Qué es Tubos Reunidos, la histórica empresa vasca que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’

La investigación judicial sobre la presunta trama de influencias vinculada a Leire Díez ha colocado en primera línea a una empresa que, hasta ahora, era conocida sobre todo en los círculos industriales y financieros: Tubos Reunidos. La histórica compañía vasca, especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura, ha visto cómo su nombre regresaba a la actualidad después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara este jueves sus instalaciones por orden de la Audiencia Nacional dentro de una pieza secreta del denominado ‘caso Leire Díez’.

El interés de los investigadores se centra en una operación concreta: el rescate de 112,8 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó para la compañía en julio de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno durante la pandemia para evitar la caída de empresas consideradas estratégicas para la economía española.

La cuestión que trata de aclarar ahora la UCO no es únicamente cómo se concedió aquella ayuda pública, sino también qué papel desempeñaron determinadas personas durante el proceso y si existieron intermediaciones remuneradas o gestiones de influencia realizadas en torno a la operación.

Una histórica empresa industrial golpeada por la crisis

Para entender por qué Tubos Reunidos es relevante en esta investigación conviene empezar por explicar qué es exactamente esta compañía. Fundada hace más de un siglo y con raíces profundamente ligadas al tejido industrial vasco, Tubos Reunidos se dedica a la fabricación de tubos de acero sin soldadura, un producto altamente especializado que se utiliza principalmente en sectores como el petróleo y el gas, la petroquímica, la generación eléctrica o determinadas infraestructuras industriales.

Su actividad depende en gran medida de la evolución de los mercados energéticos internacionales. Cuando las inversiones en petróleo, gas o energía crecen, la demanda de este tipo de productos suele aumentar. Cuando esos mercados se frenan, compañías como Tubos Reunidos sufren de forma directa el impacto.

Durante años, la empresa tuvo que lidiar con una combinación de factores adversos: la volatilidad de los precios energéticos, la competencia internacional, los aranceles en algunos mercados clave y una situación financiera cada vez más exigente. La llegada de la pandemia agravó todavía más ese escenario.

En ese contexto, la compañía solicitó apoyo al fondo de rescate gestionado por la SEPI, un instrumento creado específicamente para sostener empresas consideradas viables pero afectadas por una situación excepcional.

Tras analizar la operación, la sociedad pública aprobó en julio de 2021 una ayuda de 112,8 millones de euros. El argumento oficial era que Tubos Reunidos representaba un activo estratégico por su capacidad industrial, su peso en el empleo y su relevancia exportadora.

Aquella decisión permitió a la empresa ganar tiempo y evitar un escenario mucho más complicado. Sin embargo, años después, el rescate ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos que examina la Audiencia Nacional.

La primera línea de investigación: cómo se consiguió el rescate

Según la documentación policial a la que ha tenido acceso Infobae, la UCO considera que existe una primera operativa relacionada con la concesión de la ayuda pública de 2021. Los investigadores sitúan en el centro de esa actividad al denominado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Joseba Antxón Alonso.

De acuerdo con el sumario, los indicios recopilados apuntan a que este grupo habría realizado gestiones destinadas a favorecer la aprobación del rescate cuando el expediente atravesaba momentos de dificultad. La Guardia Civil sostiene que, por esas actuaciones, se habrían percibido 114.950 euros a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

La investigación recoge además que, en un momento en que la operación se encontraba bloqueada, Leire Díez y Vicente Fernández habrían planteado recurrir a Santos Cerdán y a Antxón Alonso para impulsar el proceso. Los agentes también mencionan una supuesta labor de intermediación con representantes del PNV, extremo que forma parte de las líneas de trabajo abiertas por los investigadores.

Por ahora, ninguna resolución judicial ha concluido que el rescate fuese ilegal ni que la concesión de los fondos públicos se produjera de manera irregular. Lo que existe es una investigación en marcha destinada a determinar si determinadas personas utilizaron su posición o sus contactos para influir en decisiones de organismos públicos.

La segunda operación: la deuda, los intereses y una reunión en Ferraz

La investigación no termina en el rescate. La UCO sostiene que años después de la concesión de la ayuda se puso en marcha una segunda operativa relacionada con la situación financiera de Tubos Reunidos. En concreto, los agentes investigan si entre 2024 y 2025 se realizaron gestiones para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses derivados de la deuda mantenida con la SEPI.

Es en este punto donde aparece uno de los episodios que más atención ha generado. Según el sumario, el 13 de noviembre de 2024 se celebró una reunión en el despacho que Santos Cerdán ocupaba como secretario de Organización del PSOE en la sede de Ferraz. En ese encuentro habrían participado el propio Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos.

Para los investigadores, aquella reunión podría estar relacionada con las gestiones desarrolladas para intentar modificar las condiciones de pago asociadas al rescate público. La UCO añade además que Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos en relación con esa operativa.

La documentación conocida hasta el momento no aclara si el aplazamiento investigado llegó finalmente a materializarse. Tampoco se ha hecho pública información detallada sobre la evolución de las obligaciones financieras de la empresa con la SEPI tras la concesión de la ayuda.

Por qué la Guardia Civil ha registrado ahora Tubos Reunidos

El registro practicado este jueves responde precisamente a la necesidad de verificar documentalmente todas esas actuaciones. Los investigadores buscan contratos, correos electrónicos, informes internos, documentación financiera y cualquier otra prueba que permita reconstruir qué gestiones se realizaron, quién intervino en ellas y qué contraprestaciones económicas pudieron existir.

La empresa se ha convertido así en una pieza relevante dentro de una investigación mucho más amplia que analiza las relaciones entre responsables políticos, organismos públicos, empresarios e intermediarios en operaciones de gran volumen económico.

La UCO trata de determinar si detrás de determinadas decisiones existió una actividad legítima de asesoramiento y representación de intereses o si, por el contrario, algunas de esas actuaciones pudieron responder a una estructura de influencia organizada alrededor de organismos estratégicos del Estado.

Por eso, aunque Tubos Reunidos es formalmente una compañía industrial dedicada a fabricar tubos de acero, hoy su nombre aparece ligado a uno de los capítulos más sensibles de la investigación sobre Leire Díez, Santos Cerdán y las presuntas redes de intermediación que, según las sospechas policiales, habrían operado en torno a rescates públicos, contratos y decisiones económicas de gran relevancia.