La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Fiscalía Anticorrupción investiga si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento público que depende de Hacienda y que gestiona las acciones del Estado en distintas empresas de sectores que considera estratégicos, diseñó un “patrón estructurado” para amañar rescates y concesiones de infraestructuras durante la pandemia en una de las variantes del ‘caso Leire’. El juez Santiago Pedraz tiene imputadas a las tres personas que dirigieron la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez: la actual presidenta, Belén Gualda, y sus predecesores Vicente Fernández y Bartolomé Lora. También están imputados otros 12 altos cargos vinculados a la SEPI y sus compañías participadas.

Mientras la investigación judicial se concreta, la SEPI está licitando un contrato para implementar un modelo de liderazgo entre sus trabajadores. Se trata de un segundo intento. Porque en enero de este año la SEPI ya licitó un contrato parecido en tres lotes diferenciados pero solo pudo adjudicar uno de ellos: una serie de conferencias de “alto impacto” por 10.164 euros. Conferencias para mejorar la “proactividad” y la “confianza” de su plantilla, que sirvieran también para “la apertura de ideas o cómo salir de la zona de confort”. Los otros dos lotes, dirigidos al personal directivo y resto de la plantilla, quedaron desiertos.

“A la vista de la evolución del citado modelo de liderazgo, se ha redefinido la formación necesaria que permita potenciar el desarrollo continuo de las competencias y adecuarla al proceso de cambio y modernización en el que se encuentra la SEPI”, señala ahora la memoria justificativa de este nuevo contrato, valorado en 96.200 euros. Esta nueva formación se dividen en tres bloques. E primero está “dirigido a algunas de las competencias del modelo de liderazgo”: formación en comunicación y presentaciones; formación en colaboración y trabajo en equipo, y talleres en competencias de liderazgo.

El segundo bloque persigue la “interiorización de los valores corporativos de SEPI”, que la empresa pública cree que con hora y media de formación es suficiente. Por último está el tercer bloque, “la difusión y aplicación del modelo de liderazgo entre los distintos colectivos de la organización”, que consiste en la formación de líderes con experiencia consolidada en la gestión de equipos y la formación de personas con potencial. Este bloque está dirigido a perfiles jeráquicos de la SEPI con experiencia consolidada, que lleven tres años en el cargo y que tengan personal a su cargo. En la SEPI y sus empresas asociadas trabajan 87.100 personas.

Ética profesional

La SEPI recuerda en los pliegos del contrato que uno de los objetivo de esta nueva formación es “actuar con ética profesional e integridad pública, y promover la integridad pública en la organización y en los equipos”. La verdad es que la SEPI no pasa por su mejor momento reputacional. El mayor conglomerado societario del Estado está salpicado en varios sumarios judiciales: el que tiene imputado a José Luis Rodríguez Zapatero y el que se ha bautizado como ‘caso Leire’ por los tejemanejes de la ‘fontanera’ socialista. Los tres último presidentes de la SEPI, todos bajo mandato de Pedro Sánchez en el Gobierno, están imputados en estos momentos. La actual presidenta tiene un salario de 258.785 euros brutos anuales.

Junto a ellos, una veintena de altos cargos completan una telaraña penal que compromete ayudas públicas por más de 760 millones de euros, además de otros presuntos pelotazos económicos que se intentaron cerrar con ayuda de estos cargos de la SEPI. Bajo la tutela directa del Ministerio de Hacienda, este gigante gestiona el patrimonio estratégico del Estado en corporaciones de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia, Correos, Tragsa o Enusa (la empresa de la energía nuclear). La SEPI también gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado tras la pandemia.

Uno de los ex presidentes de la SEPI, Vicente Fernández, está señalado como parte de un trío (que completaban Leire Díez y el empresario Antxón Alonso) que llegó a conformar un grupo capaz de moldear voluntades públicas dentro de la SEPI a favor de intereses privados. Todo a cambio de comisiones. A Fernández le sustituyó en la SEPI Bartolomé Lora, que hoy sigue como vicepresidente. Está imputado en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por prevaricación administrativa por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa. Los rescates de otra aerolínea, como Plus Ultra, o de las empresas Tubos Reunidos y Duro Felguera, también salpican judicialmente a directivos de la SEPI.

Los sumarios judiciales infectan a muchas filiales de la SEPI. En Mercasa (tiene el 51%), Anticorrupción investiga adjudicaciones a dedo a una de las empresas de la trama de Leire Díez para justificar una mudanza de sede con valoraciones infladas. En Enusa (60%) se investiga si la trama intentó favorecer a la constructora Acciona a cambio de negocios de residuos en Melilla y Castellón. En Asturias, el foco está en un contrato de 2,85 millones para desmantelar un parque empresarial, contrato que se llevó una empresa navarra a cambio de comisiones. Para ello, la trama llegó a utilizar la marca del Fútbol Club Barcelona. Y en Forestalia, la Fiscalía sigue la pista de 17,32 millones públicos.