La ley machista del franquismo que ha propiciado el desahucio de Maricarmen y cómo el sistema actual “favorece a quienes especulan”

En España se producen miles de desahucios al año, pero pocos como el de Maricarmen de este miércoles han visibilizado el problema de vivienda que atraviesa el país y que afecta, especialmente, a personas en situación de vulnerabilidad. Pese al amplio apoyo vecinal y social que ha recibido esta vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro, que ha vivido en la misma casa durante siete décadas, finalmente fue desalojada al cuarto intento por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones, propietario del piso desde 2018, entre gritos de los manifestantes de “no estás sola” y un enorme despliegue policial en el que hubo cargas y lanzaron gas pimienta.

Los colectivos que defienden el derecho a la vivienda denuncian que la legislación no protege a los inquilinos frente a la especulación inmobiliaria y reclaman la aprobación del real decreto ley de vivienda que el Gobierno no llevó al Consejo de Ministros en julio por falta de apoyos parlamentarios. La normativa prevé, entre otras medidas, regular los alquileres por habitaciones y reforzar la protección antidesahucios, por lo que también se habría evitado el de Maricarmen, aseguran. Porque no ha importado que tenga 87 años, problemas de movilidad que la obligan a utilizar silla de ruedas o que no cuenta con familiares directos. Tampoco se ha considerado que el conflicto tiene su origen en el contrato de renta antigua que firmó su padre en 1956, bajo una legislación franquista que dejaba a las mujeres en una posición jurídica desigual dentro de la familia. Incluso la ONU se pronunció sobre el caso y aconsejó que se paralizase para evitar un daño irreparable, pero tampoco ha servido de nada.

Para Alejandra Jacinto, fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y abogada del Sindicato de Inquilinas, el desahucio de Maricarmen refleja las fallas de un sistema que favorece a quienes especulan con la vivienda por encima de personas en situación de vulnerabilidad. “Este caso evidencia que el sistema no funciona, que está construido y apuntalado para que quienes especulan se salgan con la suya y la gente corriente, gente que puede ser la abuela de cualquiera de nosotros, se la pueda echar de su casa de una forma tan violenta y sin que haya ningún tipo de garantía por parte del Estado de derecho ni ninguna respuesta a la altura por parte de las administraciones públicas. Es lamentable”, señala a Infobae.

Jacinto reprocha la inacción del Gobierno central, que, a su juicio, “llega tarde y no interviene”, al tiempo que cuestiona las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, cuyo “programa político es a favor de que esto suceda”.

El fondo no aceptó negociar

Maricarmen ha sido desalojada, además, pese a que nunca dejó de abonar los 450 euros mensuales de alquiler. Tras la compra del inmueble por parte de Urbagestión, la empresa le planteó dos alternativas: adquirir la vivienda por 250.000 euros o asumir una renta de 1.650 euros al mes, una cantidad inasumible con su pensión de 1.450 euros. El fondo no aceptó negociar un alquiler social ni la propuesta de una persona que se ofreció a pagar la renta de Maricarmen, a quien ni siquiera han concedido unos días para sacar sus pertenencias con calma.

En ese sentido, Jacinto sostiene que el desahucio ha sido posible porque, a día de hoy, “no hay leyes en vigor en este país que impidan que ese tipo de situaciones se produzcan”. “Estamos expuestos a que un fondo buitre considere que tu piso es muy jugoso y que tú ya no eres rentable y te puedan echar como a un perro a la calle”, añade la abogada.

Contrato que data del franquismo, cuando las mujeres no podían ser titulares

El caso de Maricarmen tiene además una particularidad: el contrato de renta antigua lo firmó únicamente su padre en 1956 durante la dictadura franquista, ya que la legislación no reconocía a las mujeres la misma posición jurídica que a los hombres dentro de la familia. Su padre figuraba como único titular del alquiler y, cuando murió, el contrato se subrogó en la madre. Al fallecer la mujer en 2005, Maricarmen pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, aunque la propiedad de entonces respetó su renta antigua, con subidas anuales que se actualizaban en base al IPC.

La situación, sin embargo, cambió por completo cuando Urbagestión adquirió el piso en 2018, ya que alegaba que el contrato se subrogó dos veces y que, por tanto, era ilegal. En 2020 comenzó un proceso legal, después de que Maricarmen no pudiera acceder ni a la compra del piso ni a ese alquiler de 1.650 euros que le proponían, mientras que el resto de los apartamentos del bloque se alquilan por unos 2.650 euros.

“Si ese primer contrato lo hubiera firmado también la madre, la situación de Maricarmen habría sido muy diferente, porque no tendría que haber perdido su casa”, señala Jacinto. La abogada sostiene que una cuestión técnica, heredada de una legislación que situaba a las mujeres en una posición subordinada, ha terminado por pesar más que las circunstancias de Maricarmen.

La conclusión de la abogada es que las administraciones deben limitar la actuación de los especuladores cuando no existe una solución habitacional para el inquilino. “Si a los especuladores les da igual todo, tendrán que ser los gobiernos los que le pongan freno. Y si no lo hacen, tendrá que ser el pueblo”, concluye.