
Pese al amplio apoyo vecinal y social que centenares de personas han brindado a Maricarmen, la mujer de 87 años que ha vivido siete décadas en la misma casa en el distrito madrileño de Retiro con un contrato de renta antigua, finalmente ha sido desahuciada en la mañana de este miércoles. Este era el cuarto intento de desalojo impulsado por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró su piso en 2018 y que no aceptaba negociar un alquiler asequible, porque, como pensionista, no podía asumir los 1.650 euros mensuales que le pedían. A Maricarmen, que ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un hospital, no le han concedido ni unos días para poder recoger sus pertenencias y solo ha podido llevarse lo imprescindible.
La mujer, que ha sufrido un visible deterioro de salud durante todo este proceso y ahora utiliza silla de ruedas por sus problemas de movilidad, no tiene familia directa y ahora se queda sin hogar. El Ayuntamiento de Madrid le ofreció una plaza en una residencia, pero la ha rechazado, porque su único deseo era seguir viviendo en la casa que compartió con sus padres y morir tranquila en ella. Durante todo este tiempo, además, Maricarmen no ha dejado de pagar su alquiler.
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El fondo Urbagestión no solo se ha negado a negociar un alquiler social para Maricarmen, sino que también ha rechazado la oferta de una persona que se había ofrecido a pagar la renta.
Pasadas las 7:00 de la mañana, los cuerpos de seguridad han levantado las tiendas de acampada situadas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, que han permanecido allí durante toda la noche para apoyar a Maricarmen, y poco después se han producido las primeras cargas policiales en medio de un amplio dispositivo con numerosos agentes antidisturbios y más de diez furgones. A las 9:30 horas la tensión ha aumentado tras la llegada de la comisión judicial, mientras activistas y vecinos gritaban “el ático de Ayuso para Maricarmen”, “fuera fondos buitres de nuestros barrios” o ”no se marcha".
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Los agentes han golpeado a los manifestantes en múltiples ocasiones y han lanzado gas pimienta “La violencia policial ha sido tremenda”, ha denunciado el sindicato y, de hecho, los agentes han derribado la puerta del portal de Maricarmen a mazazos.
El desahucio finalmente se ha ejecutado cerca de las 13:00 horas, después de que los abogados de Maricarmen hayan tratado de negociar con la jueza y la propiedad.
Están accediendo al portal a mazazos. pic.twitter.com/F0h36PQwrK
— Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) September 23, 2026
El Ministerio de Vivienda ha mediado para poder adquirir la casa
Este mismo miércoles, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que su departamento ha mediado para adquirir la vivienda de Maricarmen, pero la empresa “se cachondea de las administraciones públicas y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege”, ha dicho en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tampoco ha servido de nada que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidiera paralizar este desalojo para evitar “daños irreparables”.
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Urbagestión Desarrollo e Inversiones, por su parte, alega que el contrato se subrogó dos veces y que, por tanto, es ilegal. Era un contrato de renta antigua, firmado por el padre de Maricarmen en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre, y a la muerte de esta, en 2005, ella heredó el derecho a vivir ahí en las mismas condiciones. Durante años, la propiedad lo respetó, de forma que la renta se actualizaba según el IPC, pero con los dueños actuales la situación cambió.

En 2020 comenzó un proceso legal, después de que la pensionista no pudiera acceder ni a la compra del piso —Urbagestión se lo ofreció por 250.000 euros— ni afrontar un aumento del 275% en el alquiler como le propusieron, al pasar de 440 euros mensuales a 1.650. El resto de los apartamentos del bloque se alquilan por unos 2.650 euros, y es que Retiro es uno de los distritos más cotizados de Madrid con precios disparados. Estas condiciones lo han convertido precisamente en una zona de interés para fondos de inversión.
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Un real decreto sobre vivienda que sigue encallado
El Sindicato de Inquilinas también ha denunciado que el desahucio de Maricarmen se ha producido mientras sigue encallado el real decreto sobre vivienda, que busca paliar las subidas de los precios del alquiler. Si la norma ya estuviera aprobada, sostienen, “Maricarmen podría haberse acogido a las medidas previstas en el borrador y el lanzamiento se habría suspendido”.
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