La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Su nombre es El Garzo. Una gran finca de 2,4 millones de metros cuadrados situada a 23 kilómetros de la capital. Un pequeño pulmón verde que limita con el embalse de El Pardo por este y con la carretera de A Coruña por el oeste, a la altura del barrio de Las Matas, en el municipio de Las Rozas. Un trozo de naturaleza desconocido para el gran público y que muy pocos utilizan para pasear, correr, montar en bici o hacer una pequeña excursión hacia los arroyos que lo cruzan. Un paraje que en su época fue utilizado por el almirante Carrero Blanco para cazar. En una de sus sendas, junto a la laguna del Bosquillón, se puede descubrir un destartalado y abandonado vagón de madera color vino donde el presidente del Gobierno franquista se apostaba para disparar a las aves.

Hoy pertenece a la Comunidad de Madrid. La finca la gestiona desde hace relativamente poco el ente público Planifica Madrid (el antiguo Arpegio). La propiedad tiene un alto valor ecológico. Está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), integrado en la Red Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la naturaleza de la Unión Europea. También es ‘zona T’ del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es decir, actúa como paraje de protección y “transición” del monte de El Pardo, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. En su interior hay seis almacenes, un pequeño aparcamiento, un pinar de 32.000 metros cuadrados y zonas de cultivo que equivalen a 333 campos de fútbol.

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Debido a este alto nivel de protección medioambiental, la Comunidad de Madrid, que hace años intentó ponerla a la venta, sabe que es muy difícil que El Garzo pueda tener una salida en el mercado. Tampoco hay previsto ningún proyecto promovido por la Administración. En teoría, el grado de protección de ‘zona T’ del parque regional permite la práctica deportiva y recreativa. Planifica Madrid adjudicó en marzo de 2026 su seguridad a la empresa privada Ariete Seguridad, una firma que administra Silvia Cruz, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. El contrato, de 211.000 euros por un año, exige a Ariete la seguridad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

La finca El Garzo proviene de las cesiones de patrimonio que hizo el extinto Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cerrado en 1977, a la Comunidad de Madrid. Años después, el Gobierno regional sumaría 85 hectáreas más, por las que pagó 261.000 euros. En 2012, el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre intentó levantar en la mitad de los terrenos un proyecto faraónico para construir un gran campo de golf, la pasión deportiva de la entonces presidenta regional.

Pero las duras críticas de los partidos de la oposición (IU, PSOE y UPyD), el rechazo de las asociaciones ecologistas y el fracaso a la hora de buscar un inversor privado (al que se le reclamaban 35 millones de euros) hicieron que el proyecto acabara en el dique seco. Luego, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes encargó a finales de 2015 tasaciones para conocer el valor de los terrenos. Una los cifró en 6,5 millones de euros y otra en 7 millones.

Al ser terrenos protegidos, es casi imposible que un comprador privado pueda hacer nada en ellos. Así que la Comunidad de Madrid, con cuentagotas, hace pequeñas inversiones para mantener la finca. En febrero de este año, por ejemplo, se gastó 12.705 euros para el acondicionamiento paisajístico del entorno de la casa del guardia. Diversos estudios han confirmado la presencia de especies protegidas en peligro de extinción como el topillo de cabrera, que cuenta con varias colonias en la zona.

La finca también sirve de ecosistema para aves y reptiles, y es visitada y utilizada como comedero y cazadero por especies que anidan en El Pardo, como el buitre negro y el águila imperial ibérica. Su flora es también muy diversa: matorral mediterráneo, encinares, retamares, jarales, tomillares, praderas y retazos de bosques de ribera.