Saiz asegura que ya se han asignado más de 150.000 citas para solicitar presencialmente la regularización de migrantes

Este 20 de mayo marca el primer mes desde que se abrió el plazo presencial para presentar las solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes, un periodo en el que se han asignado ya más de 150.000 citas a quienes quieren acogerse al proceso en alguna de las 446 oficinas habilitadas en todo el país. Así lo ha constatado este miércoles en el Congreso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido la medida como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, si bien este mes ha estado marcado por las trabas burocráticas en el acceso al certificado de vulnerabilidad y los antecedentes penales, lo que genera demoras.

“Solo queda mes y medio para finalizar el proceso: hay citas y tiempo disponible suficiente”, ha afirmado la ministra en el pleno de la Cámara Baja ante una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre las dificultades que están enfrentando muchas personas para acceder a la solicitud, entre ellas también la falta de citas, informa EFE. Saiz ha asegurado que la regularización permitirá que cientos de miles de personas obtener un permiso de residencia y trabajo para “acceder a una vida con derechos y obligaciones, aportando al desarrollo" del país.

Con el objetivo de que el proceso concluya con éxito, el Gobierno ha diseñado un dispositivo “a la altura del reto”, ha explicado, de forma que las solicitudes pueden presentarse telemáticamente con certificado digital o a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos. También, como novedad, pueden hacerlo a través de una de las casi 500 oenegés registradas como colaboradoras de Extranjería, que asesoran de forma gratuita a los solicitantes.

Barreras administrativas

Por su parte, Jon Iñarritu ha calificado la medida como “justa, lógica y beneficiosa”, pero advirtió sobre los obstáculos administrativos que enfrentan muchos solicitantes: falta de citas, notificaciones que no llegan, ayuntamientos que dificultan el acceso al padrón, problemas con los informes de vulnerabilidad y consulados saturados para obtener certificados de antecedentes penales.

El diputado ha instado al Gobierno a tomar medidas adicionales, como dialogar con Exteriores, los ayuntamientos o considerar una prórroga del plazo, previsto hasta el 30 de junio, para asegurar que todas las personas que cumplen los requisitos puedan acogerse a la regularización.

También las entidades sociales han pedido a Exteriores que tome medidas para agilizar el proceso e insisten en esa extensión del plazo del proceso, al considerar insuficientes estos dos meses y medio en los que se pueden presentar las solicitudes ante tantas demandas. De hecho, las organizaciones sociales están desempeñando un papel clave en este proceso.

Esta es la séptima vez que España impulsa un proceso de regularización extraordinaria de migrantes desde la llegada de la democracia, ya que tanto gobiernos del PSOE como del PP han puesto en marcha medidas similares en diferentes momentos, con el objetivo de dar respuesta a la situación de miles de personas en situación administrativa irregular.

(Con información de EFE)