
Dos agentes de la Guardia Civil que perseguían a una narcolancha en Huelva fallecieron este viernes cuando impactaron dos embarcaciones del cuerpo. Las naves que colisionaron fueron la patrullera Río Antas y una embarcación semirrígida, a unas 80 millas de la costa, según señalan fuentes cercanas.
La tragedia se ha producido pocos días después de que el Ministerio del Interior reanudase conversaciones con las asociaciones para reconocer a la Policía Nacional y al Instituto Armado como profesiones de alto riesgo. Este nuevo episodio que ha causado la muerte de dos agentes eleva la presión para alcanzar un acuerdo en esta dirección. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha explicado a Infobae que esperan que “a principios de 2027 esté completada” la inclusión de estos trabajos en esa consideración. Jucil, la organización más crítica con la gestión ministerial, aseguró este viernes que “que esto iba a ocurrir, lo sabíamos todos... Marlaska no puede estar ni un minuto más al frente de Interior”.
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Desde hace meses, agentes se han manifestado exigiendo la equiparación respecto a otros cuerpos como la Policía Local o la Ertzaintza, que bajo el “alto riesgo” tienen una ventaja a la hora de la jubilación, pues optan a ella de forma anticipada sin pérdida de poder adquisitivo como reconocimiento de su trabajo. Legalmente, no existe este concepto de ‘peligrosidad’, pero se tiende a transformar en ventajas en la jubilación.
El Tribunal Supremo ordenó en 2025 iniciar la regulación de la jubilación anticipada para agentes que ingresaron a partir de 2011 y están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. La sentencia exige que se equipare su acceso a esta condición con el de otros cuerpos policiales autonómicos y locales, corrigiendo así lo que considera una situación de desigualdad. Un año después se han reactivado los procesos.
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Demandas de asociaciones para el “alto riesgo”
“Detrás de cada operativo hay guardias civiles que salen a jugarse la vida para proteger nuestras costas y combatir el narcotráfico”, señalaron desde AUGC minutos después de conocer la noticia del viernes. La portavoz, Olaya Salardón, añadió que “esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la dureza que asumen muchas unidades de la Guardia Civil en su trabajo diario”, y expresó su respeto y apoyo a las familias y compañeros afectados.
AUGC ha contado a Infobae que la consideración de profesión de riesgo para los guardias civiles se encuentra en proceso de negociación en la Secretaría de Estado de Seguridad, con reuniones mensuales previstas. “Esperamos que el Ministerio del Interior cumpla con su compromiso para lograr una jubilación sin pérdida de poder adquisitivo”, ha subrayado la asociación, que calcula que el acuerdo podría completarse a principios de 2027.
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Esta no es la única tragedia reciente de este tipo. En febrero de 2024, dos guardias civiles fallecieron en Barbate. Más de un año después, el juicio sigue abierto. Aquel caso provocó una oleada de críticas contra el ministro Marlaska, entre otras cosas por la no inclusión de los agentes en la lista de jubilación anticipada. Desde entonces, las protestas se han ido incrementando, hasta que hace 10 días comenzaron las rondas de conversaciones.
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