Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

El acceso de los ciudadanos a los servicios bancarios ha mejorado en España en los últimos años, especialmente para determinados colectivos en riesgo de exclusión financiera, como las personas mayores y la población rural. No obstante, persiste un problema de inclusión entre los inmigrantes en situación irregular debido a sus dificultades para acceder a cuentas bancarias de pago básicas.

Estas son las conclusiones del Informe de Inclusión Financiera 2025, elaborado por el Banco de España, que analiza la evolución de la accesibilidad a los servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población.

Los autores del estudio señalan que miles de inmigrantes que llegan a España sin papeles o que pierden su estatus legal por caducidad afrontan serias dificultades para abrir una cuenta bancaria, lo que perpetúa su exclusión económica y social y limita su acceso al empleo, a la vivienda y a servicios básicos.

Exclusión financiera, una trampa para la integración

De acuerdo con el Banco de España, solo entre el 10% y el 12% de los inmigrantes en situación irregular logra acceder a una cuenta bancaria de pago básica (CPB), la modalidad más elemental de bancarización. Esto significa que existe apenas una cuenta por cada ocho inmigrantes irregulares, una brecha que se ha ampliado en paralelo al crecimiento de este grupo en los últimos años.

La población inmigrante ‘sin papeles’ ha pasado de representar entre el 3% y el 5,5% de los extranjeros extracomunitarios en 2019, a alcanzar entre el 8,5% y el 11,8% en 2025. Según calculan los expertos de Funcas, el número de personas en esta situación oscilaba entre 614.000 y 838.000 al inicio de 2025, sin contar a los solicitantes de asilo, quienes también sufren trabas bancarias.

Las trabas financieras no solo afectan a quienes entran de forma irregular en el país, sino también a quienes ven caducar sus permisos y a solicitantes de asilo, quienes, pese a su estatus de residencia, enfrentan obstáculos derivados de exigencias de identificación no previstas en la normativa. Otras dificultades están relacionadas con la falta de información de estos ciudadanos, las limitaciones en la oferta de los bancos y los requisitos derivados de la normativa antiblanqueo.

Diversas organizaciones del tercer sector han trasladado al Banco de España y al Defensor del Pueblo la preocupación por la magnitud del problema. Los informes de estas entidades advierten que la falta de información y el escaso conocimiento de los empleados bancarios sobre los procedimientos de apertura de cuentas de pago básicas.

Solicitud de documentación no exigida por la normativa

Uno de los principales escollos identificados por el informe reside en la exigencia de documentación adicional no estipulada legalmente. Muchas entidades bancarias solicitan documentos de identificación que no se exigen por ley, especialmente a extranjeros en situación irregular o a solicitantes de asilo, lo que genera confusión y rechazo.

El informe incide en que el desconocimiento sobre el derecho a abrir una cuenta, tanto entre los potenciales clientes como entre los empleados de los bancos, limita la demanda y la capacidad de los inmigrantes para hacer valer sus derechos. Algunas entidades muestran poca disposición a ofrecer este producto, lo que contribuye a un círculo vicioso de exclusión.

El Defensor del Pueblo, en su informe sobre los retos de la inclusión financiera de 2024, alerta sobre la falta de cumplimiento efectivo de la obligación legal de las entidades de crédito de ofrecer cuentas básicas a quienes cumplen los requisitos.

En España, la ley obliga a todas las entidades de crédito a ofrecer cuentas de pago básicas, no solo a residentes legales, sino también a solicitantes de asilo y personas cuya expulsión sea inviable por motivos jurídicos o de hecho. No obstante, la aplicación restrictiva de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la interpretación estricta de los requisitos de identificación han dejado a miles de personas fuera del sistema financiero.

Medidas integradoras

Para paliar esta situación, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) actualizaron en 2025 los criterios de buenas prácticas para promover una interpretación más flexible de la normativa y minimizar las negativas a abrir cuentas a colectivos vulnerables. Estas directrices buscan que las entidades analicen cada caso concreto y reduzcan el margen de discrecionalidad.

Aun así, la proporción de cuentas básicas cubre menos del 10% de las necesidades de bancarización de los inmigrantes irregulares, señala el informe.

Productos alternativos, una solución parcial

Frente a la resistencia de la banca a abrir cuentas a los inmigrantes irregulares, algunas entidades financieras han comenzado a desarrollar productos alternativos, como cuentas transitorias de operativa limitada, dirigidas especialmente a inmigrantes procedentes de países considerados de mayor riesgo.

Estas cuentas permiten sortear parte de los riesgos regulatorios y han sido señaladas como una práctica prometedora por el Banco de España, aunque su alcance sigue siendo muy limitado.

Ante este problema, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de potenciar la información, la formación financiera y la reducción de trabas administrativas como medidas indispensables para avanzar en la inclusión.

La experiencia de muchas personas migrantes muestra que, sin una cuenta bancaria, la integración social y laboral se vuelve casi imposible. La posibilidad de recibir salarios, pagar alquileres o domiciliar recibos depende de un acceso que, para cientos de miles de personas, sigue siendo una meta lejana.