Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen el principal pilar de financiación del sistema público de pensiones en España. Sin embargo, desde hace años esos ingresos no bastan para cubrir el conjunto del gasto y el Estado complementa las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias presupuestarias que permiten sostener tanto las prestaciones contributivas como otros gastos asociados al sistema.

¿Qué ocurriría si esas aportaciones desaparecieran y las pensiones tuvieran que financiarse exclusivamente con las cotizaciones de trabajadores y empresas? Un ejercicio teórico realizado por el Instituto BBVA de Pensiones permite aproximar la magnitud del esfuerzo que sería necesario para alcanzar ese objetivo: el tipo de cotización por contingencias comunes debería elevarse desde el 28,3% actual hasta situarse en torno al 42%, sin contar otras cotizaciones adicionales.

Este porcentaje muestra el desequilibrio existente entre los ingresos que genera el sistema y el gasto que afronta. Las cifras muestran hasta qué punto la financiación de las pensiones depende actualmente de recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

Según un documento publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en enero de 2026, elaborado con datos de 2024 y 2025, el sistema presenta un déficit contributivo estructural equivalente al 1,91% del PIB. Es decir, las cotizaciones sociales no alcanzan para financiar las pensiones contributivas y existe una diferencia cercana a dos puntos del producto interior bruto entre ingresos y gastos.

Un déficit que va más allá de las pensiones contributivas

Ese desfase no representa el conjunto de las necesidades financieras de la Seguridad Social. A él deben añadirse otros gastos que actualmente financia el Estado, como las pensiones no contributivas, los complementos para garantizar las pensiones mínimas o el régimen de clases pasivas.

Si se incorpora ese conjunto de partidas, las necesidades de financiación del sistema se aproximan al 4% del PIB, según las estimaciones utilizadas en el ejercicio. Esa diferencia explica el creciente recurso a las transferencias estatales durante los últimos años.

Las cuentas de 2025 reflejan esa situación. Los ingresos por cotizaciones alcanzaron un máximo histórico de 176.918 millones de euros, un 6,9% más que el año anterior. Sin embargo, el gasto en pensiones contributivas ascendió hasta los 182.526 millones, un incremento del 5,7%, obligando a reforzar la financiación mediante transferencias públicas.

Estas aportaciones del Estado alcanzaron los 52.990 millones de euros en 2025, un 10,1% más que un año antes, consolidándose como una pieza estructural del modelo de financiación del sistema.

El envejecimiento aumenta la presión sobre las cuentas

Detrás de ese desequilibrio confluyen varios factores demográficos y económicos. El principal es el envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida y la llegada progresiva a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ incrementan el número de pensionistas mientras disminuye la proporción de trabajadores en activo que sostienen el sistema mediante sus cotizaciones.

A ello se suma la persistente baja natalidad registrada durante las últimas décadas, que reducirá el número de cotizantes en el futuro y estrechará aún más la relación entre afiliados y pensionistas.

El informe también pone el foco sobre el denominado Factor de Equidad Actuarial, un indicador que compara las cotizaciones realizadas durante la vida laboral con las prestaciones que posteriormente se reciben.

Según el Instituto de Actuarios Españoles, ese factor se sitúa actualmente en 1,62, lo que significa que, en promedio, los pensionistas perciben un 62% más de lo que aportaron mediante cotizaciones a lo largo de su carrera profesional. Para que existiera un equilibrio actuarial perfecto sería necesario que la economía española creciera de forma sostenida un 3,2% anual, un escenario muy alejado de las previsiones actuales.

Las reformas aumentan los ingresos, pero no eliminan el desequilibrio

Las reformas aprobadas en 2021 y 2023 introdujeron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el objetivo de afrontar el incremento del gasto derivado de las jubilaciones del ‘baby boom’. Este recargo alcanzará el 1,2% en 2029 y no genera derechos adicionales para quienes lo pagan. Su finalidad consiste exclusivamente en aportar recursos extraordinarios al sistema.

La legislación incorpora además una cláusula de revisión que obligará a adoptar nuevas medidas si las previsiones de gasto en pensiones para 2050 superan los niveles estimados por la Comisión Europea. En ese supuesto podrían aprobarse nuevas subidas de cotizaciones, buscarse otras fuentes de ingresos o adoptarse medidas para contener el gasto.

Pese a ello, distintos organismos consideran que el incremento de ingresos derivado del MEI resulta insuficiente para cerrar la brecha financiera existente.

Cotizaciones por encima del 42% en un escenario de autofinanciación

El ejercicio teórico plantea cuál sería el incremento necesario para que las pensiones se financiaran exclusivamente mediante cotizaciones sociales.

Tomando como referencia el déficit contributivo, el tipo por contingencias comunes debería elevarse hasta situarse por encima del 40%. En la práctica, ello supondría incrementar aproximadamente un 14% el tipo actual de cotización, aunque la cifra final dependería de la evolución de la masa salarial, del empleo y de las decisiones sobre el reparto del esfuerzo entre empresas y trabajadores.

Un aumento de esta magnitud tendría consecuencias relevantes sobre el mercado laboral. Una parte del incremento recaería sobre las empresas, elevando los costes laborales y reduciendo la competitividad. Otra parte correspondería a los trabajadores, que verían disminuir su salario disponible como consecuencia del aumento de las cotizaciones.

Los autónomos soportarían el mayor esfuerzo

El impacto sería aún más significativo para los trabajadores autónomos. Además de afrontar una eventual subida de los tipos de cotización, deberían continuar adaptándose al nuevo sistema basado en ingresos reales, que prevé un incremento progresivo de las bases mínimas hasta aproximarlas a los rendimientos netos efectivos.

Para muchos profesionales por cuenta propia, especialmente aquellos que todavía cotizan por bases reducidas dentro de los periodos transitorios previstos hasta 2032, el esfuerzo sería doble: mayores porcentajes de cotización y bases de cálculo más elevadas.

Según este ejercicio, esa combinación provocaría que el incremento de la carga contributiva fuera proporcionalmente superior al soportado por los trabajadores asalariados.

Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que las necesidades de financiación volverán a aumentar a partir de la próxima década como consecuencia del envejecimiento de la población y del crecimiento del gasto en pensiones, que podría alcanzar el 16,4% del PIB en 2050. En ese escenario, el papel de las transferencias del Estado seguirá siendo determinante salvo que se adopten nuevas medidas para aumentar los ingresos, contener el gasto o combinar ambas estrategias.