Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos en medio de la investigación judicial que les afecta por el préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia, según ha adelantado ABC. El accionista minoritario Hugo Castaño asumirá las funciones de ambos bajo el título de presidente ejecutivo, un nombramiento que deberá contar con el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa “supervisada” tras la recepción de fondos públicos.

Las dimisiones llegan días después de que Martínez Sola y Roselli presentaran sendos escritos ante la Audiencia Nacional en los que reconocieron que Plus Ultra suscribió un contrato con una empresa vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para el pago de “elevadas cantidades de dinero” por labores de “acompañamiento” en la obtención del rescate. Ambos directivos admitieron en esos escritos haber tenido “plena conciencia” de que Martínez Martínez y Zapatero “sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar”, algo que asumieron “de forma sobrevenida de salvar a la compañía”.

Las salidas se producen, además, en la misma jornada en que el juez José Luis Calama, titular del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, ha citado a Martínez Sola y a Roselli para declarar como investigados el 7 y 8 de septiembre, respectivamente, según recogió Infobae a partir de una providencia de Europa Press. La convocatoria judicial se suma a la presión acumulada sobre los dos directivos, que en diciembre de 2025 fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

El 1% del rescate y las tres sociedades

En su escrito ante la Audiencia Nacional, Martínez Sola detalló que Plus Ultra abonó 530.000 euros —equivalentes al 1% de los 53 millones obtenidos— a través de tres sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. e IOT Domotic Europe. El desglose de los pagos, según el escrito del presidente saliente, fue de 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica y 110.799,47 euros a IOT Domotic Europe.

A esa cifra se suman, según el mismo documento, los pagos en especie reconocidos a Martínez Martínez, entre ellos hasta 46 vuelos en clase business que solicitó y no abonó. El contrato que articuló estos pagos fue firmado con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, y vinculaba “directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI”, estipulando ese 1% del total más IVA.

Este martes, Martínez Martínez compareció ante el juez y ratificó el contenido del escrito que había presentado el día anterior, en el que señalaba al expresidente como quien “marcaba los pasos a seguir” para obtener la financiación y aseguraba que fue Zapatero quien le comunicó, días antes de la aprobación formal, que la SEPI iba a conceder el crédito. Según informó Infobae, el empresario redujo su propio papel al de acompañar a Plus Ultra “para la obtención de la financiación solicitada”.

Zapatero, por su parte, ha negado cualquier implicación. En su primera aparición pública tras ser citado a declarar ante la Audiencia Nacional, el expresidente afirmó ante la televisión pública este jueves que no habló “con nadie” sobre el rescate de Plus Ultra y que su inocencia “se demostrará”. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie sobre el rescate de Plus Ultra”, declaró.

El Gobierno mantiene su respaldo

La posición del Ejecutivo no ha variado pese al avance de la investigación. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró el martes que el Consejo de Ministros “seguirá defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero” y defendió la legalidad del préstamo, recordando que el expediente fue tramitado por los servicios técnicos de la SEPI, revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Una voz discordante dentro del propio Ejecutivo fue la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que reclamó al expresidente que ofrezca “explicaciones públicas” ante la “tristeza e inquietud” generada en la ciudadanía.

La investigación, que se extiende también a las hijas de Zapatero y a su secretaria, se enmarca en un expediente que, según peritos independientes designados por la Justicia, presentaba “dudas más que razonables” sobre la situación patrimonial de Plus Ultra en el momento de concederse la ayuda.

La aerolínea, que recibió los 53 millones en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, afronta además dificultades para devolver el préstamo: en marzo de 2026 no pudo abonar el primer tramo de 19 millones y negocia con el organismo estatal una ampliación del calendario de amortización, lo que abre la posibilidad de que la compañía acabe bajo control del Estado.