El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

El Senado de Bolivia ha creado una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” en el país por Zapatero, expresidente del Gobierno imputado en el ‘caso Plus Ultra’, y “otros actores nacionales o extranjeros”. La decisión se produce en medio de una creciente polémica sobre el papel que habría jugado José Luis Rodríguez Zapatero en un litigio empresarial que afecta a la filial boliviana del conglomerado peruano Grupo Gloria.

Según ha informado la Cámara de Senadores a través de un comunicado citado por Europa Press, la comisión estará formada por seis miembros, en representación de todas las fuerzas políticas bolivianas. Cada bancada deberá acreditar a sus representantes y la comisión contará con un plazo de hasta tres meses para investigar y presentar un informe final al pleno.

La Comisión especial investigará si hubo gestiones irregulares en favor del Grupo Gloria

El encargo de esta comisión responde a la petición de Alianza Libre, principal partido de la oposición, cuyo objetivo es aclarar si hubo gestiones irregulares para favorecer al Grupo Gloria a cambio de una “contraprestación económica” de 200.000 euros entre 2024 y 2025. La líder de Alianza Libre en la Cámara Alta, Tomasa Yarhui, subrayaba la importancia de “investigar y sancionar” cualquier irregularidad, señalando que “primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos”. Con este fin, según anunció Yarhui, está prevista la solicitud, a través de la Cancillería, de toda la documentación de las investigaciones llevadas a cabo en España.

Esta investigación parlamentaria se suma a la revisión judicial abierta por el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Su presidente, Carlos Spencer, ha comunicado que se examinará el fallo de una Sala Constitucional que liberó a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria, de pagar 107 millones de dólares a la cementera estatal FANCESA por un litigio de competencia desleal. “Vamos a hacer un levantamiento técnico y determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar”, aseguró Spencer.

El expresidente Luis Arce niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria

Inicialmente, SOBOCE fue condenada a pagar una indemnización millonaria, pero una resolución posterior anuló esa obligación. Ahora, la investigación pretende esclarecer si existió algún tipo de injerencia política o irregularidad en todo ese proceso. De acuerdo con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por labores de intermediación e influencia a favor del Grupo Gloria, mediante una sociedad interpuesta sin actividad real - Focus Social Research - bajo la apariencia de un contrato de consultoría. El informe policial español sostiene que la contraprestación económica estaba vinculada a la supuesta mediación ante autoridades bolivianas para beneficiar a la empresa peruana.

Entre los nombres mencionados en la investigación figuran antiguos responsables bolivianos, incluido el expresidente Luis Arce. En un comunicado, Arce ha negado cualquier implicación en el caso y ha afirmado que no trató “ningún litigio judicial” relacionado con SOBOCE o el Grupo Gloria. “No estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Sociedad Boliviana de Cementos ni a ninguna otra empresa privada”, ha declarado. Arce ha precisado que su relación con Zapatero se limitó a cuestiones institucionales y políticas. Según explicó, “las últimas conversaciones” que mantuvo con el expresidente español fueron en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2024.

Además, aseguró desconocer las gestiones posteriores de Zapatero en Sucre. Para reforzar su posición, ha recordado que durante su gobierno - en mayo de 2025 -, el entonces procurador general del Estado Ricardo Condori Tola, impugnó de forma pública la resolución judicial que eximió a SOBOCE del pago, lo que, según Arce, demuestra la postura oficial del Ejecutivo. Menos de un mes después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, con lo que se completó el abono íntegro de los 200.000 euros pactados en el contrato.

La UDEF subraya que la secuencia entre las gestiones ante las autoridades bolivianas, la resolución judicial favorable a SOBOCE y el pago del resto de los honorarios apunta a la existencia de una relación de causa y efecto. La decisión definitiva sobre la validez del amparo corresponde ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado.