El coro infantil del ‘Valle de los Caídos’ abre una nueva batalla cultural por la memoria democrática entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez

El Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid se reúne este 29 de septiembre con un punto del día importante: si se abre o no expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) dos coros infantiles: la Escolanía del Escorial y la Escolanía del Colegio Santo Domingo de Silos en San Lorenzo de El Escorial. Aunque el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso defiende la iniciativa con el objetivo de “mantener tradiciones milenarias ligadas a la vida monacal de la historia europea”, el trasfondo es mucho más político y esconde una ‘batalla’ cultural: la ley de memoria democrática y la intención del Ejecutivo central de Pedro Sánchez de realizar una profunda transformación jurídica en el conocido como Valle de los Caídos (ahora bautizado como Cuelgamuros).

El blindaje de las escolanías como BIC puede influir en el proceso abierto por el Gobierno central para “resignificar” el Valle, ya que uno de estos coros está estrechamente relacionado con la congregación de monjes benedictinos que habitan en Cuelgamuros.

Las dos escolanías son coros litúrgicos compuestos por niños en edad escolar, adscritos a iglesias o monasterios y cuya actividad está orientada principalmente al canto sacro con un fin litúrgico. “El origen de las escolanías se remonta a la Alta Edad Media, manteniendo tradiciones milenarias ligadas a la vida monacal de la historia europea y siendo depositarias de un repertorio musical de gran riqueza histórica y artística, habiendo contribuido en gran manera a mantener viva en la Comunidad de Madrid la interpretación del canto gregoriano, las polifonías renacentistas y barrocas y otros estilos sacros hasta el presente”, argumenta la Consejería de Cultura.

En realidad, se pretende reunir bajo una misma declaración dos realidades cuya historia y origen son profundamente diferentes. La tradición de niños cantores de El Escorial se remonta a 1567, cuando Felipe II instituyó un colegio y seminario para niños vinculado al monasterio. La institución conoció después importantes interrupciones históricas, incluida su desaparición tras la desamortización de Mendizábal, y la actual escolanía fue refundada por los agustinos en 1974. Luego, por otra parte, está la otra Escolanía, la de Santo Domingo de Silos, que tiene una historia diferente porque se fundó en 1958 en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz en San Lorenzo de El Escorial. “No es la continuación de una tradición secular propia de aquel lugar. Es una institución creada en el siglo XX como parte del proyecto religioso, político e institucional del entonces denominado ‘Valle de los Caídos’”, explica la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que votará en contra. “No porque considere que las escolanías, la música coral o las tradiciones vinculadas a ellas no puedan constituir patrimonio cultural merecedor de protección. Todo lo contrario. Proteger el patrimonio exige rigor: determinar qué bien se protege, acreditar sus valores culturales, reconstruir su historia, reconocer a la comunidad que lo considera parte de su patrimonio y establecer medidas proporcionadas para garantizar su salvaguarda y transmisión”, afirma Torija.

Parte del entramado franquista

El Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y articuló la presencia de una comunidad benedictina. Entre las funciones vinculadas a ese modelo figuraban el culto, la Escolanía, el Centro de Estudios Sociales, la Biblioteca, los ejercicios espirituales y la Hospedería. La Escolanía de Cuelgamuros no nació aisladamente. Formaba parte de un entramado institucional mucho más amplio. Por su parte, la Comunidad de Madrid aprobó en 2023 una nueva Ley de Patrimonio Cultural. En su artículo 17 se definen las categorías del patrimonio inmaterial y establece que tendrán esa consideración “las artes del espectáculo, en especial la danza y la música, escolanías y coros tradicionales, así como las representaciones y juegos tradicionales”.

“¿Por qué se consideró necesario singularizar específicamente las escolanías dentro de las artes del espectáculo y la música?, ¿de dónde procede esa incorporación?, ¿no estará relacionado con una manera de hacer oposición directa contra la Ley de Memoria Democrática aprobada en el 2022 y que transforma el régimen jurídico de Cuelgamuros, declara extinguida la Fundación y ordena establecer un nuevo marco jurídico para el recinto?“, se preguntan desde Más Madrid. Ayuso prometió en el Debate del Estado de la Región de 2024 que iba a proteger las Escolanías, pero no volvió a mencionar este tema hasta que de repente el Consejo Regional lo ha incluido en el punto del día de su reunión del 29 de septiembre.

