Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

José Luis Rodríguez Zapatero ha movido ficha en la Audiencia Nacional para intentar frenar la inspección que la Agencia Tributaria abrió hace unas semanas sobre su patrimonio. El expresidente del Gobierno ha solicitado a Hacienda que declare nulas las actuaciones inspectoras iniciadas contra él y, de forma subsidiaria, que las suspenda de inmediato al considerar que no pueden coexistir con la investigación penal que ya dirige el juez José Luis Calama. Al mismo tiempo, ha comunicado esa petición al magistrado y le ha reclamado que ordene la paralización de las actuaciones administrativas abiertas tanto contra él como contra su esposa, María Sonsoles Espinosa.

Según el escrito presentado ante la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso Infobae, la defensa de Zapatero sostiene que Hacienda inició la inspección cuando el expresidente ya había sido formalmente investigado por la Audiencia Nacional. A su juicio, ambos procedimientos recaen, al menos parcialmente, sobre los mismos hechos, por lo que mantenerlos abiertos al mismo tiempo vulnera su derecho de defensa.

La petición llega apenas unos días después de que fuera la propia Agencia Tributaria la que comunicara al juez que había abierto una investigación fiscal contra Zapatero, su esposa, sus hijas, la empresa de estas —What The Fav—, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades vinculadas a este último. En ese mismo escrito, sin embargo, Hacienda también pedía al magistrado que valorara suspender esas actuaciones para evitar que se solaparan con la causa penal que ya está en marcha.

Ese aparente contraste es precisamente uno de los argumentos que ahora utiliza la defensa del expresidente. En su escrito sostiene que la Agencia Tributaria es plenamente consciente de que existe una investigación judicial abierta sobre los mismos hechos y que, pese a ello, decidió iniciar una inspección paralela. Por eso considera que la propia Administración debería haber acordado su suspensión desde el primer momento, sin necesidad de esperar a que lo ordenara el juez.

La controversia gira en torno a la secuencia en la que se produjeron los acontecimientos. El pasado 12 de junio, el juez Calama abrió una pieza separada para investigar determinadas joyas intervenidas durante el registro practicado en mayo en la oficina de Zapatero. En ese auto, el magistrado apuntaba que esos hechos podían tener relevancia desde el punto de vista tributario y acordó comunicar al expresidente su condición de investigado. Apenas tres días después, el 15 de junio, la Agencia Tributaria notificó el inicio de dos inspecciones con alcance general sobre distintos impuestos correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024.

Además de revisar el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, Hacienda requirió abundante documentación y solicitó autorización para acceder a los movimientos bancarios de Zapatero correspondientes a esos ejercicios.

La defensa sostiene que ambos procedimientos no pueden avanzar al mismo tiempo

La tesis de Zapatero pasa por una idea central: la investigación penal debe tener prioridad sobre la administrativa cuando ambas afectan a los mismos hechos. Según expone su abogado, la inspección fiscal no constituye una investigación independiente, sino que se adentra en cuestiones que ya están siendo analizadas por la Audiencia Nacional, por lo que entiende que Hacienda no podía poner en marcha ese procedimiento una vez abierta la causa penal.

La defensa considera además que mantener activas ambas investigaciones coloca al expresidente en una situación incompatible con sus derechos. Argumenta que Hacienda le exige entregar documentación y facilitar información que podría acabar incorporándose al procedimiento penal, obligándole a defenderse de forma simultánea en dos frentes distintos. Sobre esa base, sostiene que la inspección vulnera su derecho de defensa y el derecho a no autoincriminarse, motivo por el que solicita que se declare la nulidad de las actuaciones o, al menos, que queden suspendidas hasta que la Audiencia Nacional resuelva la causa.

También reclama la intervención del juez

Además de dirigirse a la Agencia Tributaria, Zapatero ha puesto estos hechos en conocimiento del juez Calama. En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional informa de que ya ha pedido la suspensión de la inspección ante Hacienda y solicita al magistrado que ordene igualmente la paralización de las actuaciones administrativas abiertas contra él y contra su esposa.

La defensa explica que ambos presentan conjuntamente sus declaraciones del IRPF y que la investigación penal sobre la actividad económica y las rentas del expresidente puede tener consecuencias también sobre el procedimiento administrativo iniciado respecto a María Sonsoles Espinosa. Por ese motivo, reclama que cualquier decisión de suspensión alcance igualmente a ambos.