
La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado que la aseguradora Catalana Occidente S.A. pague casi 50.000 euros a la empresa Dirección 00, después de que un vehículo de la compañía fuera robado y quemado en Vilafranca del Penedès. El tribunal rechazó la hipótesis de fraude y descartó que la reclamación estuviera fuera de plazo, por lo que obliga a la aseguradora a indemnizar a la empresa afectada. La sentencia cierra una batalla judicial que se prolongó durante años en los juzgados de Barcelona.
El caso comenzó cuando un Mercedes-Benz C 220 Bluetec fue robado y posteriormente incendiado el 22 de noviembre de 2016. Su administrador denunció el robo ante los Mossos d’Esquadra el mismo día del suceso. La policía localizó el vehículo caído en un terraplén y comunicó al administrador, esa misma noche, que el coche había sido destruido por el fuego. Catalana Occidente rechazó abonar la indemnización por entender que el asegurado no había actuado correctamente y por sospechar que podía tratarse de un fraude. Alegó que la reclamación se presentó fuera del plazo legal y que, según sus sospechas, el dueño habría provocado la sustracción y el incendio del vehículo.
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El tribunal descarta el fraude
La aseguradora defendió que la reclamación había prescrito, porque entre la primera gestión y la reclamación formal transcurrieron más de dos años. También puso en duda la honestidad del reclamo, sugiriendo que el propio administrador podría haber organizado el robo y el incendio, pese a no haber presentado ninguna denuncia penal ni acusación formal en ese sentido durante el proceso extrajudicial.
El tribunal revisó la documentación intercambiada entre la empresa y la aseguradora y concluyó que Dirección 00 realizó varios trámites formales, como el envío de burofaxes y solicitudes a la Dirección General de Seguros, que sirvieron para detener y reiniciar el plazo legal para reclamar. Por eso, la demanda no estaba fuera de plazo. Además, la sentencia señala que no hay pruebas que vinculen al dueño con el incendio del coche. La aseguradora solo mencionó la sospecha de fraude cuando el caso llegó a juicio, pero nunca antes lo denunció ni aportó pruebas en ese sentido. El tribunal también indicó que tenía un salario anual superior a 50.000 euros, lo que hacía poco creíble que pusiera en riesgo su trabajo y su futuro por obtener una indemnización puntual.
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Catalana Occidente argumentó que el administrador no colaboró lo suficiente para evitar el incendio del coche, ya que acudió varias horas después de ser avisado por la policía. Sin embargo, el tribunal consideró razonable su actuación, pues cumplió con sus obligaciones personales y laborales antes de acudir a la comisaría y no recibió ningún aviso urgente para actuar con mayor rapidez. La sentencia obliga a la aseguradora a pagar el valor a nuevo del vehículo, más los intereses legales desde la fecha del siniestro. El tribunal recalca que la aseguradora no puede retrasar el pago de la indemnización mientras no demuestre una incertidumbre justificada. Puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
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