
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional “la nulidad general de las actuaciones” en el caso Plus Ultra, argumentando que durante la investigación se han vulnerado derechos fundamentales.
La defensa del expresidente socialista, encabezada por el abogado Víctor Moreno Catena, ha presentado un incidente de nulidad en el que señala la existencia de “prueba ilícitamente analizada” y reclama la exclusión de “todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción en las entradas y registros” realizados en diciembre por orden judicial.
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La defensa de Zapatero pide que se excluyan todas las pruebas obtenidas en registros
Entre los derechos presuntamente afectados, la defensa menciona el acceso al “juez ordinario predeterminado por la ley”, el derecho a “un proceso justo con todas las garantías”, la “tutela judicial efectiva sin indefensión” y la “presunción de inocencia”. El escrito sostiene que la investigación se basa en “análisis de conversaciones privadas no autorizados” y apunta a la existencia de “maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente”.
El letrado recalca que la nulidad solicitada afecta al conjunto del procedimiento desde su inicio en un juzgado de Madrid y subraya que, a su juicio, las diligencias policiales y de la Fiscalía “arrastran el resto del procedimiento”. La defensa considera que todo el proceso parte de actuaciones que “no se ajustaban al marco legal” y reitera su petición de excluir las pruebas incorporadas en esas condiciones.
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Tráfico de influencias y pagos encubiertos
Así, el juez atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a “la obtención de beneficios económicos” en operaciones como el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntó en su último informe que Zapatero cobró 200.000 euros a cambio de su mediación con Bolivia para favorecer a una empresa peruana. El pago, según el organismo, quedó encubierto bajo un contrato ”simulado" a través de una sociedad interpuesta.
Esta petición llega un día después de una filtración de datos privados de Zapatero que el juez Calama investigará también, según ha informado este jueves mediante un auto al que ha tenido acceso Infobae y en el que pide identificar a los responsables de publicar, entre otros documentos, el contenido íntegro de sus agendas de 2024 y 2025 y conversaciones privadas ajenas al caso ‘plus Ultra’ “dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas”. De las 2.000 páginas de conversaciones privadas filtradas, apenas veinte serían relevantes en la causa.
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*Noticia elaborada con información de agencias.
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