
A partir de este lunes, quienes deseen obtener la Tarjeta de Transporte Público (TTP) de la Comunidad de Madrid, conocida como el abono mensual, deberán estar empadronados en Madrid o en alguno de los municipios incluidos en las zonas tarifarias E1 y E2.
La nueva exigencia, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), llega en medio del debate de la ‘prioridad nacional’ que defiende Vox para el reparto de ayudas públicas y a la que también se ha sumado el PP en las autonomías donde forma gobierno con el partido de Santiago Abascal. La medida no solo excluye a personas extranjeras en situación administrativa irregular, sino que también afecta a numerosos trabajadores que residen en otras comunidades pero desarrollan su actividad laboral en Madrid.
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Aunque en principio la medida también afectaba a estudiantes provenientes de otras provincias o países, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que su gobierno permitirá a los estudiantes no empadronados utilizar el abono transporte. La líder popular ha prometido que se promoverán convenios con las comunidades autónomas “para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”. Estos acuerdos ya existen con Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues algunos de sus territorios entran dentro de las zonas tarifarias del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes ya ha publicado en su web la lista de municipios donde se aplicará la medida, de forma que los usuarios que no estén empadronados en esas localidades no podrán obtener ni renovar la tarjeta, tampoco en caso de extravío.
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Para acreditar la residencia, será necesario presentar un certificado de empadronamiento o autorizar su consulta. La Consejería de Transportes remarca que esta medida no supone una novedad, sino que cumple lo dispuesto por la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que reserva las bonificaciones financiadas con fondos públicos a los residentes de Madrid o de comunidades con convenio.
Fuentes de la Consejería de Transportes de Madrid han asegurado que la medida “no introduce ninguna novedad”, sino que aplica lo que ya establece la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de Madrid o de las comunidades con convenios, según informa Efe.
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“Es el momento adecuado para aplicar la medida”
La implantación de este requisito, asegura la consejería, se había retrasado por motivos tecnológicos y por el impacto de la pandemia. “Hoy, con el sistema plenamente consolidado, es el momento adecuado para aplicarla”, añaden esas mismas fuentes, que han recordado que el 94% de la financiación del transporte público recae sobre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños.
Según la administración, la medida solo afectará a un 3,4% de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo: quienes ya poseen el abono podrán conservarlo en las mismas condiciones.
Los convenios con Castilla-La Mancha y Castilla y León se mantienen, así como alternativas de transporte subvencionadas para no residentes y excepciones para familias numerosas.
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Más Madrid pide que se retire
Por su parte, Más Madrid ha exigido la retirada del requisito del empadronamiento para el abono transporte y ha acusado al Ejecutivo de Ayuso de “usar la burocracia para excluir y hacer la vida más difícil” a miles de trabajadores, según informa Europa Press.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también ha reprochado que la medida afectará “a miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentran trabas de todo tipo para empadronarse en la Comunidad de Madrid”.
(Con información de agencias)
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