Tharima tiene 27 años y dejó Bangladesh en busca de mejores oportunidades en Europa. Su primer destino fue Dinamarca, donde inició sus estudios de Física en la Universidad, pero el alto costo de vida la obligó a abandonar el país nórdico y mudarse a España junto a su marido. Viven en Barcelona desde hace un año y medio sin papeles y en condiciones muy precarias: ella ha realizado jornadas de hasta 12 horas en una tienda de ropa por 500 euros, mientras que su marido trabaja como repartidor de comida de forma ocasional, por lo que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir lo básico. Ambos esperan que la regularización extraordinaria de migrantes que este martes aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros les abra la puerta a derechos básicos y una vida mejor.
La regularización permitirá a medio millón de migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo, si cumplen ciertos requisitos, como haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada y no tener antecedentes penales graves.
La falta de documentación expone a los migrantes a abusos y a situaciones de explotación como las que viven Tharima y su marido, que explican que recién llegados a Barcelona se encontraron con personas que les pidieron dinero por el empadronamiento, a pesar de que este trámite, esencial para acceder a cualquier servicio básico, es gratuito. También denuncian que les han llegado a ofrecer la posibilidad de comprar un contrato de trabajo por 10.000 euros.
“Estar en situación irregular es mucho peor de lo que imaginamos en un principio”, dice la joven en conversación con Infobae. Pero el mayor obstáculo al que se han enfrentado, asegura, es el acceso a la vivienda.
“Es muy difícil conseguir una habitación. Ahora compartimos un piso en el Raval de tres habitaciones con otras cinco personas, todas de Bangladesh, y nosotros pagamos 700 euros al mes por la nuestra”, explica Tharima, quien a pesar de llevar solo un año y medio en España, se expresa correctamente. “La vida aquí es muy complicada, pero España es el lugar con el que sueña mucha gente de mi país”, asegura. Ahora, embarazada de cuatro meses y sin trabajo, su situación se ha vuelto aún más precaria.
“Solo queremos trabajar para tener una vida mejor”
Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña correspondientes a 2025, en esta región viven algo más de 11.000 personas procedentes de Bangladesh, una cifra superior a la registrada en 2024 y que solo incluye a quienes están empadronados. De ese total, un 70% son hombres, y la mayoría de esta población vive en Barcelona. Entre los principales motivos de emigración de los bangladesíes figuran la precariedad económica, la inestabilidad política, la falta de oportunidades y los desastres naturales relacionados con el cambio climático.
“Nosotros solo queremos trabajar para poder tener una vida mejor y poder enviar dinero a nuestras familias allí”, afirma Tharima, que confía en que la regularización les aporte estabilidad.
Objeciones del Consejo de Estado
El pasado viernes, el Consejo de Estado presentó su informe con recomendaciones sobre el proceso y, aunque no cuestionó el contenido de la norma, solicitó detallar la justificación de ciertos requisitos, como la ausencia de antecedentes penales y la acreditación de vulnerabilidad. El órgano consultivo también señaló que no se pueden tener al mismo tiempo un permiso de asilo y uno por la nueva regularización.
Desde el movimiento Regularización Ya, el colectivo que ha luchado durante seis años para impulsar esta iniciativa, también esperan que, tras la aprobación del real decreto este martes, el proceso se publique en el Boletín Oficial del Estado lo antes posible. “Esperamos que desde el Gobierno se articulen todos los medios necesarios para garantizar que ninguna persona quede fuera de esta oportunidad histórica“, ha señalado la plataforma.
Las organizaciones sociales piden que el plazo para la presentación de solicitudes se amplíe más allá del 30 de junio, fecha inicialmente establecida, ya que consideran que un periodo de menos de tres meses es insuficiente debido a los problemas que ocasiona la falta de recursos, los trámites y el idioma.
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