La regularización de migrantes no va a colapsar la sanidad pública: “Nos va a beneficiar desde el punto de vista económico y de salud pública”

Esta semana ha comenzado el proceso de regularización de personas migrantes en España. Aprobado tras un acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos, se espera que este procedimiento extraordinario dé la residencia legal a unas 500.000 personas que entraron en el país antes del 31 de diciembre de 2025. El anuncio ha generado dudas y desinformación respecto a las consecuencias de la regularización, entre ellas los posibles efectos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso acusaba al Gobierno central de intentar “reventar los servicios públicos” de la capital, mientras que Vox ha lanzado una campaña de concienciación sobre las consecuencias de la “inmigración masiva”, en la que acusa a los extranjeros de “vaciar nuestras arcas públicas” y aumentar las listas de espera.

Lo cierto es que este medio millón de personas ya tenía derecho a la sanidad pública. La Ley General de Sanidad estableció en 1986 una sanidad pública, gratuita, de calidad y universal, un apelativo final que recuperó en 2018 y el Gobierno ha afianzado con un reciente real decreto de acceso universal para extranjeros en situación irregular.

Pese a estar reconocido de forma legal, el acceso de los migrantes irregulares a la sanidad pública nunca ha transcurrido de forma sencilla. Un reciente informe de la ONG Médicos del Mundo (MDM) certifica que cerca de 13.000 personas extranjeras se encontraron con barreras sanitarias en el año 2025. “Hasta ahora, la mayoría de las comunidades autónomas han hecho una interpretación restrictiva del reglamento”, explica Celia López, vocal de Igualdad de MDM.

Más pacientes para la atención primaria

La falta de papeles era uno de los principales impedimentos para que estas personas obtuvieran la tarjeta sanitaria. El real decreto de universalidad de 2018 exigía estar empadronado tres meses para poder acceder al SNS, pero lograr el reconocimiento local no era tan sencillo. “Las personas pueden estar en un alojamiento para el que no les faciliten el empadronamiento, porque son infraviviendas, y muchos ayuntamientos no utilizan la figura del empadronamiento social”, lamenta López.

Se sabe que los migrantes llegan al país con un excelente estado de salud, pero empeora con el tiempo debido a las condiciones laborales, sociales y de vivienda a las que se enfrentan. La barrera administrativa, unida al desconocimiento general del funcionamiento del sistema sanitario español, impedía que estas personas fuesen al médico para tratar sus patologías. A su vez, dificultaba la obtención de fármacos dispensados bajo prescripción médica. “Al no tener tarjeta sanitaria y no poder acceder al médico, no pueden comprar esas medicaciones, porque la farmacia no las vende sin receta”, indica López. También suponía un obstáculo para acceder a programas de prevención, como la vacunación infantil.

La regularización “va a suponer que tengan acceso a la tarjeta sanitaria y, por tanto, a la atención primaria de salud”, apunta López, un mayor control que ayudaría a controlar patologías leves y reduciría las visitas a urgencias. Así, más que un gasto, supone un ahorro para el presupuesto sanitario. “En vez de disminuir el gasto por no tener tarjeta sanitaria, se aumenta, porque esa persona va a tener que ser atendida en urgencias”, explica López. “Nuestra atención primaria va a prevenir y hacer que ese gasto en urgencias y hospitalizaciones sea mucho menor”, añade.

No es una ventaja únicamente monetaria, también sanitaria: permite controlar el estado de salud de una población que suele escaparse de los sistemas de vigilancia, previniendo el contagio y propagación de enfermedades. “Es una cuestión de derechos, pero también de salud pública”, apostilla López.

Eso sí, los migrantes entrarían a una atención primaria que muestra desde hace años síntomas de saturación. El último barómetro del CIS muestra que los españoles esperan de media 9,15 días para ver a su médico de cabecera y que un 24% de la población ni siquiera consigue una cita de atención primaria, un problema especialmente agravado en las zonas rurales por la falta de especialistas.

Pero la regularización no supone la entrada de 500.000 nuevos pacientes, sino una mayor protección a su derecho de atención sanitaria ya reconocido. De hecho, la experiencia española con anteriores regularizaciones extraordinarias evidencia que estos procesos no terminan con el colapso de los sistemas sanitarios. Estudios sobre el uso del sistema sanitario por parte de la población migrante, como el realizado por el doctor Luis Gimeno en 2021, muestran que la población extranjera regular acude menos a la sanidad pública: de media, visitan al médico de cabecera una media de 4,4 veces al año, frente a las 7,1 visitas anuales de una persona nacida en España.

Las regularizaciones tampoco generan un efecto llamada a la migración, desmiente López. “Los movimientos migratorios responden a factores estructurales que nada tienen que ver con el acceso sanitario. Responden más bien a conflictos, guerras, desigualdades socioeconómicas, falta de oportunidades laborales, inseguridad en los países de origen...”, defiende la portavoz.

Más ingresos para el sistema público

Además de un ahorro en gasto sanitario, su incorporación al mercado laboral supondrá también un aumento de los ingresos. “Van a poder tener un contrato de trabajo y van a contribuir plenamente a la sociedad, incluso en el sostenimiento del propio sistema sanitario a través de la recaudación de impuestos”, defiende López.

Los estudios de procesos de regularización previos indican que las personas migrantes generan mayores ingresos fiscales para el Estado de los que perciben en ayudas. La actual regularización permitiría un ingreso adicional de hasta 3.300 euros por persona, desmintiendo que su presencia represente una carga financiera para las finanzas públicas.

Quedará en manos de las administraciones si ese incremento en la recaudación se destina o no a los servicios de salud. “Recordemos que en Europa el gasto sanitario público en relación al PIB tiene una media del 10%; en España solo gastamos un 7-8%, según las estadísticas de 2024. Y ahí sí que estamos muy mal en cuanto a atención primaria, porque la Organización Mundial de la Salud dice que, de ese presupuesto sanitario, un 25% debería ir para atención primaria, pero nosotros estamos entre un 10-15%”, explica.

Más trabajadores en el SNS

No solo contribuirían a la recaudación fiscal, los migrantes también podrían sumarse a las plantillas de sanitarios del país. A fecha de 13 de marzo de 2026, el Ministerio de Universidades tenía pendientes unos 72.300 procesos de homologación y equivalencia de títulos universitarios de extranjeros. De ellos, el 47% correspondería a graduados de Medicina y el 20% a enfermeros, según la última encuesta del colectivo Homologación Justa Ya. De hecho, de las últimas 60.000 homologaciones aprobadas por el Gobierno, hasta 30.000 correspondían a médicos.

No obstante, estos trámites de equivalencia no reconocen la especialidad. Así, todos estos sanitarios tendrán que pasar por el MIR para poder ejercer de forma legal en el sistema público español. De lo contrario, solo podrían trabajar en los servicios privados. El acceso será complicado, pues tan solo el 10% de las plazas del MIR se reservan a médicos extracomunitarios.

“La regularización va a ayudar a muchísima gente a acceder al sistema sanitario, pero sobre todo nos va a beneficiar desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista económico”, concluye López.