Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Más de un tercio de los españoles necesita reformas en su vivienda y no ha podido acometerlas en los últimos cinco años, y el precio es la barrera que lo impide en ocho de cada diez casos. Así lo refleja el informe Radiografía de las reformas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas en España, elaborado por EsadeEcPol a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio, elaborado por la investigadora Isabella Becerra y el director de EsadeEcPol, Jorge Galindo, fija en el 35,4% la proporción de población que declara necesitar mejoras en eficiencia y no haberlas realizado. Frente a ese dato, un 45,3% afirma no necesitarlas y solo un 19,3% vive en hogares que ya las han ejecutado, cifra que en 2023 era del 14,6%. El coste aparece como el motivo principal de no rehabilitar para el 78% de quienes lo necesitan, lo que convierte la barrera económica en el principal cuello de botella del sistema.

La antigüedad del parque residencial explica en gran medida dónde se concentra esa demanda insatisfecha. En viviendas anteriores a 1960, la necesidad declarada de mejoras ronda el 65%. El cruce más preocupante se produce cuando el parque envejecido coincide con rentas bajas: entre los hogares del cuartil de ingresos más bajo que residen en viviendas de 1945 a 1960, la necesidad insatisfecha alcanza el 53,2%, frente al 24,3% del cuartil más alto en el mismo tipo de inmueble. Los modelos estadísticos del informe confirman ese patrón: residir en una vivienda anterior a 1980 eleva en 23 puntos porcentuales la probabilidad de necesitar mejoras respecto a una posterior al año 2000; el tramo 1981-2000 la eleva en 13,5 puntos. Eso sí, cuando los hogares sí se rehabilitan, lo hacen de forma integral: cerca del 70% acomete tres o más mejoras de manera simultánea.

Los caseros no reforman

El régimen de tenencia marca la ejecución de las reformas con tanta fuerza como la renta. Entre propietarios, la tasa de ejecución pasa del 29% en el cuartil de ingresos más bajo al 51% en el más alto. En el alquiler, en cambio, la renta apenas incide: la tasa se mueve del 17% al 22% independientemente del nivel de ingresos. EsadeEcPol interpreta esa asimetría como una señal de desincentivos: el propietario asume el coste de la mejora, pero es el inquilino quien captura el beneficio en forma de mayor confort y menor factura energética. Los datos de 2023 sobre energías renovables refuerzan esa lectura: la rehabilitación en hogares que usan renovables es del 44,2% en propiedad y cae al 11% en alquiler.

Más allá del coste económico, en los edificios de vivienda colectiva emerge una segunda barrera: la dificultad de alcanzar acuerdos entre vecinos o las restricciones patrimoniales. Ese motivo pasa del 5% en viviendas unifamiliares independientes al 14% en edificios de menos de diez viviendas y al 17% en los de más de diez.

Ayudas para las rentas más bajas

El mapa territorial muestra diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. Navarra (27,9%), País Vasco (26,7%) y Baleares (26,6%) encabezan las tasas de mejora en 2025. País Vasco lidera también en eficiencia: ejecuta el 53,4% de las reformas entre quienes las necesitan. La brecha entre hogares con y sin riesgo de pobreza varía de 4,1 puntos en Navarra a cerca de 26 en Asturias y Aragón. En ese contexto, la rehabilitación protegida retrocede de 69.713 a 53.830 expedientes entre 2023 y 2025, con una concentración muy superior a su peso poblacional en las dos comunidades forales.

Ante ese diagnóstico, el informe propone ocho líneas de actuación. Las primeras apuntan a redirigir los instrumentos de ayuda hacia el cruce de máxima antigüedad y renta baja, en lugar de subvencionar el parque en su conjunto, y a dimensionar los apoyos para superar el umbral de entrada al que muchos hogares no llegan. Las siguientes se orientan a reducir los costes de transacción en la propiedad horizontal, ofrecer acompañamiento técnico a los hogares vulnerables e informarles de forma proactiva sobre las ayudas disponibles para la rehabilitación. El informe también plantea realinear los incentivos entre propietario e inquilino en el mercado del alquiler, reorientar parte del esfuerzo hacia la mitigación del estrés térmico en verano y reforzar la capacidad administrativa para la tramitación de expedientes.