
España se convertirá en menos de dos décadas en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mayor proporción de su Producto Interior Bruto (PIB) dedicará a pagar las pensiones, según recoge el informe Panorama de las Pensiones 2025, publicado por el organismo.
España destina ahora el 13,7% de su PIB a sufragar la nómina del sistema público de pensiones, el tercer porcentaje más alto de los 32 países analizados en el informe. Este porcentaje subirá hasta 16,9% en 2045, lo que situará a España en el primer puesto del ranking.
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El gasto seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo del 17,3% en 2050, para luego moderarse ligeramente en 2055, hasta el 17,2%, y volver al 16,9% en 2060. En todo el periodo analizado, España se mantendría como el país con mayor esfuerzo económico relativo para sostener las pensiones públicas.
Por lo que se refiere al conjunto de los 32 países pertenecientes a la OCDE recogidos en el informe, el porcentaje del PIB destinado a las pensiones pasará del 9% en 2025 al 9,9% en 2045. En 2050 será del 10% y el 10,3% en 2060. En cuanto al ranking por países, para el final del horizonte de proyecciones en 2060, por detrás del 16,9% del PIB estimado para España se situarán Bélgica, con un 15,4%; Austria, con un 14%; e Italia, con un 13,7%.
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La OCDE advierte que en España la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas décadas si no se llevan a cabo nuevas reformas, y ello, a pesar de las elevadas cotizaciones. El organismo recoge las proyecciones de la AIReF que apuntan a que, con la normativa actual, el gasto en pensiones aumentará 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, lo que generará un déficit de financiación persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos que no están provisionados actualmente.
Una población envejecida disparará el gasto en pensiones
A nivel global, la OCDE incide en que el envejecimiento demográfico, provocado por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, seguirá incrementando la presión fiscal sobre los sistemas de pensiones, en un momento de alta deuda pública y de demandas de gasto contrapuestas.
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La población del conjunto de la OCDE envejecerá rápidamente en los próximos 25 años, recoge el informe, y en 2050 habrá 52 personas de 65 años o más por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, frente a las 33 en 2025 y solo 22 en 2000. Advierte que este aumento para 2050 “es especialmente acusado en Corea, de casi 50 puntos, así como en España, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, donde supera los 25 puntos”.
Estima que la población en edad de trabajar de entre 20 y 64 años se reduzca un 30% durante los próximos 40 años en España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y República Eslovaca. En tanto que Colombia, Costa Rica, Francia y España son actualmente los únicos países de la OCDE que utilizan menos de 35 años para calcular el salario de referencia de sus pensiones de beneficios definidos.
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“El envejecimiento de la población es un desafío estructural clave para los países de la OCDE, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales”, ha subrayado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ya que se estima que la población en edad de trabajar disminuirá un 13% en los próximos 40 años y, como consecuencia, el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060, “lo que ejercerá una presión a la baja sobre los ingresos públicos, mientras que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento”.
“Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral”, ha señalado Cormann, que recomienda a los países aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la seguridad económica en la vejez y un crecimiento económico sólido.
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España mejora en conciliación
La OCDE reconoce que en 2025, España ha flexibilizado las normas para la conciliación de la vida laboral y la pensión, ya que previamente la conciliación solo era posible para personas con una trayectoria laboral completa (36,5 años en 2024) que aplazaran su cobro al menos un año más allá de la edad legal de jubilación.
Incide en que tras la reforma implementada, la conciliación está abierta a cualquier persona con derecho a pensión, independientemente de su trayectoria laboral completa, aunque señala que sigue siendo necesario aplazar previamente la percepción de la pensión durante al menos un año, aunque ahora se abona una bonificación por aplazamiento.
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