Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se opuso inicialmente al rescate público de Tubos Reunidos por motivos medioambientales. Así lo sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, en el que analiza las gestiones realizadas alrededor de la ayuda de 112,8 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la siderúrgica vasca en 2021.

Según la investigación, la entonces secretaria de Estado de Energía fue una de las voces que planteó objeciones cuando el expediente llegó al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano encargado de evaluar y aprobar este tipo de ayudas. Aquellas reservas habrían contribuido a dificultar la aprobación de la operación en una fase decisiva de su tramitación, antes de que finalmente recibiera el visto bueno apenas unas semanas después.

El episodio aparece recogido en el atestado que la Guardia Civil ha elaborado sobre las actuaciones desarrolladas en torno al rescate de Tubos Reunidos y el papel que habrían desempeñado distintas personas vinculadas a la compañía y a la SEPI durante el proceso. Los investigadores sostienen que la operación estuvo caracterizada por una intensa actividad de contactos y gestiones políticas cuando comenzaron a surgir obstáculos dentro de los órganos encargados de decidir sobre la ayuda.

Las dudas afloran en el momento decisivo

Tubos Reunidos había presentado su solicitud de apoyo público en noviembre de 2020, en plena crisis derivada de la pandemia. Como ocurrió con otras compañías estratégicas, el expediente fue sometido a un largo proceso de análisis por parte de la SEPI, que incluyó informes jurídicos y financieros externos, la evaluación del plan de viabilidad de la empresa y distintos estudios sobre su relevancia económica e industrial.

Tras superar esas fases previas, la operación llegó al Consejo Gestor del FASEE, el órgano interministerial responsable de decidir si una empresa podía acceder o no a las ayudas financiadas con cargo al fondo creado por el Gobierno para sostener compañías consideradas estratégicas.

En julio de 2021 ese Consejo Gestor estaba integrado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria, Raúl Blanco; y la entonces secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

Según la reconstrucción realizada por la UCO, cuando el expediente fue elevado por primera vez al Consejo Gestor afloraron dudas y objeciones que impidieron cerrar definitivamente la operación.

La Guardia Civil sitúa el origen de parte de esas reservas en el área de Energía. De acuerdo con el informe, Miguel Ángel Figueroa, director de Participadas de la SEPI y responsable de la tramitación del expediente, transmitió posteriormente a Vicente Fernández Guerrero —expresidente de la propia SEPI y uno de los protagonistas de la investigación— que Sara Aagesen se oponía al rescate. Los investigadores añaden que esa posición respondía “aparentemente por razones ecológicas”.

El atestado sostiene además que esa postura habría sido trasladada dentro del Consejo Gestor a través de Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda y miembro también del órgano encargado de decidir sobre la ayuda.

La preocupación por un posible bloqueo

Las objeciones surgidas durante aquella fase generaron inquietud entre quienes trabajaban para sacar adelante el rescate. Según la investigación, Vicente Fernández mantenía una relación fluida con varios responsables de la SEPI pese a haber abandonado oficialmente la presidencia de la entidad en octubre de 2019. De hecho, la UCO sostiene que el exdirigente seguía teniendo acceso a información interna sobre distintos expedientes y que utilizaba esos contactos para conocer la evolución de los procedimientos que afectaban a empresas como Tubos Reunidos.

Fue precisamente a través de esos canales, según los investigadores, como tuvo conocimiento de las dificultades que atravesaba la operación dentro del Consejo Gestor.

La reacción fue inmediata. El informe recoge que Fernández inició una serie de movimientos para conocer la posición de actores políticos con capacidad de influencia sobre el proceso. Entre ellos figuraba el Partido Nacionalista Vasco.

La Guardia Civil destaca varios mensajes intercambiados en aquellas fechas en los que Fernández pidió a Joseba Antxón Alonso que averiguara cuál era la posición del PNV respecto al rescate de Tubos Reunidos. En una de esas conversaciones, incorporada al atestado, le preguntó directamente: “Antton, puedes enterarte qué opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos?”.

Para los investigadores, aquellas gestiones estaban relacionadas con la necesidad de desbloquear una operación que todavía no contaba con el respaldo suficiente para superar el trámite del Consejo Gestor.

La aprobación llegó semanas después

Pese a las reservas detectadas en junio, el escenario cambió en cuestión de semanas. El informe recoge que el expediente volvió a ser elevado al Consejo Gestor el 13 de julio de 2021. En esa ocasión la operación fue aprobada y pudo continuar su tramitación hasta recibir posteriormente la autorización definitiva del Consejo de Ministros.

La UCO incorpora incluso conversaciones mantenidas después de aquella decisión en las que algunos de los implicados atribuían parte del desenlace favorable a las gestiones realizadas durante las semanas anteriores. En uno de los mensajes analizados por los investigadores se afirmaba que la aprobación del rescate apenas unos días después de determinados contactos políticos no era una casualidad. La ayuda acabó materializándose por un importe total de 112,8 millones de euros, convirtiéndose en uno de los mayores rescates empresariales aprobados durante aquel periodo.