El Gobierno ha recibido 549.595 solicitudes para la regularización de migrantes: se han admitido a trámite más de 91.000

Este viernes, el abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha informado al Tribunal Supremo de que hasta el 21 de mayo se han recibido 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes. Por el momento, 91.505 de estas peticiones han sido admitidas a trámite.

Estos datos han sido ofrecidos por el abogado del Estado para defender que la admisión a trámite de las solicitudes no se realiza de forma automática, sino que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional. Así, se produce solamente después de comprobar los documentos aportados para acreditar que se cumplen los requisitos esencial para acogerse a la medida extraordinaria.

Este viernes se celebran cinco vistas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —en una de ellas es en la que el abogado del Estado ha facilitado los datos— con el objetivo de estudiar si se paraliza o no de forma cautelar la regularización extraordinaria, como han solicitado, entre otros, la Comunidad de Madrid y Vox.

Durante la vista para estudiar una de las solicitudes, concretamente la de Asociación Libertad y Justicia, esta ha denunciado que el Real Decreto para la regularización ha sido aprobado “por la puerta de atrás” y “saltándose” la soberanía nacional, según su juicio.

El abogado del Estado, por su parte, ha cuestionado la legitimación de entidades como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica o la Asociación Libertad y Justicia para solicitar la suspensión cautelar de la medida extraordinaria, que entró en vigor el pasado 16 de abril.

El Tribunal Supremo estudia la paralización cautelar

Este viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo está celebrando sucesivamente las cinco vistas de los recurrentes a la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio: la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.

Ya en su momento, el Alto Tribunal rechazó una medida cautelarísima de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar el Real Decreto, ya que no consideró acreditada una especial urgencia para ello.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, señaló en un escrito remitido hace unos días al Tribunal Supremo que la paralización de la medida extraordinaria supondría una “afectación directa” sobre “los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”.

Las asociaciones recurrentes se apoyan en distintos argumentos para solicitar la paralización cautelar: una afectación grave a la prestación de servicios públicos sin mecanismos de financiación y de provisión de medios, así como de la seguridad, según la Comunidad de Madrid; un colapso del sistema, dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles, según Vox, o la carencia por parte del Gobierno de una base legal para la regularización general, según Hazte Oír.

La Abogacía del Estado niega tales argumentos, señalando que la medida extraordinaria no tendrá un impacto en los servicios públicos porque las personas que podrán acogerse a ella ya disfrutan de ellos. Además, defiende que la iniciativa permitirá el incremento de las cotizaciones sociales por la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral.

*Con información de EFE