El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

La documentación incorporada por el exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conocía, antes de aprobar el rescate de 53 millones de euros, que la aerolínea mantenía deudas con acreedores internacionales que podían beneficiarse de forma indirecta de la ayuda pública.

Un correo del 27 de noviembre de 2020, remitido por José Ángel Partearroyo, entonces director de Participadas de la SEPI, preguntó a Roselli y al expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola, qué empresas de una relación previa tenían una deuda relevante con la aerolínea y podían resultar beneficiadas por la eventual concesión de apoyo temporal.

La consulta se produjo más de tres meses antes de que el Consejo de Ministros autorizara, el 9 de marzo de 2021, el rescate para la empresa aérea. Según la documentación presentada por Roselli, Plus Ultra obtuvo cinco préstamos puente mientras esperaba la resolución del expediente ante la SEPI.

Los préstamos puente de Plus Ultra

Wailea Investment Limited prestó 500.000 dólares el 28 de octubre de 2020. Allpa Wira Trading UK Limited aportó otros 500.000 dólares el 20 de noviembre de ese año. Después llegaron un préstamo de 450.000 euros de Panacorp Casa de Valores S.A., fechado el 4 de enero de 2021, y dos créditos de 450.000 euros cada uno de Valerian Corporation Limited, concedidos el 29 de enero y el 26 de febrero.

En total, la financiación puente ascendió a 900.000 euros y 1 millón de dólares, según los contratos cuya autenticidad reivindica ahora la representación del exdirectivo. El escrito sostiene que esos créditos formaban parte de las deudas que Plus Ultra declaró ante la SEPI durante el análisis del rescate. También afirma que la estructura definitiva del préstamo público contemplaba el pago de esas obligaciones, junto con rentas pendientes a favor de Modus Securitisation, una sociedad radicada en Luxemburgo.

La conversación entre los directivos de la aerolínea y la SEPI había comenzado un día antes. Partearroyo solicitó los datos de los principales acreedores y arrendadores de la empresa para revisar posibles conflictos de interés vinculados con el proceso de asesoramiento.

En la relación aparecían, entre otras entidades, la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con casi 4,7 millones de euros pendientes; Modus Securitisation, con una deuda de 522.372 euros; y otros proveedores internacionales.

Roselli respondió que podía enviar una lista con las compañías que mantenían los mayores saldos pendientes de cobro. La documentación aportada ahora busca acreditar que el organismo público tuvo conocimiento previo de que parte de la ayuda podía destinarse, de forma indirecta, a atender esas obligaciones.

La existencia de acreedores no implica, por sí sola, una irregularidad en la concesión del rescate. La cuestión que queda planteada es qué información verificó la SEPI, qué documentación recibieron sus asesores y bajo qué condiciones admitieron que esos préstamos figuraran entre las deudas de la compañía.

Roselli cuestiona los contratos remitidos desde Suiza

La nueva presentación ante el juzgado añade una discrepancia sobre los documentos vinculados con esa financiación internacional. La defensa de Roselli señala que algunos contratos recibidos desde Suiza a través de una comisión rogatoria no coincidirían con los que él entregó a la causa.

El exconsejero delegado sostiene que parte de esa documentación sería “inauténtica” y que incluiría firmas de Martínez Sola supuestamente repetidas para presentar como reales operaciones que no habrían existido.

La defensa identifica contratos atribuidos a Wailea Investment Limited y Allpa Wira Trading UK Limited. Según su versión, esos documentos habrían partido de modelos vinculados con Valerian Corporation Limited, con cambios posteriores en las fechas, las sociedades y las firmas.

El escrito no atribuye la posible manipulación a una persona concreta. Tampoco establece que los documentos cuestionados fueran los que la SEPI examinó durante la tramitación del rescate. Roselli aportó esta documentación después de que la Fiscalía advirtiera diferencias entre los contratos entregados por su defensa y otros incorporados a la causa desde el extranjero.

La controversia se centra, entre otros puntos, en una emisión de bonos de Plus Ultra de 2019. La representación del exdirectivo sostiene que algunos documentos pretendían mostrar que varias de las sociedades prestamistas participaron en esa operación, cuando solo Valerian habría intervenido en ella.

El expediente judicial también ha revelado problemas en la reconstrucción documental del rescate. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dejó constancia de que parte de la información remitida por la SEPI estaba incompleta, con carpetas vacías, archivos que no podían abrirse y diferencias entre dos entregas de documentos.

La investigación busca determinar qué elementos estaban disponibles para los responsables de la SEPI y sus asesores cuando se aprobó la ayuda pública. José Ángel Partearroyo ha sido citado como testigo para declarar el 19 de noviembre.