La UDEF implica a Zapatero en el cobro de 200.000 euros de un grupo minero para influir ante el Gobierno de Bolivia en un litigio de 94 millones

La Policía Nacional atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, haber cobrado 200.000 euros de un grupo empresarial peruano a cambio de mediar ante el presidente y varios ministros de Bolivia para favorecer sus intereses en un litigio que cifra la condena en unos 107 millones de dólares. Los investigadores de la UDEF concluyen que los pagos se canalizaron a través de un contrato de asesoría ficticio con una empresa sin actividad real, utilizada únicamente para justificar las transferencias.

La investigación, que se sigue en el Tribunal Central de Instrucción de Madrid, arrancó tras detectar, a través de inteligencia financiera, tres transferencias ingresadas en la cuenta personal de Rodríguez Zapatero entre julio de 2024 y junio de 2025. El dinero procedía formalmente de Focus Social Research, una pequeña empresa peruana de marketing sin página web y sin relación aparente con las gestiones realizadas. Los agentes de la UDEF determinaron que esa sociedad actuó como tapadera y que detrás de los pagos estaba el Grupo Gloria, un conglomerado industrial con sede en Lima e inversiones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile.

Un pleito millonario

El Grupo Gloria necesitaba ayuda en Bolivia. Su filial cementera, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), arrastraba desde 2011 una demanda por competencia desleal interpuesta por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA), empresa pública boliviana. Los tribunales bolivianos habían dictaminado que SOBOCE utilizó indebidamente acciones de FANCESA como garantía para financiar su propia expansión y, tras años de recursos, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó en febrero de 2025 la condena: 107 millones de dólares a pagar a FANCESA. A eso se sumaban otras dos disputas: el impago de la compensación por la nacionalización de acciones de SOBOCE y un cargo fiscal de 12 millones de dólares.

Fue en ese contexto donde, según la UDEF, entró en juego Rodríguez Zapatero.

Cómo se fraguó el acuerdo

Las primeras reuniones tuvieron lugar en mayo de 2024. El 8 de ese mes, Carmen Almendras Camargo, exembajadora de Bolivia en España y asesora de la consultora Kreab Bolivia, acudió a la oficina que el expresidente mantiene en la calle Ferraz de Madrid. Al día siguiente, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, envió a Almendras un borrador de contrato de asesoría. Dos días después, el 10 de mayo, ambas se reunieron en el hotel AC Santo Mauro de Madrid junto a otras cuatro personas.

Almendras actuó como intermediaria. La interlocutora directa del Grupo Gloria era Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del conglomerado peruano, quien negoció los términos del acuerdo y se personó en la oficina de Ferraz para la firma. El contrato, fechado el 10 de mayo de 2024, establecía honorarios de 200.000 euros en tres pagos, más 10.000 euros por día de viaje. La empresa que figuraba como cliente era Focus Social Research, no el Grupo Gloria, y su representante en el documento era un apoderado de esa sociedad peruana. La Udef señala que Focus Social Research únicamente aparece en dos momentos de toda la operación: en la firma del contrato y en el envío de las transferencias.

Ese mismo día de la firma, Ospina facilitó a Alcázar el teléfono personal del presidente ejecutivo del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, con la anotación “para el presidente”, en referencia a Zapatero. Poco después, Almendras remitió a la secretaria documentación confidencial sobre los litigios de SOBOCE en Bolivia, incluyendo la condena por competencia desleal y las propuestas de conciliación que el grupo había presentado ante las autoridades bolivianas. El 28 de mayo de 2024 se celebró una videoconferencia en la que participaron Zapatero, Almendras, Ospina, el vicepresidente del Grupo Gloria, Luis Díaz Olivero, y el consejero delegado de SOBOCE, Francisco Shwortshik.

El viaje a Bolivia y las reuniones con el Gobierno

En septiembre de 2024, Rodríguez Zapatero viajó a La Paz y a Sucre. Antes de partir, Alcázar coordinó por WhatsApp con la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, y con la jefa de Gabinete del presidente, Fabiola Salazar, las reuniones que Zapatero mantendría con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Ambas citas se celebraron el 15 de septiembre de 2024 en la sede del Gobierno boliviano en La Paz.

Dos días antes del viaje, Alcázar solicitó a Almendras, por indicación expresa de Zapatero, una actualización sobre “el tema SOBOCE” y las posibles vías de solución. Almendras respondió de inmediato con un documento que recogía cinco alternativas de negociación.

En la comitiva también viajaron el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y los empresarios hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, cuyas sociedades, según otros informes de la UDEF, habrían realizado pagos a empresas vinculadas a Zapatero por más de 800.000 euros.

Gestiones durante meses

El regreso de Bolivia no supuso el fin de las gestiones. En diciembre de 2024, Zapatero coordinó una reunión entre directivos del Grupo Gloria -Díaz Olivero, Ospina y Shwortshik- y el ministro de Justicia boliviano, César Siles. En paralelo, se reunió en Madrid con el vicepresidente del conglomerado.

Tras la ratificación de la condena de 107 millones de dólares por el Tribunal Supremo boliviano, en febrero de 2025, las gestiones se aceleraron. El 4 de mayo de ese año, Zapatero habló por teléfono con el presidente Arce, cita que su secretaria coordinó con la jefa de Gabinete presidencial. Al día siguiente, Alcázar trasladó a Salazar una petición concreta: “Me indica el Pdte. Zapatero que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor”, según la transcripción del mensaje recogida en el informe de la Udef. El procurador general es la máxima autoridad boliviana en los arbitrajes internacionales de inversión, figura ante la que el Grupo Gloria había presentado formalmente su reclamación contra el Estado boliviano.

Finalmente, Alcázar informó a la jefa de Gabinete de que el ministro de Justicia ya había trasladado “las indicaciones oportunas” al procurador directamente, por lo que Zapatero consideró innecesaria su llamada.

La condena se suspende y llegan los pagos finales

El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano declaró procedente el recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó en suspenso la sentencia que obligaba a pagar los 107 millones de dólares. Tres semanas después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, con lo que se completó el abono íntegro de los 200.000 euros pactados en el contrato.

La UDEF subraya que la secuencia entre las gestiones ante las autoridades bolivianas, la resolución judicial favorable a SOBOCE y el pago del resto de los honorarios apunta a la existencia de una relación de causa y efecto. La decisión definitiva sobre la validez del amparo corresponde ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado.