El 93% de las 529 agresiones a funcionarios de prisiones en 2025 fueron leves o sin lesiones

Instituciones Penitenciarias registró durante 2025 un total de 529 agresiones a los funcionarios que trabajan en las cárceles adscritas a la Administración del Estado, de las que el 93% fueron calificadas de leves o sin lesiones, y sólo siete como graves, incluyendo un caso muy grave.

Así consta en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la secretaría general dependiente del Ministerio del Interior recuerda que desde el año 2022 la estadística recoge, al margen de su resultado lesivo, agresiones tales como empujones, lanzamiento de líquidos u objetos o escupitajos.

El Gobierno sostiene que este es el motivo por el que, a partir de 2022, ha habido un incremento de las agresiones, que pasaron de 176 en 2020 y 159 en 2021 a un progresivo aumento, hasta alcanzar las 529 agresiones en 2025.

En respuesta a Vox, Instituciones Penitenciarias indica que ha puesto a disposición de los profesionales penitenciarios "elementos de protección personal e intervención adecuados".

También traslada pautas y recomendaciones como "poner especial énfasis en la importancia de la observación y el conocimiento de la población reclusa", especialmente de los que "denotan una mayor agresividad".

ACUERDO SOBRE AGENTES DE AUTORIDAD

En su iniciativa, Vox pedía garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, algo que volvió a repetir el pasado jueves en el debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputado que aprobó el informe de la ponencia para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 que reconocerá como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Atendiendo a las demandas de los sindicatos, la ponencia establece que los funcionarios de prisiones reciban indemnización por daños personales o materiales, así como que tengan presunción de veracidad, formación específica teórica y práctica obligatoria y garantías de seguridad como personal laboral.

Tanto el PSOE como el PP han mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado a partir de la proposición registrada por los socialistas, ya que cumplen con una reivindicación histórica de los trabajadores penitenciarios y tiene el respaldo mayoritario de los grupos, a excepción de ERC, que ha avisado del riesgo de "exceso de poder" tras "ceder ante planteamientos de la extrema derecha".