El caso de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desahuciada por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa donde vivió durante 70 años, ha vuelto a exponer la crisis de vivienda que atraviesa España tras doce años ininterrumpidos de subida de precios y donde los hogares cada vez destinan una mayor proporción de sus ingresos a acceder a una vivienda o conservarla. Unos precios que suben mucho más que los sueldos, porque ya no basta con tener empleo para poder acceder a un alquiler o a la compra de un piso. De hecho, según datos del Banco de España, comprar una vivienda media en España exige destinar más de siete años de salario completo, si bien en lugares como Madrid y Baleares el esfuerzo es mucho mayor: reunir solo la entrada requiere casi cuatro años de sueldo y pagarla al completo supone unos 15 años de ingresos.
Las muestras de solidaridad y apoyo a Maricarmen se extendieron este miércoles por distintos puntos de España. Unas 10.000 personas se manifestaron en Madrid frente al polémico inmueble que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por seis millones de euros en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la capital, y que ahora está a la venta. Allí los manifestantes coreaban “el ático de Ayuso para Maricarmen” mientras agitaban llaves en alto para reclamar vivienda digna: “¡Maricarmen somos todos!” o “Ayuso dimisión” fueron algunas de las consignas que se escucharon en una protesta que fue convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales. Aunque también hubo numerosas críticas al Ejecutivo central, al que tacharon de “hipócrita” y “rentista”. “¿Dónde está el Gobierno progresista?“, se preguntaban muchos manifestantes.
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En Barcelona y Oviedo también hubo concentraciones. En la ciudad condal, centenares de personas corearon “Maricarmen no estás sola” para protestar contra su desahucio o “fuera del barrio especuladores” y es que, según recordó a la prensa la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, el caso de esta vecina madrileña se suma al de dos mujeres vulnerables desahuciadas en los últimos días en Cataluña. De hecho, el sindicato ha advertido que si el Ejecutivo central no aprueba la próxima semana el real decreto ley sobre vivienda con medidas antidesahucios “llamarán a la huelga general”.
En Oviedo, unas 200 personas se concentraron en señal de solidaridad con Maricarmen frente a la Delegación del Gobierno en Asturias y al grito de “no toleramos un desahucio más” y “rentistas culpables, Gobierno responsable”.
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Las leyes actuales “han permitido el desahucio” de Maricarmen
Desde los colectivos que defienden el derecho a la vivienda recuerdan que el desalojo de Maricarmen se ha producido porque “las leyes actuales lo permiten”, pese a que se trata de una persona vulnerable, con un 50% de discapacidad por problemas de movilidad y sin alternativa habitacional.
Recuerdan que la protección extraordinaria contra los desahucios, vigente desde la pandemia mediante sucesivas prórrogas, dejó de aplicarse en febrero de 2026. El Congreso rechazó entonces renovarla, con los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox, por que desde ese momento, las familias y personas vulnerables sin alternativa habitacional pueden ser desalojadas.
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A sus 87 años, Maricarmen ha sido desahuciada de la casa en la que vivió durante 71 años en el barrio madrileño de Retiro. A pesar de las movilizaciones vecinales y una petición de la ONU, la comisión judicial ejecutó el desalojo.
Presión sobre el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda
El Gobierno presentó en julio un nuevo decreto de vivienda que obligaba, entre otras medidas, a suspender esos desahucios de personas vulnerables, pero la propuesta no salió adelante: Junts y Podemos plantearon objeciones por motivos distintos y a ello se sumó la crisis de Ceuta, que llevó al Ejecutivo a posponer la aprobación, prevista inicialmente para este mes de septiembre. Los colectivos sociales sostienen que, de haber entrado en vigor esa norma, el desahucio de Maricarmen no se habría ejecutado.
Este desalojo y las movilizaciones que se han producido han reabierto la presión sobre el Ejecutivo, además de que Sumar, socio del Gobierno, también ha reclamado que el decreto ley sobre vivienda se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes. La norma, sin embargo, deberá ser convalidada por el Congreso, donde necesitará el respaldo de los grupos parlamentarios.
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El plan de ayudas que prepara el Gobierno contempla mantener suspendido el desahucio de las personas vulnerables que, tras cuatro meses, todavía no dispongan de una alternativa habitacional. La medida no eliminaría el procedimiento de forma indefinida: lo aplazaría hasta que la administración competente ofreciera una solución. Durante ese tiempo, los costes derivados de la suspensión correrían a cargo de la administración, no del propietario.
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