
Desde el 7 de julio de 2026, comprar un coche nuevo en España y en el resto de la Unión Europea (UE) tiene un precio diferente. La entrada en vigor de la segunda fase del Reglamento General de Seguridad europeo (GSR2) obliga a que todos los vehículos matriculados a partir de esa fecha incorporen de serie un paquete ampliado de sistemas electrónicos de seguridad, con un sobrecoste que los fabricantes trasladarán al comprador final y que los expertos sitúan entre 400 y 800 euros por vehículo, según recoge Frandroid.
La normativa, basada en el Reglamento UE 2019/2144, afecta a turismos (clase M1) y furgonetas y vehículos comerciales ligeros (clase N1). La medida alcanza a unos 15 millones de vehículos al año en toda la UE, con excepciones menores para fabricantes que comercializan menos de 1.500 unidades anuales.
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En cuanto al impacto sobre el precio final, el Diario de Transporte señala que los expertos del mercado estiman subidas de entre el 5% y el 10% respecto a modelos equivalentes anteriores a 2026, con variaciones según el segmento. Las utilitarias y los coches de ciudad son los más expuestos: al partir de un equipamiento de serie más básico, deben incorporar más sistemas nuevos. Los modelos compactos y medianos, en cambio, ya contaban con buena parte de esa tecnología en versiones superiores, por lo que el encarecimiento será más contenido.
Una cámara dentro del coche que no se puede desactivar
La medida que más debate ha generado entre conductores y expertos es la cámara de monitorización del conductor (ADDW), ahora obligatoria en todos los vehículos nuevos. El sistema vigila de forma permanente el nivel de atención del conductor y para 2029 se integrará además un seguimiento aún más preciso de la mirada.
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A ese sistema se suman otras obligaciones técnicas: el frenado de emergencia avanzado (AEB VRU), capaz de detectar peatones y ciclistas antes de un posible atropello; la señal de parada de emergencia (ESS), que hace parpadear las luces de freno en frenadas bruscas a más de 50 km/h; y el mantenimiento activo de carril (ELKS). Todos los modelos nuevos deben incorporar también una “caja negra” (EDR) que registra de forma continua los datos del vehículo antes, durante e inmediatamente después de un accidente.
El alcoholímetro, en el horizonte
Otro de los cambios que establece el GSR2 apunta al futuro. Aunque el alcoholímetro integrado, capaz de bloquear el motor si detecta alcohol en el conductor, no es todavía obligatorio, todos los coches nuevos deben llevar ya la preinstalación técnica necesaria para conectarlo. Si el Gobierno decide hacerlo obligatorio en el futuro, la adopción será más sencilla al estar la infraestructura ya integrada de fábrica.
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Además, las nuevas especificaciones amplían la zona de absorción de energía en impactos frontales con peatones, especialmente en el capó y los pilares del parabrisas, además de establecer nuevas medidas mínimas para el parabrisas delantero con el objetivo de mejorar la visibilidad.
El mercado de segunda mano, principal beneficiado
El GSR2 no tiene carácter retroactivo. Por lo tanto, los vehículos matriculados antes del 7 de julio de 2026 no están obligados a adaptar ningún sistema y seguirán pasando la ITV sin modificaciones. Esa circunstancia convierte al mercado de segunda mano en una alternativa más atractiva que antes de la entrada en vigor de la norma.
Un coche usado de 2024 o 2025 puede costar entre un 15% y un 25% menos que uno nuevo equivalente, pero lleva prácticamente el mismo paquete de seguridad activa de la primera fase del GSR2, según el análisis publicado por el portal italiano Frattinauto.
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