El contrato de 62,8 millones de euros para el desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), adjudicado por el Gobierno de María Chivite a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Servinabar, sociedad de la que el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era propietario del 45%, ya forma parte oficialmente de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.
El juez del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha acordado incorporar el expediente a la pieza separada abierta dentro de esta causa mediante una providencia dictada este 27 de julio, a la que ha tenido acceso Infobae, después de recibir un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que comunica que está analizando esta licitación y que elaborará un informe ampliatorio sobre el procedimiento seguido para su adjudicación.
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La resolución supone un nuevo avance en unas diligencias que investigan posibles comisiones e irregularidades en distintos contratos de obra pública. Aunque esta adjudicación ya había aparecido mencionada en anteriores informes de la Guardia Civil remitidos al Tribunal Supremo, es ahora cuando el expediente queda incorporado de forma oficial a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil analiza una adjudicación de 62,8 millones
El oficio policial explica que la UCO actúa en cumplimiento del requerimiento realizado por el juez el pasado 17 de julio, en el que se solicitaba información sobre la obra del desdoblamiento de los túneles de Belate para determinar si debía incorporarse al conjunto de contratos de obra pública investigados en esta pieza separada.
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Los agentes recuerdan que esta adjudicación ya figuraba en otro informe remitido al Tribunal Supremo dentro de la causa especial abierta en ese órgano judicial. En ese documento se hacía referencia a la adjudicación realizada el 26 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.
El contrato fue concedido por 62,8 millones de euros a la unión temporal de empresas integrada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, con motivo del desdoblamiento de los túneles de Belate, en la carretera N-121-A. Según la documentación incorporada a la investigación, Servinabar estaba participada en un 45% por Santos Cerdán.
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La UCO añade en su escrito que los primeros indicios relacionados con la gestión de este proyecto se remontan a 2019, cuando José Luis Ábalos ocupaba la cartera del entonces Ministerio de Fomento. Esa referencia, según explica el oficio, ya había sido recogida en los informes anteriores elaborados por los investigadores sobre esta infraestructura.
La denuncia de UPN
El documento remitido por la Guardia Civil también recuerda que la investigación sobre esta adjudicación dio un nuevo impulso en septiembre de 2024, cuando Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra al considerar que podían existir irregularidades en el procedimiento seguido para adjudicar las obras de los túneles de Belate.
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Con esos antecedentes, la UCO planteó al magistrado la conveniencia de incorporar este expediente al conjunto de contratos de obra pública investigados en la Audiencia Nacional, al entender que debía analizarse junto al resto de adjudicaciones incluidas en esta pieza separada.
El juez ha aceptado esa petición y ha ordenado integrar toda la documentación relativa a esta licitación en la causa. No obstante, la providencia no entra a valorar el fondo de la adjudicación ni realiza ninguna consideración sobre la posible existencia de irregularidades, sino que se limita a incorporar el expediente y a dejar pendiente cualquier nueva decisión hasta recibir el informe ampliatorio que prepara la Guardia Civil.
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Ese informe deberá profundizar en la tramitación del contrato, reconstruir el procedimiento seguido para su adjudicación y analizar los elementos que, a juicio de los investigadores, justifican que esta obra forme parte de la investigación sobre las presuntas comisiones e irregularidades en contratos públicos.
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