
Hace varias semanas, Fernando Grande-Marlaska tuvo que responder en el Congreso sobre la labor de su Ministerio contra el narcotráfico. En su defensa incluyó varios anuncios. Uno de ellos fue una inversión de ocho millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, para elevar tres barreras fluviales en el Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda. Se trata de unas construcciones de hormigón que tienen como único objetivo cerrar el paso a las narcolanchas que penetran en la península a través del río.
No es una completa novedad. Hace 10 años, el Ministerio del Interior, entonces bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, impulsó una ‘barrera antinarcos’ en el río Guadarranque, en San Roque, Cádiz, que costó en torno a 280.000 euros. Desde entonces, la eficacia del invento se ha puesto en duda en muchas ocasiones, aunque sí permitió reducir la presencia de embarcaciones que transportan hachís.
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En esta ocasión, el objetivo es que estén disponibles en 2027. Interior no ha querido dar más detalles del proyecto, limitándose a lo que adelantó Marlaska en el Congreso. Por tanto, se puede intuir que será similar a la creada hace una década, pues tendrá la misma función, pero no se pueden abordar sus características con certeza. Desde asociaciones como AUGC, no han rechazado la medida, pero la ven “insuficiente” ante el problema del narcotráfico.
Fernando Grande-Marlaska destacó especialmente las inversiones dirigidas a reforzar la seguridad en este enclave narco. Aquí fue cuando dio la noticia de las barreras: declaró la contratación de emergencia, junto a su suministro e instalación, de un sistema de tres barreras fluviales flotantes de alta resistencia. Esta categoría de proyecto debería acelerar su construcción, lo que le hizo asegurar que estará listo el año que viene. Las barreras estarán ubicadas en el estuario del Guadalquivir y en dos caños de Sanlúcar de Barrameda. Se prevé que estén operativas en la primera mitad de 2027.
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Beneficios frente a los sabotajes de la barrera
En mayo de 2017, menos de un año después de su construcción, la Agencia Aduanera denunció los sabotajes que sufría la barrera ‘antinarcos’ instalada en la desembocadura del río Guadarranque. Según explicaron las autoridades, la estructura había sido objeto de tres ataques desde su instalación en noviembre del año anterior. Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, advertía entonces que los narcotraficantes aprovechaban la “menor resistencia de las piezas provisionales”, y reclamaba a Interior la mejora de la construcción.
El delegado del Gobierno en Andalucía en ese momento, Antonio Sanz, consideró que la reiteración de los sabotajes sufridos evidenciaba la “eficacia” de la barrera. “Si los narcotraficantes se empeñan en sabotearlo es porque hemos dado en el clavo”. El Gobierno anunció entonces la instalación de cámaras de seguridad para reforzar el control en la zona. Aquella barrera limitó, en parte, la presencia de narcolanchas, pero evidenció que necesita ser acompañada de patrullaje constante y que los traficantes siempre buscan y encuentran otra vía de acceso.
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Además, en 2021, la organización Ecologistas en Acción denunció que la barrera ‘antinarcos’ instalada en el río provocaba inundaciones en la zona. “La lucha contra el narcotráfico no puede perjudicar a la sociedad civil o a sus bienes”. Los ecologistas aseguraron que la acumulación de escombros y restos de obra agravaba el riesgo cuando llueve. “Esta barrera no respeta la dinámica hídrica. Los ríos están diseñados naturalmente para que salga el agua sin obstáculo; aquí la acumulación de cañizo y ramas provoca el efecto presa castor”, señalaron, añadiendo que también había impedido la navegación de un río que se usaba para otras actividades totalmente lícitas.
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