Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

Casi dos de cada tres trabajadoras del sector no tienen casa propia y destinan el 40% de sus ingresos a la vivienda, según Oxfam Intermón

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Una mujer que trabaja como empleada del hogar limpia en una vivienda.
Una empleada de hogar limpia el suelo de una vivienda con una fregona (Ricardo Rubio / Europa Press)

Llegar a la jubilación con una pensión baja ya es un problema. Hacerlo sin una vivienda en propiedad puede convertir esa etapa en una trampa de pobreza. Las trabajadoras de hogar y cuidados que acceden a una pensión contributiva cobran de media unos 710 euros mensuales tras aplicar el complemento de mínimos, una cuantía que no cubre ni el 40% del gasto medio anual de una persona mayor que vive sola en España, según el informe Toda una vida cuidando, publicado por Oxfam Intermón.

El dato adquiere otra dimensión al cruzarlo con la vivienda. Entre las empleadas de hogar mayores de 55 años encuestadas por la organización, casi el 65% vive de alquiler y solo el 12,65% tiene una casa en propiedad. La consecuencia es clara: una pensión insuficiente pesa mucho más cuando cada mes hay que reservar una parte importante de los ingresos para pagar un techo.

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Una pensión que no alcanza para vivir sola

El informe estima que el 45,9% de las trabajadoras de hogar y cuidados accedería a una pensión contributiva, pero incluso en ese escenario, el más favorable, las cuantías son muy bajas. Antes de aplicar complementos, la pensión media reconocida en 2024 fue de 473,56 euros mensuales, aproximadamente la mitad de la que perciben las mujeres jubiladas del resto de sectores y tres veces menos que la de los hombres.

El complemento de mínimos corrige solo una parte de esa brecha. Casi una de cada dos pensiones contributivas de trabajadoras del hogar necesita este refuerzo, el doble que entre las mujeres del resto de sectores. Con ese complemento incluido, la pensión media apenas alcanza los 710 euros, muy lejos de los 1.192 euros de media del conjunto de mujeres jubiladas y de los 1.699,35 euros de los hombres.

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Para quienes no cumplen los requisitos de cotización, la pensión no contributiva tampoco garantiza una vida autónoma. Su cuantía media fue de 517,90 euros mensuales en 2024, una cantidad que, según la ONG, solo cubriría el 32,8% del gasto medio anual de un hogar unipersonal formado por una persona mayor de 65 años. Con ese dinero, pagar alquiler, suministros, alimentación y cuidados se convierte en una ecuación casi imposible.

El alquiler se come el 40% de sus ingresos

El problema no empieza al cumplir la edad legal de jubilación. Ya antes, muchas trabajadoras viven con ingresos muy ajustados. Las mayores de 55 años encuestadas por Oxfam Intermón ingresan de media unos 940 euros al mes, por debajo del salario mínimo interprofesional y del umbral de la pobreza.

La vivienda es el principal agujero de esas rentas. Las trabajadoras que pagan alquiler o hipoteca destinan de media 380,12 euros mensuales, el 40,5% de sus ingresos, a este gasto. El porcentaje supera el umbral del 30% que el Banco de España utiliza en sus análisis sobre esfuerzo financiero asociado a la vivienda. El organismo ha advertido de que los hogares sin deudas que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler reducen de forma significativa otros consumos.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

No tener casa propia agrava la vejez

La precariedad residencial tampoco se reparte por igual. El informe señala que las trabajadoras españolas o procedentes de otros países de la Unión Europea tienen vivienda en propiedad casi ocho veces más que las nacidas fuera de la UE: 46,85% frente al 6,37%. Entre estas últimas, casi tres de cada cuatro viven de alquiler.

La diferencia condiciona por completo la vejez. Tener una vivienda pagada, heredada o compartida con familiares reduce la presión de una pensión baja. No tenerla obliga a seguir pagando una renta, compartir piso, alquilar habitaciones o depender de redes familiares que no siempre existen. Por eso, según el informe, el 78,3% de las trabajadoras mayores de 55 años encuestadas ve probable seguir trabajando ‘en negro’ después de jubilarse.

En el caso de las trabajadoras migrantes, la situación es aún más frágil: muchas arrastran años de trabajo sin contrato, empleos por horas y periodos sin cotizar, lo que reduce sus opciones de llegar a una pensión suficiente.

Sin colchón para afrontar imprevistos

El margen económico es tan estrecho que cualquier gasto inesperado puede desestabilizarlo todo. Más del 87% de las trabajadoras mayores de 55 años encuestadas declara que no podría afrontar un imprevisto superior a 600 euros. Además, el 50% ha tenido que recurrir a alguna forma de endeudamiento y el 46,15% ha solicitado ayuda económica a familiares, instituciones o entidades sociales para llegar a fin de mes.

Las renuncias cotidianas muestran hasta dónde llega esa falta de ahorro. Casi todas reducen gastos en alimentación, ropa y ocio; más del 88% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y más de siete de cada diez han dejado de ir al dentista por falta de recursos.

El informe advierte de que esta fragilidad deja a muchas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad residencial persistente, con riesgo de exclusión, convivencia forzada en habitaciones compartidas y falta de alternativas estables para la vejez.

Vivienda pública para quienes han sostenido los cuidados

Oxfam Intermón reclama que las políticas públicas tengan en cuenta esta realidad y no traten la jubilación de las trabajadoras de hogar solo como un problema de pensiones. Entre sus recomendaciones, plantea garantizar el acceso a una vivienda digna, estable y asequible para las mayores de 55 años del sector, así como priorizarlas en cupos de vivienda pública, alquiler social, viviendas adaptadas o modelos comunitarios para mujeres mayores.

La organización también pide medidas específicas para quienes han trabajado como internas o han vivido en situaciones de dependencia económica respecto a sus empleadores, sobre todo cuando la pérdida del empleo implica también la pérdida de la vivienda. Para estas trabajadoras, dejar de cuidar puede significar perder a la vez el salario, el techo y cualquier posibilidad real de retirarse con autonomía.

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