Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en su su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Alcázar ha tomado la palabra al inicio y leído un breve texto en el que ha recordado su “condición de investigada” en el caso Plus Ultra, causa que guarda relación con su citación en la cámara alta. “Siguiendo asesoramiento jurídico, y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio”, ha afirmado, rogando que su actitud no sea interpretada como un “desaire”.

Esto no ha evitado sin embargo las preguntas que tenían preparadas los senadores para ella, como las de la popular Rocío Dívar, quien quería saber si Alcázar se siente traicionada por Rodríguez Zapatero o cómo gestionaba la agenda y las facturas del expresidente.

“Una pieza operativa esencial”

Los correos electrónicos intervenidos por la UDEF de la Policía Nacional otorgan a Alcazar un papel relevante en el caso. La secretaria está imputada por integración en organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que la incorporó formalmente a la causa el 18 de junio de 2026 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Los informes policiales descartan que Alcázar actuara como una mera asistente administrativa. La UDEF la describe como una “pieza operativa esencial” de la red y la sitúa como “nodo central de comunicación y gestión documental”, con control sobre la cuenta de correo del expresidente. La oficina de Zapatero en la calle Ferraz 35 de Madrid, según los investigadores, no era un despacho ordinario, sino “un núcleo de emisión de instrucciones” canalizadas principalmente a través de los equipos que ella utilizaba.

El corazón de los cargos es la presunta elaboración de facturas sin respaldo en operaciones reales. Los correos intervenidos muestran cómo Alcázar recibía instrucciones precisas sobre los conceptos, los periodos y las cantidades que debían figurar en la documentación, y las ejecutaba. Uno de los mensajes incorporados a la causa la muestra consultando si debía aumentar el importe de una factura antes de enviarla firmada: “ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”.

Su presunto papel

Para la UDEF, ese intercambio demuestra que la facturación “no respondía a una realidad económica efectiva”, sino a la necesidad de generar “soporte documental ficticio” para justificar movimientos financieros de la trama.

El juez Calama la ubica en el tercer escalón jerárquico de la organización, junto al gestor societario Cristóbal Cano Quiles, con la función de “coordinar y dotar de cobertura formal la documentación” del entramado. Aparece vinculada a varias sociedades de la red -Whathefav, Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva- y a lo que algunos investigados llamaban internamente la “Finance Boutique”, expresión con la que designaban la operativa financiera que articulaba pagos y contratos.

Entre los correos que los investigadores consideran más reveladores figuran comunicaciones de Alcázar con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en las que ella pide instrucciones para confeccionar la documentación que habría servido para camuflar el cobro de presuntos sobornos.