su debate y votación. La proposición va más allá del ámbito urbanístico tradicional y plantea cambios directos en la Ley de Vivienda de 2023, impulsada por el Partido Socialista y Unidas Podemos.

Entre sus puntos centrales figura la derogación de las zonas de mercado residencial tensionado y del sistema estatal de precios de referencia de alquiler, con el argumento de que estas medidas resultan perjudiciales para el mercado inmobiliario.

Librarse de los okupas

Uno de los apartados más relevantes de la propuesta consiste en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El objetivo es permitir que las personas jurídicas, entre las que se incluyen empresas, bancos y fondos de inversión, puedan solicitar juicios verbales para exigir la recuperación inmediata de la posesión de viviendas okupadas sin consentimiento. Actualmente, esta vía está reservada casi exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro.

El PP argumenta que este cambio agilizaría los procesos de desahucio en casos de okupación. Además, la iniciativa ajusta los plazos legales vinculados al desalojo: en situaciones en las que el demandante es una persona física, el plazo máximo de suspensión del procedimiento por vulnerabilidad social pasará de dos meses a uno, y de cuatro a tres meses cuando el propietario sea una persona jurídica.

Otro de los cambios afecta al umbral de vulnerabilidad económica para frenar desahucios: el límite de ingresos familiares se reduce de tres veces el IPREM a 1,5 veces (unos 900 euros mensuales), lo que restringe el acceso a la consideración de hogar vulnerable, según se desprende del texto de la proposición.

Agilizar trámites urbanísticos y novedades en licencias

En el terreno urbanístico, la propuesta introduce el silencio administrativo positivo para nuevas construcciones. Si la administración no se pronuncia en un plazo de tres meses, la licencia se considerará concedida, siempre que no se trate de edificios con protección histórica o ambiental, donde el silencio será negativo.

Esta medida pretende acelerar la tramitación de obras de nueva planta y reformas que impliquen cambios sustantivos en la volumetría, estructura o uso de los edificios.

La reforma también busca limitar la nulidad en cascada de los desarrollos urbanísticos, de forma que un fallo subsanable no invalide la totalidad del proyecto. Este aspecto coincide en parte con la Ley del Suelo pactada por el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque la propuesta popular introduce modificaciones adicionales y deroga algunos puntos clave de la regulación vigente.

En cuanto a la protección medioambiental, la proposición elimina referencias consideradas redundantes en la Ley del Suelo de 2015, remitiendo la evaluación ambiental a la normativa específica de 2013 y 2006.

Plataforma digital y límites a la acción pública

El texto contempla la creación de una plataforma digital para agilizar la emisión de informes sectoriales, con el objetivo de coordinar de manera más eficiente las administraciones autonómicas y locales en la tramitación urbanística.

La interoperabilidad entre plataformas se plantea como una vía para alcanzar mayor coordinación y reducir la burocracia en la gestión urbanística, según detalla el documento.

Otro punto destacado es la limitación de la acción pública: se establece que tanto personas físicas como jurídicas no podrán impugnar los instrumentos de planeamiento urbanístico sólo con el objetivo de obtener un beneficio económico personal, sin defender un interés colectivo. Esta medida ya figuraba en la propuesta rechazada en el Congreso, fruto del acuerdo entre el PSOE y el PNV.

La proposición de ley también modifica el plazo máximo para impugnar indirectamente normas de ordenación territorial, que queda en cuatro años. Además, se reconoce a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la capacidad para aprobar definitivamente sus instrumentos urbanísticos, previa revisión de la Administración General del Estado.