Cuelgamuros está inmerso en una profunda transformación jurídica. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, sustituyó oficialmente la denominación “Valle de los Caídos” por “Valle de Cuelgamuros” y lo configuró como lugar de memoria democrática. La ley declaró además extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por considerar sus fines incompatibles con los principios y valores constitucionales. Esa extinción culminará con la entrada en vigor de otro real decreto que establezca el nuevo marco jurídico del recinto. Mientras llega ese nuevo marco, Patrimonio Nacional continúa transitoriamente ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación y preparando su liquidación.

“No es una coincidencia temporal”

“Estamos ante un modelo institucional creado durante la dictadura que se encuentra jurídicamente en proceso de desmontaje y sustitución por otro. Y esto importa extraordinariamente para la cuestión que debe votar el Consejo porque la Escolanía de Cuelgamuros nació precisamente dentro de ese modelo. Formaba parte de un entramado institucional. Precisamente cuando ese entramado está siendo jurídicamente transformado, la Comunidad de Madrid decide proteger patrimonialmente uno de sus elementos. No estamos ante una mera coincidencia temporal”, explica otro de los vocales que pide anonimato.

En abril de 2025, Vox presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la defensa del entonces denominado Valle de los Caídos y su declaración como Bien de Interés Cultural. Pedía declarar BIC la Abadía, la Hospedería, la Escolanía y la Basílica. Vox explicó abiertamente para qué quería utilizar la protección patrimonial. La misma iniciativa reclamaba cesar cualquier actuación dirigida a la resignificación de Cuelgamuros, desistir del proyecto de intervención e impulsar cambios legislativos para dejar sin efecto la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La argumentación de Vox era además explícita: presentaba la declaración BIC como uno de los instrumentos disponibles para impedir la transformación prevista en Cuelgamuros. Ahora Ayuso imita los objetivos de Vox con la apertura de este expediente.

¿Tiene la Comunidad de Madrid competencia para abrirlo? La respuesta de Más Madrid es no. La propia ‘Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid’ establece en su artículo 1.3: “No se aplicará la presente Ley a los bienes del Estado cuya competencia no corresponda a la Comunidad de Madrid de acuerdo con la normativa estatal en materia de patrimonio histórico”. Y la misma ley, cuando atribuye a la Comunidad de Madrid la capacidad de incoar, instruir y declarar Bienes de Interés Cultural, salva expresamente aquellos cuya declaración corresponda al Estado.

La Comunidad de Madrid tiene competencias para proteger una manifestación cultural inmaterial desarrollada en su territorio. Pero la resolución que se lleva al Consejo pide proteger también los bienes inmuebles relacionados con las Escolanías: la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde los escolanos cantan la misa; las dependencias de la Escolanía en el Monasterio; el Real Colegio Alfonso XII; la Basílica de la Santa Cruz; el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos; el monasterio de la Abadía de la Santa Cruz; la Hospedería de la Santa Cruz; instrumentos musicales, vestuario...

La resolución que presenta la Consejería de Cultura también permite la posibilidad de financiar regularmente con dinero público estos hipotéticos futuros BIC. Y en Cuelgamuros la cuestión adquiere una dimensión especialmente delicada. El Ministerio de Cultura aún no se ha pronunciado sobre su voto en esta cuestión. Tampoco Patrimonio Nacional. Se espera que sus vocales voten en contra. Además, ¿puede acabar financiando la Comunidad de Madrid, bajo la cobertura de la salvaguarda del patrimonio inmaterial, estructuras o actividades vinculadas al entramado institucional de Cuelgamuros precisamente cuando el Estado está modificando su régimen jurídico? Es lo que quieren estudiar con detalle algunos de los integrantes de la Comisión Jurídica.

Si se aprobase el inicio del expediente, la normativa regula un periodo de doce meses para que se declare BIC. Mientras se abre un plazo de audiencia pública para que las administraciones competentes puedan presentar alegaciones. La incoación del expediente, no obstante, implica que las dos escolanías (la del monasterio y la de Cuelgamuros) gozarán de la misma protección jurídica como si ya estuvieran declaradas BIC. Durante esos doce meses de alegaciones. Luego la declaración de BIC se puede aprobar definitivamente o rechazar.