España encara la campaña de incendios con peores cifras que en 2025, el año más devastador del siglo: “No basta con apagar, hay que evitar que empiecen”

Greenpeace recuerda que la mayoría de los fuegos tienen origen humano y requieren intervenciones en el territorio, inversión en investigación y una respuesta coordinada entre las administraciones

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Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, el 6 de abril de este año en Ribadetea, Pontevedra. (Elena Fernández/Europa Press)
Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, el 6 de abril de este año en Ribadetea, Pontevedra. (Elena Fernández/Europa Press)

A pocas horas de que este 1 de junio comience la campaña estatal contra incendios forestales, de momento los datos de los primeros cinco meses del año presentan un peor balance que el registrado en el mismo periodo de 2025, y eso que este se convirtió en el año con los fuegos más voraces desde que hay registros en España, dejando un saldo de ocho fallecidos, 150.000 personas evacuadas o confinadas y más de 350.000 hectáreas arrasadas. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se produjeron 987 incendios que calcinaron 16.330 hectáreas, frente a los 662 siniestros y 7.227 hectáreas quemadas en esos cuatro meses de 2025. Tres de los fuegos de este año, además, se consideran grandes incendios al superar las 500 hectáreas afectadas.

En 2025, explica a Infobae la ingeniera forestal Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, la percepción del riesgo de incendios forestales fue baja durante los primeros meses. Las abundantes lluvias y la recuperación de los embalses generaron una sensación de tranquilidad, pero pronto se desvaneció con la llegada de las olas de calor. El aumento de la siniestralidad transformó el panorama y el año cerró como el peor en número de incendios del siglo XXI. En 2026, apunta Parrilla, “se repite la misma historia”.

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“Tras un periodo de lluvias, la preocupación baja, pero llega el calor y ya tenemos que lamentar un incendio en el Parque Nacional de Doñana, con unas 400 hectáreas afectadas, además de otros de menor extensión que no han trascendido en los medios”, señala la experta. Aunque haya habido una temporada lluviosa, el riesgo de incendios se mantiene, advierte, tal y como indica un estudio reciente publicado en Nature Communications, que muestra que los años con incendios extremos no dependen únicamente de sequías prolongadas ni de la cantidad de lluvia caída en meses anteriores, “sino de condiciones meteorológicas extremas durante el mismo año”. Los datos de 2025 han confirmado esta conclusión.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que quedaron consumidas por el fuego (Fuente: Greenpeace).

Sin duda, el aumento de las temperaturas favorece la propagación de los incendios, pero en el 95% de los casos, recuerda Parrilla, su origen está relacionado con la acción humana. Entre las causas más frecuentes se encuentran negligencias, accidentes y fuegos intencionados vinculados a la quema de rastrojos o a la ampliación de pastos. Por eso “reducir estas conductas resulta fundamental, ya que la forma más eficaz de combatir los incendios es evitar que lleguen a producirse”, afirma.

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En este contexto, y coincidiendo con el arranque de la campaña de incendios forestales 2026, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presentó este jueves el IPIF, un nuevo índice de peligro de incendios forestales que permite identificar con mayor precisión y menos errores las situaciones de riesgo muy alto o extremo. Este sistema, que sustituye al anterior baremo meteorológico, incorpora nuevas variables como el estado de la vegetación, la humedad del suelo y los tipos de superficie, además de factores clave como temperatura, humedad, viento y precipitaciones recientes.

Un problema estructural

Todo ello responde a una realidad cada vez más compleja: los incendios forestales han dejado de ser un problema estacional para convertirse en “una crisis estructural, impulsada por el cambio climático, las olas de calor y el abandono rural”, sostiene Parrilla.

Y, aunque en general hay menos incendios que en el pasado, ahora son mucho más destructivos y afectan grandes extensiones, con graves daños a los ecosistemas, suelos y biodiversidad, dificultando la regeneración natural durante décadas, añade la responsable de Greenpeace. También se agravan las consecuencias humanas, con víctimas mortales, evacuaciones y efectos negativos en la salud y la calidad del aire.

Un bombero trata de apagar un fuego en Anllarinos del Sil, León. (Xuan Cueto/Europa Press)
Un bombero trata de apagar un fuego en Anllarinos del Sil, León. (Xuan Cueto/Europa Press)

Parrilla considera que el reto principal ante los grandes incendios es priorizar la prevención sobre la extinción. “Es clave evitar las igniciones, ya que la mayoría de los fuegos tienen origen humano, y reducir las condiciones que favorecen su propagación”, destaca, y para lograrlo destaca la importancia de reforzar la sensibilización, mejorar la gestión forestal, apoyar al medio rural, así como promover una restauración ecológica rigurosa tras los incendios. También resulta fundamental una mejor coordinación entre las administraciones.

“Mejorar la planificación conjunta y la transparencia permitirá gestionar incendios más complejos y frenar la desinformación social. La prevención y la adaptación al cambio climático deben convertirse en una prioridad política y social”, sostiene Parrilla.

Retos de las comunidades autónomas

En cuanto a las comunidades autónomas, la experta considera que deben impulsar campañas preventivas para reducir negligencias y accidentes, así como promover iniciativas en el medio rural que regulen el uso del fuego con fines agrícolas y ganaderos, adaptándose al contexto del cambio climático. “Es fundamental reforzar los recursos destinados a la investigación de las causas de los incendios, aumentando la presencia de agentes forestales y brigadas especializadas, mejorando la inspección y el control de quemas, y actuando sobre conductas de riesgo en el entorno rural”.

También es prioritario, finaliza, que las autonomías avancen en la planificación preventiva y de emergencias exigida por la Ley de Montes y la Directriz Básica de Protección Civil, especialmente en aquellas con planificación deficiente.

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