
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa que se sigue contra una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, el denominado ‘caso Leire Díez’. El magistrado ha fijado su comparecencia en calidad de investigado para el próximo 10 de septiembre de 2026, a las 10.00 horas, en la sede del Juzgado Central de Instrucción.
El juez adopta esta decisión apenas unas semanas después de rechazar la imputación de Marcos al considerar que, con los indicios existentes en ese momento, no procedía atribuirle responsabilidad penal. Sin embargo, la práctica de nuevas diligencias y las peticiones formuladas por la acusación popular unificada han llevado ahora al instructor a cambiar de criterio y citar al antiguo máximo responsable de la Guardia Civil para que preste declaración por primera vez como investigado.
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La providencia dictada este martes, no obstante, no concreta los delitos que se le atribuyen ni desarrolla los hechos concretos por los que pasa a tener la condición de investigado. El magistrado se limita a acordar su citación tras recibir un escrito de la acusación popular en el que se solicitaba la práctica de nuevas diligencias. En la misma resolución fija también para el 10 de septiembre, a las 10.30 horas, la declaración como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca.
Las sospechas sobre la cúpula de la Guardia Civil
Leonardo Marcos ocupó la Dirección General de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando fue sustituido por Mercedes González, hasta entonces delegada del Gobierno en Madrid. Su relevo se produjo dentro de una remodelación del Ministerio del Interior y, en ese momento, el Ejecutivo no lo vinculó a ninguna investigación judicial.
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Su nombre comenzó a adquirir protagonismo en la causa después de que la acusación popular, ejercida por el PP, solicitara su imputación al considerar que existían indicios de que habría participado en actuaciones dirigidas a dificultar o interferir en investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.
Entre los elementos que han ido incorporándose a la instrucción figura la declaración del coronel de la UCO Rafael Yuste. Según trascendió de su comparecencia judicial, el mando aseguró que Marcos le trasladó la conveniencia de mantener una actitud pasiva respecto a determinadas investigaciones, entre ellas la abierta sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Precisamente, una de las líneas de investigación del denominado ‘caso Leire Díez’ trata de esclarecer si desde distintos ámbitos se impulsó una estrategia para condicionar el trabajo de la UCO y frenar procedimientos judiciales especialmente sensibles para el Ejecutivo.
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Con esta decisión, Leonardo Marcos se suma a la lista de responsables de la Guardia Civil investigados en la causa, en la que ya figuraban la actual directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.
Nuevas diligencias sobre la denuncia contra Leire Díez
La providencia incorpora además nuevas diligencias dirigidas a reconstruir la tramitación de la denuncia presentada contra Leire Díez. El juez ha ordenado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz que remitan el expediente íntegro del procedimiento, incluyendo la denuncia original, toda la documentación aportada, los registros de entrada y salida, informes, propuestas, dictámenes, decretos, acuerdos, resoluciones y cualquier otro documento incorporado al expediente.
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Asimismo, Pedraz reclama todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios y responsables del Ministerio Fiscal relacionadas con esa denuncia. La petición abarca correos electrónicos corporativos, mensajes enviados mediante aplicaciones de mensajería profesional, comunicaciones internas, notas de despacho, oficios, informes, convocatorias y actas de reuniones, así como registros de llamadas, videoconferencias y cualquier otra comunicación escrita o electrónica vinculada a su tramitación.
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